Casas de apuestas: el Tribunal de la Competencia investiga si las trabas de Huesca son legales
La cosa tiene un aire de mundo al revés, de hecho paradójico, hasta de oxímoron: el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) de Aragón quiere chequear si las limitaciones al establecimiento de casas de apuestas que se aplican en Huesca desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2003 respetan la libertad de mercado, lo hace a los dieciséis años de su entrada en vigor y casi tres meses después de que las Cortes de Aragón aprobaran por unanimidad y a propuesta de IU reclamar al Gobierno central “las modificaciones legislativas necesarias que garanticen la protección de la ciudadanía” frente a la proliferación de ese tipo de locales y frente a su invasiva publicidad, cuyo presupuesto promocional (170 millones) dobla con creces al que maneja en ese capítulo el Estado.
Fuentes del Gobierno de Aragón confirmaron la puesta en marcha de esa investigación con la petición del tribunal al Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente de la Dirección General de Economía, “que recabe información del Ayuntamiento de Huesca sobre las restricciones a la apertura de casas de apuestas en la ciudad”.
Este servicio es, en la práctica, el órgano administrativo encargado de investigar e instruir los procedimientos sancionadores en materia de competencia y el que, en caso de detectar irregularidades, eleva al tribunal la propuesta de sanción.
Por su parte, fuentes del consistorio oscense señalaron que hasta la fecha no tienen constancia de que la petición haya sido registrada de manera oficial.
Limitaciones ante las “instalaciones vulnerables”
Huesca es, desde hace 16 años, una de las primeras ciudades que reguló las condiciones en las que las casas de apuestas podrían instalarse en sus calles.
Lo hizo a través de las normas urbanísticas, que vetan que los salones puedan ubicarse a menos de 350 metros de distancia de un centro educativo o deportivo, una limitación que no rige para otro tipo de locales de ocio juvenil como billares, boleras y salas de futbolín y de ping-pong.
Fuentes municipales apuntaron que esa modificación de la normativa urbanística cuenta con el aval del Gobierno de Aragón, ya que los PGOU de los municipios son supervisados por los organismos autonómicos con competencias en materia de ordenación del territorio.
La iniciativa del TDC aragonés llega también cuando el propio Gobierno autonómico ha anunciado su intención de establecer distancias mínimas entre este tipo de locales y las “instalaciones vulnerables como los centros de enseñanza o los que tengan un potencial de uso por personas jóvenes”, según anunció la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, que también adelantó el proyecto de endurecer los controles de acceso con medidas como la obligación de registrar todas las entradas en un “libro de visitas” similar al que se utiliza en los bingos y los casinos.
El anuncio de Pérez, cuya consejería lleva las competencias sobre juego presencial, llegaba poco después de que la resolución de las Cortes reclamara activar “las adaptaciones oportunas [de la normativa autonómica] a las nuevas modalidades de juego, actualizando y modificando la legislación vigente si así se considera conveniente”, y propusiera “impulsar cuantos cambios normativos sean precisos para someter al sector de juego a controles más rigurosos, especialmente respecto a las estrategias publicitarias utilizadas en el juego online y, en concreto, el que afecta a las apuestas deportivas por sus afecciones sobre los menores y personas dependientes y vulnerables”.
Zaragoza estudia restringir el juego mientras contrata a uno de sus ejecutivos
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Zaragoza, que hace poco adoptó una moratoria de medio año en la concesión de nuevas autorizaciones, daba en el último pleno del año, el pasado 20 de diciembre, el primer paso para modificar su PGOU con el objetivo de establecer zonas en las que este tipo de locales no podrían establecerse.
Por lo pronto, y tras la aprobación de la iniciativa por unanimidad, los técnicos municipales pondrán en marcha los estudios previos a la formalización de la medida y a su inclusión en las normas urbanísticas de la capital aragonesa.
La medida, defendida por el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, de Ciudadanos, llegaba al día siguiente de conocerse que la vicealcaldesa Sara Fernández, de ese mismo partido, ha nombrado presidente de la empresa municipal Zaragoza Turismo a Conrado Molina, responsable de marketing de la cadena de casas de apuestas y salones de juego El Dorado, al que el Gobierno de Aragón retiró hace unos meses el sello de responsabilidad social tras percatarse de que las empresas que operan bajo esa marca acumulaban en apenas tres años 31 sanciones firmes por 36 infracciones en materia de juego, a las que se añadían otras cinco denuncias por permitir fumar en el interior de las salas y dos más por permanecer abiertas fuera de los horarios autorizados.
