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El activista Lagarder Danciu, en proceso de expulsión del país, tiene juicio en Sevilla el 17 de enero
El Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla ha fijado para el 17 de enero una vista oral destinada a resolver los cargos que pesan contra el activista Lagarder Danciu, protagonista de diferentes acciones para las personas sin hogar y al que se le ha iniciado el proceso de expulsión de España, por presuntos delitos de atentado a la autoridad y de lesiones leves en el marco del desmantelamiento del asentamiento ilegal instalado en 2015 en el paseo de Juan Carlos I de la ciudad hispalense.
A través de un auto emitido el pasado 26 de septiembre y recogido por Europa Press, la citada instancia judicial da cuenta de la apertura de juicio oral contra el conocido activista, quien después de los hechos sometidos ahora a juicio protagonizó la conocida irrupción en un acto político celebrado a finales de mayo de este año por el PP en el madrileño parque del Retiro, con la presencia del entonces candidato del PP a la reelección como presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Lagarder Danciu, además, ha sido recientemente detenido en Málaga, a cuenta de su comportamiento en una protesta a favor del derecho a la vivienda celebrada en uno de los actos programados en la capital de la Costa del Sol con motivo del Día de la Constitución.
De cualquier modo, tras dar cuenta de la apertura de juicio en su contra, el Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla ha fijado para el 17 de enero la vista oral. Durante el desalojo, de cualquier modo, fue detenido el conocido activista Lagarder Danciu, quien según la Fiscalía “se opuso a la actuación policial colocándose en el centro de la calzada, con riesgo de ser atropellado por algún vehículo” e incluso habría “propinado varias patadas” a un gente de la Policía Local que intentaba “disuadirle”.
El Ministerio Público, en ese sentido, le atribuye “un delito de atentado a agente de la autoridad y un delito leve de lesiones”, reclamando para él un año de cárcel, una multa de 360 euros y una indemnización de 150 euros en favor del agente supuestamente agredido.
