Doñana: ni agua para los patos, ni agua para las fresas

El acuífero que alimenta el Parque Nacional no da más de sí. Y aunque hay otros factores, la agricultura intensiva que no ha dejado de crecer en los últimos años es la mayor amenaza
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Invernaderos de frutos rojos, en fincas ilegales junto al Parque Nacional de Doñana, que el plan del Gobierno andaluz podría amnistiar WWF

11 de abril de 2023 22:34 h

“La agricultura y la conservación de Doñana son compatibles, pero depende del uso. De hecho, tradicionalmente no ha habido problemas porque eran cultivos de bajo impacto como olivares, cereales o viñedos, pero ahora todo son invernaderos intensivos. El problema no es la agricultura, es el modelo de producción”. Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana (EBD), lo tiene claro: las cosas no pueden seguir así porque se camina hacia el colapso. Con pocas palabras dibuja cómo han evolucionado las cosas en las lindes del Parque Nacional (en su interior no se puede cultivar) y cómo la irrupción de los muy rentables frutos rojos revolucionó la economía y el paisaje agrario de la comarca a la vez que disparaba el consumo de unas aguas subterráneas que alimentan la vida en el entorno.

La Estación Biológica, dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), lleva años alertando de lo que al final ha ocurrido: el acuífero no da más de sí. Y aunque hay varios factores, la agricultura es la actividad, con mucha diferencia, que más presión ejerce. Si a esto le añadimos extracciones piratas para cultivos ilegales, obras sin hacer y una sequía terrible, el cuadro está completo y es dantesco. “Hay que hacer algo porque todo el mundo está perdiendo, Doñana y los agricultores”, apostilla el prestigioso biólogo e investigador Miguel Delibes, que durante 12 años también dirigió la Estación Biológica y que hoy preside el Consejo de Participación de Doñana.

Y es que el agua escasea hoy más que nunca en uno de los parajes más singulares y protegidos de Europa: no llueve y el acuífero que nutre a este gran espacio no da para más. Las lagunas –hasta las permanentes como la de Santa Olalla– se han secado y muchas aves han dejado de invernar aquí, un problema que ha saltado las lindes del Parque Nacional para embestir a los cultivos que se multiplican en su frontera. La cuestión es que si no hay agua para los animales, tampoco la hay para los invernaderos. Y esto ha hecho todavía más precario un equilibrio siempre delicado, un pulso por los recursos hídricos que desde hace años viene ganando la agricultura, aunque Revilla coincide con Delibes en que “los agricultores también están perdiendo, la situación actual es crítica e insostenible para Doñana pero también para ellos”. “Se ha producido una tormenta perfecta”, apostilla el viceconsejero andaluz de Medio Ambiente, Sergio Arjona, con el resultado de que “a las tensiones tradicionales del espacio por el agua se une una gran sequía”, y esto obliga a encontrar soluciones porque “no se entiende la protección ambiental de la zona sin la agricultura y al revés”.

Intereses políticos y económicos

Que las cosas no pueden seguir como hasta ahora lo dicen todos los actores sobre el terreno. Lo que está ocurriendo es el resultado de un cóctel al que no le falta un perejil y en el que hay inequívocas señales del cambio climático, como que el enclave sufre el periodo seco más prolongado desde 1970 y un aumento de temperaturas, pero también infraestructuras sin hacer, alertas científicas sin atender, disparates agrícolas y turísticos y una compleja mezcla de intereses políticos y económicos. El encargado de pagar esta factura es el corazón del parque, que no es otro que el acuífero que lo sostiene todo, sometido a una presión que dificulta su recuperación y que en 2021 llevó a una contundente condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España por no protegerlo. De hecho, un año antes se habían declarado en riesgo tres de las cinco grandes masas de agua que lo conforman.

Un territorio sin tocar hasta el siglo veinte

En la lucha por el agua, la mayor parte de la tarta (y con mucha diferencia) se la lleva la agricultura, una actividad que siempre ha estado presente en la zona aunque históricamente no ha sido muy intensa. Una propiedad latifundista de la tierra que no se esmeró en su explotación, su aislamiento como coto de caza para la aristocracia y la presencia de malaria asociada a los humedales ayudaron a que el espacio no se transformase en exceso, hasta que en las primeras décadas del siglo XX el Gobierno decidió desecar por completo las marismas para ganar terrenos de cultivo, una operación inspirada en la que se había hecho en Francia con las Landas. Para ello, ya a mediados del pasado siglo se empezó a desconectar la marisma de la cuenca del río Guadiamar, la vía principal por la que llegaba el agua a un paraje que en 1969 se declaraba Parque Nacional. Lo siguiente fue un plan para transformar todo el espacio en cultivos a regar con el acuífero, aunque se aparcó ya en los 80 al comprobarse el enorme impacto ambiental que tenía. La herencia fue un territorio muy alterado en la frontera del Parque Nacional, ya bastante transformado con la introducción del cultivo del arroz a gran escala en los años 30 y la plantación masiva de eucaliptos desde finales de los 40.

