La familia que ocupa su propia casa recurre el desalojo y pide que “los jueces sean parte del pueblo”
“Los jueces
son parte del pueblo y pueden hacer una interpretación de las leyes a favor del
pueblo“. Ésta es la petición que ha realizado Lourdes Castro, a la que un juez
le ha ordenado el desalojo, junto a su familia, de la que fue su casa y en la
que ha vivido veinte meses de ocupa tras ser desahuciada. Este lunes, Lourdes
y su familia han anunciado el recurso ante la sentencia que les obliga a
abandonar su vivienda en el plazo de un mes y, con sus palabras, ha pedido que
los jueces que se ocupan de casos de desahucios “sean parte del pueblo”.
“Ellos
pueden hacer una interpretación de las leyes que se ajuste a las necesidades
del pueblo“, ha pedido Lourdes a las puertas de los juzgados de Córdoba, donde
presenta su recurso para poder seguir viviendo en su casa. Ella, su marido y
sus dos hijos menores, sin trabajo ni otros recursos, carecen de otra alternativa para tener un techo donde vivir. Y es precisamente
ese punto sobre el que insisten en su recurso “para que se tenga en cuenta en
su totalidad la eximente de necesidad“, dice Lourdes para explicar algo que
tras conocer la sentencia ya decían ella y su marido: “Nos podemos quedar en la
calle, con dos críos. ¿Y dónde nos vamos ahora?“.
A su lado,
desde los inicios de su caso, ha estado la plataforma Stop Desahucios, que este
lunes se ha manifestado a las puertas de los juzgados para apoyar
nuevamente a Lourdes y a otros afectados. “Si decido resistir, sé que van a estar a
mi lado; si tengo que buscar otra casa, sé que me van a apoyar“, cuenta Lourdes, que lleva ”veinte meses de lucha“ por permanecer en su vivienda.
Una vivienda de la que, en octubre de 2012 y sin
previo aviso, Lourdes y su familia fueron desalojados al quedarse sin trabajo y
no poder hacer frente al pago de un préstamo que solicitaron para hacer obras
de reforma. El Banco Santander subastó su casa, la compró Propiedades
Residenciales -con sede en Luxemburgo- y la familia se vio en la calle. Pero, a
los pocos días, decidieron volver allí. Desde entonces, Lourdes y su familia
han vivido de ocupas de su propia casa. Un juez les permitió hacerlo al atender la petición de la pareja para permanecer en la casa al menos, hasta la
celebración del juicio sobre el que ahora ha habido sentencia para que
abandonen definitivamente la casa.
Solidaridad con la Corrala Utopía y otros afectados
Solidaridad con la Corrala Utopía y otros afectados
Y de nuevo, todo queda en manos del juez, tras el recurso
que Lourdes y su familia presentarán. “Nunca hubo toma de posesión real de la casa
por parte de Propiedades Residenciales“, alega la afectada para recurrir la sentencia
y, reitera, su petición de que los jueces se posicionen a favor de las familias
que sufren procesos de desahucios.
Lourdes no lo pide solo por ella. Y, ante los juzgados, lee un
manifiesto junto a sus compañeros de la plataforma Stop Desahucios para
solidarizarse con las 36 familias de la Corrala Utopía de Sevilla, sobre las
que existe sentencia para el desalojo forzoso de las viviendas que ocupan en la
capital andaluza. Si no abandonan, a partir del próximo 16 de febrero la
Policía Nacional podría echar por la fuerza a las familias alojadas en la
Corrala Utopía, en las viviendas propiedad de Ibercaja y habitadas desde hace
ya 21 meses.
Lourdes, en nombre de sus compañeros de Stop Desahucios, anima a la
Corrala Utopía a la “desobediencia civil”, pese a que la juez que dictó la sentencia de desalojo ordenó el “cumplimiento inmediato” de esta medida, avisando de que si en un plazo de 15 días no se hace efectiva esta
decisión, serán los cuerpos de seguridad del Estado los encargados de llevarla
a cabo y expulsar a las personas del edificio.
Pero las familias de la Corrala Utopía piensan resistir y recurrir la
sentencia. De nuevo, otra vez, la decisión queda en manos de un juez. De esos
jueces a los que Lourdes alude como “parte del pueblo”.
Al igual que el proceso que vive la familia de Fran Ledesma, el joven
cordobés que se quitó la vida hace ahora un año acuciado por el “hostigamiento
bancario“ al que le sometía la entidad con a que tenía una hipoteca que no podía
pagar. Ahora, un año después de su muerte, el banco sigue pidiendo el pago de
la deuda a la familia de Fran. “Esta familia ya lo ha pagado con creces”, dice
Lourdes. Y, tras recordar con un minuto de silencio la memoria de su compañero
fallecido, deja en el aire el grito de 'Sí se puede' al que pide que se unan
los jueces con sus sentencias.