Investigados el expresidente del Banco Popular y dos de los que fueran sus directivos en Andalucía
El Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla ha decidido proceder como investigados contra el que fuera presidente del Banco Popular hasta la caída del mismo, Ángel Ron; el hasta hace poco su director territorial en Andalucía, Luis Marín; y el que fuera su director regional en Sevilla, Vicente Gálvez, por un supuesto delito de corrupción en el sector privado.
En auto fechado el pasado 31 de octubre, la titular del juzgado, que inició estas diligencias tras la denuncia de un trabajador del banco en Sevilla, procede también a declarar el caso de especial complejidad, “por circunstancias sobrevenidas a la investigación”, por lo que se concede los 18 meses para la instrucción contemplados tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Como ya publicó eldiario.es/andalucia todo empezó con la denuncia que presentó el trabajador poco antes del estallido de la crisis del Banco Popular tras tener conocimiento de unos préstamos concedidos a varias empresas pero cuya devolución nunca se les reclamó. Sumaban poco más de un millón de euros, pero a su vez hicieron sospechar de un modus operandis modus operandisen un banco que tras más de 90 años de historia terminaría luego siendo intervenido, declarado inviable por el Banco Central Europeo (BCE) y finalmente comprado por un euro por el Santander.
El juzgado ordenó a la Guardia Civil investigar los ingresos y pagos entre 2012 y 2016 de hasta siete empresas, en su mayoría del sector inmobiliario, por lo que tras la apertura de diligencias la pasada primavera fueron numerosos los registros efectuados en varias sedes de la entidad bancaria en Sevilla. Como resultado de la documentación y los testimonios recabados, la jueza considera que hay indicios suficientes para proceder contra ellos como investigados y a su vez solicitar más tiempo para el procedimiento.
El mismo empezó por la denuncia dicho empleado, que trabajaba para el Departamento de Reestructuración de Deudas en los Servicios Centrales, y por su puesto podía observar transacciones y operaciones en la materia. El denunciante desveló que el 4 junio de 2014 se autorizaron (por los tres filtros jerárquicos referidos) sendos créditos de 310.000 y 885.000 euros al administrador único de dos empresas. Ese mismo día, se autorizaron también otros 225.000 de préstamo a un segundo administrador único (que ya “figuraba como moroso” del Banco Popular por más de 1,8 millones de euros por su papel de avalista en un crédito anterior) de una tercera empresa, según su relato.
El dinero fue retirado al instante y “en su totalidad en ventanilla” de una sucursal de Coria del Río (Sevilla) “mediante cheques”, según el escrito que llevó a la jueza a ordenar diligencias por “indicios de infracción penal”. Es decir, el mismo día se desembolsaron 1,3 millones de euros tras pasar por los filtros jerárquicos las operaciones. Y los tres préstamos tenían como fecha de vencimiento para el pago de la primera cuota junio de 2016. O sea, dos años después. Ninguna de esas cuantías fue satisfecha nunca por los beneficiarios, según consta en los movimientos de cuentas en poder del juzgado.
El juzgado pretende esclarecer si, además, esos créditos se otorgaron cuando se dudaba de la solvencia de los beneficiarios por la referida morosidad y por supuesta inactividad de las empresas. El hecho de que el denunciante no pusiera antes los hechos en conocimiento de los tribunales se debe a que no ha sido hasta los dos años de los créditos cuando ha tenido constancia del impago y que, por tanto, han entrado en morosidad.
