La Junta de Andalucía notifica a cinco familias con alquiler social en Málaga que deben abandonar sus casas

El pasado 22 de mayo, cinco mujeres que viven con sus familias en alguna de las casas del número 35 de la calle Jara, en el barrio malagueño de La Trinidad, recibieron una carta oficial firmada el día anterior. Allí, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), la entidad que gestiona el parque público de viviendas de la Junta, les lanzó una advertencia: debían dejar sus casas, que habitan desde 1999 en régimen de alquiler, en el plazo de un mes. No les explicaba mucho más. Tan sólo que entendía que las circunstancias personales, familiares y económicas que motivaron el arrendamiento habían cambiado, y que por tanto no prorrogaría el contrato.

Para ellas, que llevan un cuarto de siglo en este modesto inmueble, fue una sorpresa. Antes del requerimiento, nadie de la administración andaluza se había puesto en contacto con ellas para exigirles que justificaran su situación. Según explican, fue hace unos días (y, por tanto, un mes después de recibir el requerimiento) cuando les visitaron un par de agentes que les pidieron documentación que acredite que siguen en situación de vulnerabilidad. Esos documentos servirán para constatar la situación material, social y familiar de las inquilinas, pero AVRA solo la ha pedido después de exigirles que se marchen.

“Con esa documentación, AVRA podrá llegar a la conclusión que sea. Pero aquí no tenemos constancia de ningún tipo de procedimiento administrativo, que debería haber sido previo en todos los casos al recibimiento de esta comunicación”, observa Curro Machuca, portavoz del Sindicato de Inquilinas, quien cree que hay al menos “mala praxis”: “AVRA no ha actuado como marca el derecho administrativo. Hay una arbitrariedad manifiesta por parte de una agencia o un instituto público que depende de una consejería de la Junta de Andalucía. Los motivos los desconocemos”.

AVRA dice ahora que solo pretende comprobar

La secuencia de los acontecimientos no es lo único extraño del caso. En el requerimiento de desalojo de una de las afectadas, que este medio ha podido consultar, el expediente no está numerado, a diferencia de lo que ocurre en cualquier expediente administrativo. Además, todas aseguran que les entregaron dos páginas, donde se dispone la expulsión con el asunto “Extinción de contrato”. Sin embargo, de la numeración se deduce que la resolución la formaban hasta 12 páginas, que no les habrían sido entregadas.

Dicen que están pagando el alquiler social, aunque desde la crisis sanitaria del Covid 19 adeudan cantidades que estarían poniendo al día con un plan de pagos. Según aseguran las vecinas, el director provincial de AVRA en Málaga, Juan Jesús Bernal, se reunió con ellas y les explicó de viva voz que uno de los motivos por los que no renovarían los contratos era la suciedad en la calle e “irregularidades” que ocurren en la zona. Pero ni los posibles impagos ni la suciedad se recogen en la carta.

La agencia ha respondido a este medio con un comunicado, en el que explica que las cinco cartas forman parte de un “proceso” de “registro y control rutinario de las viviendas”, con el que se busca “conocer la situación de cada vivienda y sus inquilinos, un procedimiento habitual dentro del parque de viviendas”. Una consulta habitual cuando la prórroga del alquiler está próxima al vencimiento, dice AVRA.

Sin embargo, la carta mostrada por una de las vecinas, y que todas dicen haber recibido, no pretende comprobar la situación de la vivienda, como ahora alega la agencia de la Junta. Su asunto es “Extinción de contrato” y supone una notificación fehaciente, se dice, de la extinción del arrendamiento. “Es firme decisión de esta Agencia no proceder a la prórroga del contrato”, se lee.

AVRA dice ahora que se decanta por la renovación y dice que está a la espera de recibir la documentación que la justifique. “Si las condiciones continúan se prorrogará el contrato con total normalidad (…) Estamos seguros de que es lo que va a pasar con estas cinco familias”.

“No somos un mapa donde poner el dedo”

Tres de las cinco vecinas han comparecido el martes junto al representante del sindicato en una rueda de prensa. Allí, Rosa Santiago ha leído un comunicado, interrumpiéndose un par de veces por la emoción. El texto era un grito de auxilio por su situación particular: “¿Cómo explicamos a nuestros hijos que perdemos nuestra casa de un día para otro porque así lo decide una persona?”.

