Tres huelgas de hambre en un año por la renta básica
“¿Repetir esta huelga por tercera vez... no le convierte en un Quijote, o en un loco?”, le preguntamos a Francisco Vega. “Hombre, no me importa que me digan Quijote. Pero es que hay motivos. El primero, que ya se había puesto en marcha una negociación, así que es una cuestión de vergüenza y lealtad. Y el segundo, porque hay algo firmado: me pueden decir que soy un pirao, pero es que yo estoy pidiendo algo que ya está recogido en el Estatuto de Andalucía”. Quien así habla acaba de iniciar su tercera huelga de hambre en un año. No vamos a repetir las crónicas de 11 de noviembre de 2016 y de 8 de marzo de este año, cuando hacía sus dos primeras huelgas. A estas alturas, lo que interesa saber es por qué este hombre vuelve al ayuno y qué ha pasado para que la parte interpelada (la consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía) se desentendiera del asunto a mediados de julio.
Una cajera de la Librería Luces se ha acercado a darle ánimos. El camarero que nos atiende (agua para Vega) no sirve una tapa porque le da “cosa”. Ambos saben que Francisco Vega vuelve a hacer una huelga de hambre frente a la sede de Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, en la Alameda Principal de Málaga. Lo único que ha cambiado es que las obras del Metro dejan ahora un espacio más amplio para que plante allí su silla y sus banderas de Andalucía, en una de las cuales se lee: “Renta Básica ¡Ya! No a la feminización de la pobreza. Por el derecho a una vida digna”.
Es la tercera vez que monta su campamento matutino. La primera huelga de hambre la inició el 2 de noviembre y duró 23 días; la segunda comenzó el 8 de marzo y fueron 29 días, hasta que sufrió un desvanecimiento. En la primera ocasión consiguió el compromiso de que se crearía una comisión en el Parlamento para estudiar la posible aplicación del artículo 23.2 del Estatuto, que recoge el “derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos” con arreglo a la ley. Como aquello no se cumplió, inició una nueva protesta que concluyó en dos reuniones con la consejera, María José Sánchez Rubio, y posteriores encuentros técnicos para perfilar un sistema que ofrezca una renta básica al menos a mujeres víctimas de violencia de género y personas con menores a su cargo.
Fruto del pacto PSOE-IU, durante la pasada legislatura funcionó un grupo de trabajo en el Parlamento Andaluz, del que nunca más se supo. También fueron rechazadas sendas iniciativas legislativas (una de organizaciones sociales y sindicatos, y otra presentada por doce municipios). Vega recogió el impulso por que “se cumpla la ley” y se reconozca “un derecho reconocido en nuestro Estatuto”. Después de dos huelgas, consiguió al menos una interlocución con el gobierno andaluz, y rebajó su pretensión a que se estudiara la aplicación de la renta básica en el Parlamento, y se aprobara ya para dos colectivos: las maltratadas y las personas con menores a cargo.
Durante meses, Vega mantuvo varias reuniones e intercambió frecuentes mensajes vía Whatsapp con el viceconsejero Manuel Martínez Domene, con la secretaria general Purificación Gálvez, y con la delegada para Igualdad y Bienestar Social, que este medio ha podido constatar. A finales de abril, los políticos mostraron su predisposición a fijar cuantas reuniones fueran necesarias e incluso contemplaban “por supuesto” modificar el Decreto de Salario Social. La comunicación se cortó abruptamente a mediados de julio, justo cuando Vega trataba de cuadrar con Martínez Domene un encuentro con la consejera. “Me siento profundamente engañado”, les dice entonces, después de varios mensajes sin recibir respuesta.
El 11 de septiembre Vega presentó un escrito dirigido a Susana Díaz, a la que pidió una entrevista que fue rechazada, como se esperaba. Y el 28 de septiembre anunció una nueva huelga de hambre, que ha iniciado este martes. “Hay una cosa que se llama educación y lealtad. Si sabían que iban a cortar, ¿a qué viene ese despliegue de reuniones? Que me digan que no puede ser por las razones que sean. Pero ha sido el silencio total. Tenemos derecho a que se nos trate con educación y se nos escuche”, lamenta. Ahora dice que no parará hasta que obtenga un compromiso escrito con dos puntos: que se incluirá una partida en los presupuestos para las víctimas de violencia machista (hasta que obtengan una renta suficiente para emanciparse) y para personas con menores a cargo; y que se creará una comisión parlamentaria para estudiar la aplicación de la renta básica prevista en el Estatuto.
Andalucía concede subvenciones a mujeres víctimas de violencia de género por un plazo de hasta seis meses después de su acogida en el servicio integral. Hay también subvenciones para mujeres que acrediten insuficiencia de recursos y especiales dificultades para obtener un empleo, sin que se explicite la duración. En junio, Susana Díaz anunció que dentro de la renta mínima de inserción “se discriminará positivamente a las unidades familiares con menores de edad a su cargo y mujeres víctimas de violencia de género”.
Vega está a punto de cumplir 65 años y actúa como portavoz de la plataforma por la Renta Básica. Ha trabajado en los servicios sociales del ayuntamiento de Málaga y actualmente está jubilado. Preguntado sobre por qué no participan de su lucha alguna asociación de mujeres maltratadas o de colectivos que luchen contra la exclusión social, reconoce que no se le había ocurrido y expresa sus dudas respecto a la actual fortaleza del movimiento asociativo andaluz. “Tiene mucha fe. En la familia estamos preocupados porque la segunda vez tardó en recuperarse. Pero si no lo hiciera no sería él”, explica su hermana, que concluye: “Que esto me duela es inevitable, pero lo apoyo. Al 100%”.