Alta rentabilidad y demanda del oro rojo

Todo esto sirve para recordar que Doñana hoy no es un paraíso primigenio inalterado y que la principal presión le llega de la agricultura, que acapara más del 93% del agua que se extrae del acuífero, mientras que el abastecimiento urbano se lleva un 6% y el uso industrial no llega al 1%. Y eso teniendo en cuenta que los arrozales no beben de aquí, pero sí lo hacen los frutos rojos, el cultivo que se disparó a finales de los 90 y que no deja de crecer en la comarca por su altísima rentabilidad.

“El crecimiento de la fresa fue explosivo, en muy pocos años y de manera desordenada”, recuerda Víctor Cifuentes, jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, organismo que concede los derechos de riego). Eso se explica por su brutal impacto económico, con la provincia de Huelva ejerciendo el monopolio al acaparar el 97% de la producción nacional de frutos rojos. Hablamos de ventas por encima de los mil millones de euros y de la generación de 100.000 empleos, con 11.700 hectáreas dedicadas al cultivo y más de 380.000 toneladas de frambuesas, arándanos, moras y sobre todo fresas, que suponen el 70% del total. Pues bien, el 90% de todas estas macrocifras se concentran alrededor del Parque Nacional. “Doñana está rodeada por un cinturón intensivo y descontrolado, nadie aguanta eso”, incide Víctor Cifuentes.

Y el combustible de esta maquinaria no es otro que el agua. “Es un cultivo muy rentable económica y socialmente, genera mucha mano de obra y durante casi todo el año”, reconoce Manuel Delgado, portavoz de la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana en Almonte. Este municipio aglutina el 52% del suelo regable de la Corona Norte, que se extiende también por los términos municipales de Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado y que es la zona en la que se acumulan los invernaderos. Las peculiaridades del suelo arenoso, más de 3.500 horas de luz al año y unas temperaturas suaves obran el milagro: la fresa se cultiva desde noviembre hasta junio, mientras que los grandes competidores europeos no empiezan a producir hasta mayo, cuando se va el frío. “Durante meses no hay otra fresa que la nuestra y copamos el mercado”, admite.

Todos a la espera del trasvase

Pero para ello hace falta agua, y no hay. La CHG insiste una y otra vez en que, para que la cosa no se vaya definitivamente de las manos, no se puede autorizar ni una hectárea más de regadío y que hay que sustituir los recursos que se extraen del acuífero por aportaciones en superficie. Esto nos lleva a las infraestructuras que están por hacer, ya que primero debe concretarse el trasvase Tinto-Odiel-Piedras, que aportará 20 hectómetros cúbicos (siete ya se están usando) que permitirán cerrar pozos legales. Tras años de retraso, el pasado octubre se autorizó por fin un proyecto que no será una realidad hasta 2025, y que en Almonte permitirá que 2.000 hectáreas de cultivos dejen de usar aguas subterráneas. “Ha faltado previsión ante lo que podía ocurrir y ahora faltan inversiones”, lamenta Manuel Delgado.

El ansiado trasvase se espera como si fuese el maná, con la sensación de que habrá más recursos a repartir cuando en realidad ya están más que comprometidos y condicionados a eliminar extracciones del acuífero ahora permitidas. En este contexto hay que enmarcar la propuesta que en la pasada legislatura lanzaron en el Parlamento andaluz PP, Ciudadanos y Vox, con la intención de legalizar unas 1.400 hectáreas de regadíos que ahora hacen captaciones piratas en esta Corona Norte. Tras un considerable revuelo político, social e institucional –con serios toques de atención desde Europa–, al final la proposición de ley decayó al disolverse la Cámara, para ser de nuevo resucitada en esta legislatura (y prácticamente en los mismos términos) por PP y Vox en puertas de las elecciones municipales, igual que el año pasado se activó a pocos meses de las autonómicas.

La Confederación Hidrográfica ha admitido ante Bruselas que hay 1.013 hectáreas que piratean el agua, el equivalente a 700 campos de fútbol

Tras estos movimientos políticos está la presión de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que pelea por regularizar estas 1.400 hectáreas, una cifra que tampoco está muy clara: la organización ecologista WWF la eleva hasta 1.900, mientras que la Junta de Andalucía defendió en el Parlamento Europeo que serían 748, que por cierto necesitan 3,3 hectómetros cúbicos al año. La CHG, por su parte, no entra en este pulso con los números, pero por primera vez ha transmitido formalmente a la Comisión Europea que en la zona hay 1.013 hectáreas fuera de ordenación que piratean agua del acuífero, una superficie equivalente a más de 700 campos de fútbol y que consume 5 hectómetros cúbicos anuales. Esto supone casi el 5% de los 101 hectómetros que, de media, se bombean anualmente del acuífero.