En las cinco viviendas afectadas habitan ocho menores, según han explicado. Alguna de las afectadas trabaja limpiando casas. Otras no. Alguna está a la espera de una resolución de incapacidad, y entretanto vive del sueldo de su expareja, según ha relatado a este medio.

El comunicado era también una llamada de alerta general. “No somos un juego, no somos un mapa donde poner el dedo y elegir un destino que destruir”, ha advertido Santiago: “La Trinidad somos nosotros, sus vecinos, los mismos que pintamos las calles cuando vienen a las ferias de los corralones y los mismos que las encalamos cuando buscan el nombre de Cautivo y Trinidad. Y los mismos que con muchos sudores hemos puesto en sus viviendas, hogares. Pedimos que Málaga nos escuche y nos ayude”.

La Trinidad es un barrio histórico de Málaga. Popular, jaranero, y sede o cuna de instituciones malagueñas como El Cautivo o Chiquito de la Calzada, apenas el río Guadalmedina lo separa del Centro y, sin embargo, se ha mantenido ajeno a la voracidad que convierte cada casa de la almendra central de la ciudad en un objeto de potencial aprovechamiento turístico. Puede que su imagen, construida sobre un problema cierto de menudeo y pequeña delincuencia, hayan tenido mucho que ver en el desinterés de los grandes inversores por este barrio. Al menos, hasta ahora.

En torno a un centenar de esas casas son corralones, edificios rectangulares (a menudo construidos con elementos prefabricados) que alojan viviendas modestísimas que dan a una galería voladiza con patio central, en la que solía haber una fuente o un pozo comunitario y otros servicios comunes. Cuando en 1989 la gran riada se llevó todo por delante, los corralones emergieron como solución de emergencia. Se levantaron sobre antiguas instalaciones en desuso. A pocos metros de calle Jara 35 había una carbonería.

De finales de mayo y principios de junio los patios centrales se engalanan con flores, mantones y estampas. Se compite por ver quién pone el patio más primoroso, y las vecinas enseñan sus patios con orgullo.

Un barrio ajeno hasta ahora al turismo

Generalmente, estas calles vivían ajenas al turismo, salvo momentos puntuales como Semana Santa o la Semana de los Corralones. Son calles estrechas, de familias humildes, frecuentemente en situación de vulnerabilidad social. En los primeros meses de 2022 se produjeron dos tiroteos que situaron otra vez los focos sobre el barrio.

Solo en los últimos años el turismo ha empezado a permear, por ahora tímidamente, la frontera que marca el río. Aunque ahora dice Ana María Carnero que cada vez que sale a la calle el trajín de maletas es intenso y apenas a un par de números del 35 de calle Jara ya hay un inmueble de apartamentos turísticos con cinco cajetines para llaves y la fachada convenientemente decorada con motivos folclóricos.

Ahora, La Trinidad o El Perchel (al otro lado de la Avenida Andalucía) representan las costuras del Centro Histórico. Calle Álamos, Carretería y la Plaza de la Merced son las tres zonas con mayor densidad de viviendas turísticas de España y la expansión natural de estos aprovechamientos es a zonas limítrofes: Lagunillas al Norte, La Trinidad al Oeste, El Perchel y Ensanche, al Sur.

AVRA es propietaria de 900 viviendas en La Trinidad y otros barrios de Málaga, en los que dice haber invertido tres millones de euros en los últimos años. Los alquila a familias en situación de vulnerabilidad (a veces extrema) a cambio de una renta mínima que en algunos casos ronda los 60 euros mensuales. Una cifra ridícula en comparación con el valor de mercado de la superficie sobre la que se levantan estos inmuebles, una golosina para inversores ávidos de rentabilidad en un mercado.

De ahí, que el Sindicato de Inquilinas recuerde el reciente caso de la venta por parte de la Junta de Andalucía de la sede de Málaga Acoge en calle Ollerías, de la que informó este medio hace apenas un par de semanas. El comprador ha sido un fondo de inversión israelí especializado en viviendas turísticas. Estos casos se conocen apenas días antes de la manifestación por el derecho a la vivienda, convocada por el Sindicato para el próximo sábado. “Málaga para vivir, no para sobrevivir” es su lema.

“Parece que AVRA en Málaga tenga un interés liquidador de sus propiedades, incluyendo viviendas en régimen de alquiler social, lo cual no solo es paradójico, sino abiertamente obsceno, dado el contexto de crisis habitacional que hay en la ciudad de Málaga”, resume Machuca.