Preocupación del sector pesquero ante la proximidad del fallo de la Justicia europea sobre el convenio marroquí
La industria pesquera europea mostró este martes en Bruselas su preocupación ante la próxima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el acuerdo de pesca con Marruecos, mientras espera retomar las negociaciones para su renovación, dado que el pacto actual expira el 14 de julio.
Representantes del sector y de los Estados miembros se reunieron por iniciativa de la Comisión Europea (CE) después de que los ministros de la UE acordaran este lunes abrir las negociaciones para renovar el acuerdo, un encuentro “técnico” y “preparatorio”, informaron a Efe fuentes comunitarias.
La CE quiere mostrar normalidad en el curso de las negociaciones, aunque, de facto, estas están paradas hasta que el Alto Tribunal con sede en Luxemburgo se pronuncie sobre el texto, previsiblemente el 27 de febrero.
El sector teme que la corte secunde la opinión del abogado general Melchior Wathelet, emitida en enero pasado, según la cual el acuerdo “no es válido” por aplicarse al Sahara Occidental y a las aguas adyacentes.
Según el letrado, la UE no ha fijado “las garantías necesarias para asegurar que la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental redunde en beneficio del pueblo de dicho territorio”.
Las opiniones de los abogados generales no son vinculantes, pero suelen marcar el camino que sigue el Alto Tribunal en su sentencia, lo que implicaría en este caso que el texto sea declarado ilegal.
La industria pesquera española afronta esta decisión con la incertidumbre sobre las consecuencias que tendría para la flota y si esto supondría una suspensión de las negociaciones para un nuevo acuerdo.
“Ni ellos (la Comisión) lo han dicho ni nosotros lo sabemos. No sé si las negociaciones seguirían para adelante”, afirmó a Efe el representante de Cepesca presente en la reunión preparatoria en Bruselas, Pedro Maza, quien subrayó que la CE se mostró “muy predispuesta a negociar el acuerdo”.
Maza, presidente de la Federación Andaluza de Armadores, mostró la preocupación del sector y apuntó que, pese a que las reuniones celebradas entran dentro de la formalidad del procedimiento, “todo el mundo tiene la sentencia en la cabeza”. “Tenemos bastante preocupación por este asunto. Vamos a ver cuál es la sentencia del Tribunal”, admitió.
En este sentido, consideró que es “muy prematuro decir algo” sobre las negociaciones hasta que los jueces del Tribunal dicten sentencia, pero esperó que “el acuerdo se mantenga con ciertas mejoras técnicas”. La Asociación Europea de Armadores (Europêche) pidió al TJUE que “sopese los beneficios” del acuerdo.
“Una decisión judicial desfavorable traería serias consecuencias para las relaciones entre Europa y Marruecos, más allá de los intereses pesqueros, y mermaría los beneficios socioeconómicos logrados gracias a las buenas relaciones entre ambas partes”, apuntó la patronal.
La industria pesquera subraya que el actual acuerdo pesquero “no solo garantiza el respeto del derecho internacional y los derechos humanos, sino que ha sido beneficioso para ambas partes”, y pide al TJUE “que sea coherente”.
De las 126 licencias que permite el protocolo pesquero actual, España puede utilizar unas 90, y en 2017 ha llegado a usar cincuenta. España captura 7.400 toneladas al año en el marco del acuerdo actual, vigente desde 2013, con un valor económico que alcanzó 58 millones de euros en los cuatro años.
Los andaluces han pescado en torno a un millón y medio de toneladas con un valor económico de cuatro millones de euros al año, y de 16 millones de euros en cuatro años.
El acuerdo pesquero entró en vigor en febrero de 2007, ha sido renovado en dos ocasiones, la última en 2013, y se implementa mediante sucesivos protocolos que permiten a los buques de la Unión capturar especies pelágicas (como la anchoa y túnidos) y demersales (especies de fondo, como la merluza) al acceder a la zona de pesca de Marruecos.
