Aragón solo ha ejecutado el 31% de las medidas aprobadas en la Directriz de 2017 contra la despoblación

En 2017 se aprobó la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación, con el objetivo de dotar a la Comunidad Autónoma de Aragón de un instrumento marco de ámbito regional para conseguir un desarrollo demográfico equilibrado, teniendo en cuenta la complejidad y los múltiples factores que influyen en esta materia. Sin embargo, gran parte de las medidas de la Directriz no se han llevado a cabo ni se plantearon de la forma correcta, según el informe “Medidas de lucha contra la despoblación y el reto demográfico en Aragón” de la Cámara de Cuentas.

La Directriz se compone de 310 medidas para la consecución de 70 objetivos y 253 indicadores de seguimiento. Además de actuaciones en vivienda, educación, sanidad o empleo, se fomenta la producción de bienes y servicios ligados al territorio, la protección del patrimonio, la atención de las personas mayores, jóvenes e inmigrantes, entre otros asuntos de gran importancia. El informe de la Cámara de Cuenta analiza el periodo entre 2018-2022 y ha servido para subsanar la falta de realización del seguimiento a los cuatro años de la aprobación de la Directriz, según se establecía en su artículo 3.

De las 310 medidas que contiene la Directriz, el Gobierno de Aragón solo ha ejecutado 96, de las cuales 22 son novedades, 14 suponen alguna mejora respecto a las actuaciones que ya se venían realizando antes del 2017, y 60 ya se estaban ejecutando antes de la Directriz. Entre las razones que alegan los diferentes departamentos del Gobierno de Aragón sobre la falta de ejecución de medidas, se encuentran: la falta de personal y/o presupuesto, falta de competencia en la materia, falta de definición de la medida, falta de coordinación entre departamentos, o no se considera prioritario.

La Cámara de Cuentas no ha podido determinar el coste total de la ejecución del contenido de la Directriz, solo se ha podido estimar su impacto en 59 de ellas, que asciende a 395 millones de euros, unos 79 millones al año. En cuanto al personal encargado de ejecutar las medidas, tampoco se han podido obtener unos datos realistas ya que, de las 96 medidas ejecutadas, solo se han trasladado los datos del personal involucrado en la ejecución de 60 medidas, que asciende a 278 personas a tiempo completo.

Respecto a la puesta en marcha de las medidas por parte de las entidades locales, han respondido al cuestionario remitido por la Cámara de Cuentas el 34% de los ayuntamientos, el 33% de las comarcas y el 100% de las diputaciones. De las respuestas recibidas, solo un 28% de los ayuntamientos han implementado medidas de la Directriz, un 50% en el caso de las comarcas y, el 100% en las diputaciones, siendo las áreas de mayor impacto la rehabilitación de viviendas, la economía, empresas, empleo, mujeres, juventud e inmigración.

El informe considera que la Directriz cuenta con muchas medidas “imprecisas” y que “no hay un orden de prioridad” entre ellas. Critica también la falta de infomes de seguimiento de las acciones ejecutadas y que “ni el Comisionado para el Reto Demográfico de Aragón ni el Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional han funcionado como órganos de control intermedio”.

Recomendaciones

Este informe incluye cuatro recomendaciones, entre otras, la necesidad de reducir y definir claramente el número de objetivos y medidas de la Directriz, para la consecución de sus fines, así como introducir mecanismos de flexibilización para poder adaptar o eliminar las medidas que al ser aplicadas no estén consiguiendo los objetivos para los que fueron creadas.

Igualmente, se recomienda diseñar una correcta “arquitectura institucional”, nombrando un órgano coordinador que pueda velar por la correcta aplicación de las medidas que afecten a diferentes departamentos y/o administraciones, así como potenciar el papel coordinador de las diputaciones y comarcas.

Otra recomendación es reducir el número de indicadores y contar con expertos, como IAEST, para diseñar indicadores estadísticos que ayuden a medir la evolución de la población, que se complementen con indicadores de gestión que evalúen el acceso a los servicios públicos como educación, sanidad y servicios sociales.

Por último, el informe recomienda reducir la complejidad del cálculo del Índice Sintético de Desarrollo Territorial (ISDT) de Aragón hasta que se disponga de un índice nacional.