Cuatro años sin convocatoria de subvenciones para la formación
Una consulta a la web de la Junta de Andalucía para buscar cursos de formación para el empleo -donde se engloban tanto los dirigidos a desempleados como a trabajadores y autónomos- resulta desalentadora: no hay ninguno, ni siquiera de esos restos de la última convocatoria -la de 2011- que podían encontrarse hasta 2013. Tras cuatro años sin convocatorias, la Junta de Andalucía asegura que está ultimando una con cargo a los presupuestos autonómicos de 2016, por un total de 80 millones de euros en subvenciones para su organización. Es cierto que también en 2014 el exconsejero de Educación, Cultura y Deporte y por tanto responsable de esta materia por entonces, Luciano Alonso, anunció que habría convocatoria a finales de ese año. Por eso, en el sector todavía no se lo terminan de creer, después de que la Junta de Andalucía haya dejado de percibir un total de 270 millones de la Administración General del Estado por la parálisis.
La última convocatoria fue la referida de 2011 y se ejecutó mayoritariamente durante 2012, por lo que en rigor, serán tres años sin cursos y cinco sin sacar subvenciones, y como telón de fondo el caso abierto por el supuesto desvío de estos fondos que salió a la luz en 2014. Con ese último paquete de subvenciones, se desarrollaron 924 cursos en los que participaron 13.860 andaluces, según datos que aportan desde la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en manos de José Sánchez Maldonado, que es la que lleva en estos momentos la materia, que ha dado tantas vueltas como problemas está generando su gestión en una de las comunidades autónomas con más desempleo del país (en torno a un 35%).
Desde la Consejería explican que, toda vez que las competencias han vuelto a sus manos, se trabaja en articular una nueva convocatoria adaptada a la norma que ha aprobado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En concreto, el Real Decreto Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el Ámbito Laboral, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 23 de marzo. Insisten en que se está a la espera de que el Gobierno de la Nación apruebe ahora la reglamentación, con la que además se tendrá que adaptar el anteproyecto de Ley de Formación Profesional que Andalucía ratificó en agosto de 2014 y que ha quedado parado.
Destaca que el grifo de estas subvenciones se cerró cuando todavía no había trascendido la investigación por el supuesto fraude. Desde la Consejería apuntan que ya en 2012 había empezado la intervención judicial de las justificaciones de las ayudas y eso “ha obstaculizado la posibilidad de nuevas convocatorias”, cosa que no ha ocurrido en otras comunidades autónomas.
En este sentido, desde Confederación de Empresas de Formación (Cecap) de Andalucía consideran que “el fraude, sin duda, ha frenado la publicación de la convocatoria”, pero precisan que ha tenido que haber otras cuestiones. “La Junta de Andalucía ha tenido y tiene un grave problema de gestión y falta de diligencia para resolver los expedientes justificativos de convocatorias anteriores y la puesta en marcha de nuevos planes”, indican.
En este contexto, la Cecap acoge esta información sobre la nueva convocatoria “con mucha cautela y con incertidumbre, ya que llevamos escuchando por parte de la Administración estas intenciones, pero sólo se queda en intenciones, sin convertirse en realidad”. Insisten en que “en el caso de la publicación de la convocatoria, supondría posibilitar a los desempleados incrementar sus oportunidades de empleabilidad, y para nuestros centros la posibilidad de seguir manteniendo muchos puestos de trabajo”.
No en vano, la patronal calcula que el bloqueo de las subvenciones ha implicado el cierre de muchas empresas “que han trabajado en el sector de forma rigurosa y seria, con una pérdida de más de 30.000 puestos de trabajo”. No dejan de referirse desde Cecap a una situación que creen injusta: “Las empresas hemos sido las señaladas mediáticamente, somos el chivo expiatorio de la pésima gestión de la Junta de Andalucía en materia de formación”.
Los sindicatos también critican el bloqueo de estos fondos. CCOO-A ha pedido reiteradamente la convocatoria y ha critiado que Andalucía haya perdido esos 280 millones de euros. “Se han ejecutado o están en ello en todas las comunidades autónomas, excepto en Andalucía, con cuatro años sin convocar acciones formativas ni para trabajadores ni para desempleados”, recriminan desde CCOO-A.
De consejería en consejería
Lo que sí está claro es que la convocatoria de 2016 se regirá por nuevos criterios, que son los recogidos en el citado anteproyecto de ley aprobado con el supuesto fraude como telón de fondo. Entre sus novedades con respecto a lo que ha imperado hasta la fecha, incluye la obligación de haber justificado previamente subvenciones que se hayan recibido si se quiere optar a nuevas; es decir, se acabaron las llamadas exoneraciones. Habrá un tope de cuatro millones de euros por promotor a la hora de recibir fondos; y el método para otorgarlos será por concurrencia competitiva, por concurso público para elegir la mejor oferta en lugar de por orden de llegada. Una norma que por cierto se aprobó sin negociaciones con la patronal y los principales sindicatos en el marco de la tradicional concertación social porque este diálogo es inexistente como tal desde hace más de un año.
Y es que la formación se ha convertido en uno de los quebraderos de cabeza de la pasada y presente legislatura. Es más, los referidos cambios de responsabilidad en esta cuestión han transformado la formación en una suerte de 'patata caliente' que ha ido de consejería en consejería. De este modo, en 2012, el entonces presidente de Andalucía José Antonio Griñán traspasó las competencias de formación de la antigua Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo, que las había llevado hasta el momento, a la Consejería de Educación, que colocó en manos de Mar Moreno. Luego, con Susana Díaz de presidenta, heredaría este cometido Luciano Alonso, como titular de Educación, Cultura y Deporte, y que fue el primero en tener que lidiar con las explicaciones tras estallar el escándalo. Tras un año muy complicado con el asunto, con el Gobierno de Andalucía constituido el pasado mes de junio, Susana Díaz prescindiría de él y devolvería las competencias a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que reservó para José Antonio Maldonado. Es decir, volvían a estar vinculadas con la cartera de empleo como en sus inicios.
