Diario de Campaña: Lo del ‘pen drive’ y lo de La Laguna

“Lo curioso es que cuando quien esto suscribe toma posesión del juzgado, el sobre que contenía el indicado pen drive con tan voluminosa documentación no había sido ni siquiera abierto y, desde luego, no se dio copia del mismo al resto de las partes, lo que acuerda este magistrado que suscribe con la mayor urgencia posible el mismo día 9 de diciembre de 2015”. Esta frase entrecomillada aparecía este lunes en el periódico El Mundo dentro de una información titulada así: “La juez Rosell retuvo 22 meses un pen drive con datos clave”. Pertenece, la frase, a un informe muy peculiar, el redactado por el magistrado Salvador Alba Mesa a petición de la fiscal Evangelina Ríos Dorado para dar cuenta del “estado de tramitación en que se encuentra la causa 644/2014”. La peculiaridad de ese informe comienza por su propio encargo: la fiscal de delitos económicos que instruyó unas “diligencias preprocesales” contra la magistrada Victoria Rosell encarga al magistrado que la sustituye al frente de su juzgado (Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria) que le haga un informe sobre “el estado” de una determinada causa en la que la propia fiscala está personada en calidad de querellante. Si alguien debiera conocer bien esa causa, mejor sin duda que quien acaba de aterrizar sobre ella escasamente hace dos meses, es la fiscal que lleva dos años tramitándola. Pero no acaban ahí la peculiaridades. La segunda estriba en la decisión del juez Salvador Alba de aceptar el encargo, aun a sabiendas de que la solicitud tiene como fin engrosar un expediente de investigación “por posible infracción disciplinaria” en la que podría haber incurrido una jueza. A estas alturas de su carrera profesional cabría esperar de Alba los conocimientos necesarios para saber que tales diligencias sólo son posibles si quien las gestiona es el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, y no una fiscal. Pero habría que dejar constancia aquí el beneficio de la duda acerca del conocimiento o ignorancia del actor. La tercera peculiaridad la aportan las fechas. La fiscal Evangelina Ríos Dorado emite el decreto de petición de informe al magistrado Salvador Alba el 9 de diciembre. Dando por sentado que el juez tiene una enorme carga de trabajo por llevar sobre sus espaldas el juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, con sus correspondientes guardias de 24 horas y sin juez de refuerzo, del que prescindió voluntariamente de inmediato; la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, con todas sus sentencias, como la absolutoria de Águeda Montelongo, y los cursos a los que de manera habitual está asistiendo en Madrid últimamente, cabría imaginarse que la elaboración de un informe así le costaría unos días evacuar. Pues no, oye. Al día siguiente ya debía tenerlo en su poder la fiscal Evangelina Ríos porque en la mañana del 11 de diciembre ya estaba incorporado al expediente y empaquetado rumbo a Madrid.

Una información grave y falsa

Pero volvamos a la afirmación que vertió el magistrado Salvador Alba en su informe sobre las diligencias previas 644/2014, en las que se investiga un presunto fraude fiscal en Seguridad Integral Canaria, la empresa de Miguel Ángel Ramírez. Dice en él, según El Mundo, que un atestado del Cuerpo Nacional de Policía que incluía la remisión de un pen drive al juzgado no se había tramitado y que la jueza Victoria Rosell no lo había trasladado a las partes personadas. Y dice algo más, que al darse cuenta de esa anomalía, “el mismo día 9 de diciembre” acordó todo ello “con la máxima urgencia posible”. El mismo día 9 de diciembre que la fiscal Ríos le solicita su informe, diligencia máxima. Pero, ¿se aseguró el señor Alba de que su antecesora en ese juzgado no había diligenciado convenientemente esa pieza aportada por la Policía? ¿No hizo la menor diligencia de averiguación con la fiscal, a la que teóricamente habría de habérsele dado traslado de aquel asunto? ¿Y con el secretario del juzgado? Pues no, no se aseguró Alba ni se aseguró Ríos porque resulta que en el mismo juzgado en el que ambos han pasado juntos tantas y tantas horas moviendo papeles de un lado al otro tratando de encontrar un resquicio de irregularidades, existe una providencia de fecha 30 de julio de 2014 por la que la jueza Victoria Rosell hacía lo que dice haber hecho 20 meses después el juez Alba. La grave y falsa información que difunde El Mundo se basa en las indagaciones que el magistrado hace en busca de irregularidades de su colega y el periódico la lleva a su portada y a su edición digital el lunes día 14 de diciembre, el primer día laborable siguiente a que la Fiscalía Provincial de Las Palmas cerrara sus pesquisas contra la jueza Rosell e incluyera en ellas –siempre según El Mundo- ese arriesgado informe de Salvador Alba. Repasemos las fechas: el 9 de diciembre la fiscal pide el informe; ese mismo día, Alba dicta una resolución para corregir una laguna detectada en la instrucción; el 11 se cierra la investigación de la Fiscalía y el lunes 14, antes de que ésta tenga entrada en el Consejo General del Poder Judicial, aparece en la edición impresa del periódico, lo que implica necesariamente que estaba en su poder desde el mismísimo viernes. El magistrado Salvador Alba pasó ese fin de semana en Madrid, lo que ocurrió también los días 30 de noviembre a 3 de diciembre, la víspera de la primera andanada de El Mundo contra la candidata de Podemos. Seguramente se trate solo de una casualidad. La misma casualidad que recaería al comprobar que el nombre del periodista encargado de este culebrón es Fernando Lázaro, autor de aquellas memorables páginas contra la misma jueza cuando Soria la llevó sin éxito ante el Poder Judicial acusándola en falso de ser la autora de la querella del salmón. Y el mismo periodista que, de manera muy llamativa, pero que muy llamativa, publicó una avance de la sentencia del caso Kárate un mes antes de que se diera a conocer pública y solemnemente. El ponente de esa sentencia era el mismo magistrado, Salvador Alba Mesa.