“No son nuevos regadíos, es un error del legislador”, sostiene el portavoz de la Plataforma, Julio Díaz, que insiste en que la iniciativa se plantea para defender los “derechos históricos” de los agricultores perjudicados por la ordenación legal (el Plan de la Corona Norte, también conocido como Plan de la Fresa) que se hizo de la zona en 2014 y que lo que se busca es regularizar el suelo, no dar unos permisos de regadío que competen a la CHG. Pero lo cierto es que si estos terrenos reciben todas las bendiciones oficiales, tendrán el mismo derecho que cualquier otro a regar, lo que supondría repartir entre más unos recursos limitados que siguen a la baja por las restricciones a las que obliga la sequía. Julio Díaz, en todo caso, subraya que “el agua no la queremos para un parque acuático, sino para producir alimentos”.

División y tensiones en la comarca

Esto ha roto la histórica unidad que los agricultores de la zona han mantenido durante años, con los regantes de Almonte dando un portazo y marchándose de la Plataforma porque están en contra de que se legalicen unas parcelas que así podrían aspirar a un agua que ellos llevan años esperando. “Los agricultores almonteños no son tontos y saben que el recurso es limitado”, apunta Eloy Revilla, para quien “no tiene sentido dar primero agua a los piratas. Las cosas se han hecho sin planificación ni ordenación y la sensación ahora es como la frontera en el oeste”. “La tensión es fuerte y hay muchas amenazas”, admite Manuel Delgado, al que nombraron portavoz porque “nadie quería salir a la palestra, el que habla es señalado y amenazado”. Julio Díaz, por su parte, apunta que estamos ante “una división instigada por el Gobierno central para tapar que no ha hecho su trabajo durante décadas”, y para ello “utiliza como chivo expiatorio al cambio climático y a los agricultores de Doñana”. “Divide y vencerás”, resume su visión de una situación en la que muchos regantes se sienten hostigados “cuando lo que quieren es que les llegue agua superficial para cerrar todos los pozos, legales e ilegales”.

Julio Díaz, portavoz de la Plataforma en defensa de los regadíos del condado de Huelva Luis Serrano

“Clima hostil” y tensiones en la comarca

Este cierre de pozos, precisamente, se ha convertido en todo un símbolo que refleja la tensión en la zona. El propio Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende la CHG, reconoce sin tapujos en sus informes el “clima hostil” que se vive, lo que en ocasiones obliga a actuar con las fuerzas de orden público para evitar “potenciales conflictos”. La administración defiende que de un tiempo a esta parte ha clausurado 115 extracciones ilegales en el entorno de Doñana y en otras 105 se ha llegado a un acuerdo para cerrarlas, a la vez que está en trámite la ejecución forzosa de otras 407. Y valga un dato para comprobar el impacto que esto tiene: a la comunidad de regantes de El Fresno –en los términos de Moguer, Lucena y Bonares– han empezado a llegar recursos del famoso trasvase Tinto-Odiel-Piedras para regar 815 hectáreas, lo que permite cerrar 443 pozos y evitar que se extraigan 4,26 hectómetros cúbicos del acuífero.

Manuel Delgado, portavoz de los Regantes de Almonte Luis Serrano

Por aquí pasa el futuro de Doñana, por aplicar de manera rigurosa la legalidad, lo que se traduce en cerrar captaciones ilegales y eliminar los regadíos no legalizables. “Ni es posible aumentar los bombeos del acuífero ni tampoco asignar recursos superficiales a nuevas superficies”, defiende la CHG en sus informes. “El reto es encontrar el equilibrio”, sostiene Felipe Fuentelsaz, de la organización ecologista WWF, que subraya que “el gran problema es la extracción ilegal”, aunque no es el único. “Es una cuestión de cantidad de agua, pero también de calidad, de fitosanitarios y de usos del suelo”, pero sobre todo, “y lo más importante”, de “gobernanza”.

“Es urgente que el Gobierno central y la Junta de Andalucía lideren un acuerdo por Doñana”, apunta Miguel Delibes, un “pacto de Estado” para salvar no sólo el Parque Nacional, sino también “a los agricultores y a la comarca de Doñana”. “Tenemos que adaptarnos a la realidad que tenemos y regar acorde con el agua que hay”, lo que implica “imponer limitaciones que pueden ser duras para los agricultores”. No será fácil, admite, pero “cosas más gordas se han hecho con las reconversiones industriales”. “No podemos seguir extrayendo más agua, ya sea legal o ilegal, porque el acuífero no entiende de papeles”, defiende el viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio Arjona, mientras Eloy Revilla coincide en que el sector debe afrontar su reconversión. “Usamos el agua como si fuera un recurso inagotable” y pese a que la cosa va a ir a peor, con más sequías y más calor por el cambio climático. “El uso del agua va a cambiar sí o sí”, remacha.

Doñana, en un momento crítico

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