Carreras en la Fiscalía

Lo ha relatado muy bien estos días el periodista Manuel Mederos en Canarias7: “El viernes [día 11 de diciembre] se montó una algarada en la Ciudad de la Justicia, un corre, corre entre la Fiscalía y la Sala de lo Contencioso para emitir sendas resoluciones, una ordenando la paralización del proceso por vulneración de derechos fundamentales de la candidata de Podemos, y otra, de parte de la Fiscalía, para elevar el expediente a la Inspección del Consejo General del Poder Judicial antes de que se produjera el auto de la Sala”. Manolo Mederos es un periodista con muy buenas fuentes de información, particularmente en la Fiscalía, y sabe por lo tanto que un sector muy cualificado de ese órgano está muy preocupado por esa investigación abierta contra Victoria Rosell y por las consecuencias que puedan derivarse, con el consiguiente desgaste de imagen y de credibilidad. La Ciudad de la Justicia es muy grande pero no lo suficiente como para no contemplar boquiabiertos las prisas que se dio la muchachada de Guillermo García-Panasco para adelantarse a la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que esa misma mañana recibía un recurso de la candidata de Podemos. El periódico El Mundo se encarga de relatarlo a su manera al afirmar que la Fiscalía se adelantó por cuestión de horas, para que quedara claro que antes de que el más alto tribunal de Canarias declarara que sus pesquisas vulneraron los derechos fundamentales de una candidata electoral, ellos ya habían hecho los deberes que les habían encomendado. Lo malo es que tanta carrera solo sirvió para que el Consejo General del Poder Judicial sólo diera cuenta de la recepción del expediente el lunes 14 de diciembre, lapso suficiente como para saber que lo que había caído en sus manos ya tenía sobre sí el peso de una suspensión por vulneración de derechos fundamentales.

Más sospechas mafiosas en La Laguna

Cuando todavía no se ha cerrado en los juzgados de La Laguna la causa conocida como caso Corredor, donde se investiga una presunta trama mafiosa en la noche y el ocio de la ciudad, ya corre de boca en boca por toda la isla de Tenerife un nuevo caso que pone los pelos de punta y que vuelve a tener al Ayuntamiento en el centro de la polémica. Una polémica que, para colmo, hay que enlazar con los últimos acontecimientos políticos vividos en el seno de la Corporación por la falta de cariño y el despecho con el que se están tratando los dos grupos que forman el gobierno, Coalición Canaria y el PSOE. Resulta que dos concejales socialistas, uno de ellos Javier Abreu, su secretario general y portavoz municipal, presentaron hace un tiempo una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife para que se investigara una trama instalada en los servicios municipales de personal que tendría como ejemplo más reciente el mantenimiento en nómina de un trabajador del Ayuntamiento en prisión por un delito de tráfico de drogas. Ya se podrán imaginar lo bien que debió sentar al alcalde, el nacionalista José Alberto Díaz, enterarse de que su socio había ido nada más y nada menos que a la Fiscalía a pedir que se investigaran los bajos fondos de su Ayuntamiento, donde habitan personajes siniestros colocados en su día no se sabe muy bien por quien y que se han hecho con el control de determinados resortes. Uno de ellos es precisamente el que permite presuntamente falsificar documentos para que un preso pueda ver intactos sus derechos laborales pese, al parecer, encontrarse suspendidos. El alcalde se lanzó este lunes a asegurar que fue él el que primero denunció, lo que desde luego no resta una pizca de gravedad a los hechos y a lo que subyace detrás del asunto.