Satocan compró la sede de Emalsa “pocos días antes” de alquilársela

Juan Miguel Sanjuán, presidente de la constructora canaria Satocan, accionista de Sacyr, matriz de la mercantil Valoriza, y consejero de la empresa mixta de suministro de aguas de Las Palmas de Gran Canaria, Emalsa, ha declarado este jueves ante el juez instructor del caso que investiga presuntos delitos societarios en la sociedad que su constructora compró las oficinas donde se aloja la sede de Emalsa “días antes” de que se formalizara el polémico contrato de alquiler de la compañía de aguas con su propia empresa, denunciado hace unos meses por el Ayuntamiento.

El empresario grancanario ha sido el último de los quince imputados en declarar ante el juez de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria, a raíz de la querella presentada por la Fiscalía, y en el interrogatorio mantuvo que compró pocos días antes de “celebrar el contrato” las oficinas de Emalsa en el centro comercial Las Ramblas Centro, de la Avenida Juan Carlos I en la ampliación de la capital grancanaria hacia el barrio de Siete Palmas, ya que en “conversaciones previas a los consejos” era conocedor de que el ayuntamiento capitalino buscaba ubicación nueva a Emalsa.

Satocan forma parte de la comunidad de bienes del centro comercial donde se ubica Emalsa a raíz del polémico contrato suscrito a razón de 90.000 euros mensuales, poco después rebajado a 78.000 euros al mes y ahora en litigio judicial. Según consta en su declaración como imputado de este jueves, Satocan tiene el 40% de la comunidad de bienes por haber comprado el terreno y ser la constructora que edificó el centro comercial y adquirió el local “al 60% de propietarios de locales vacíos” por 11 millones de euros, si bien estaba valorado en 13 millones de euros.

Sanjuán dijo al juez y a la fiscal de Delitos Económicos desconocer todos los pormenores de la operación para cerrar el alquiler entre Emalsa y su compañía, firmado el 22 de julio de 2008, a los pocos días de la operación de compra de los locales que después se reconvirtieron en una sola sede, y que esos detalles quedaron en manos del gerente de la comunidad de propietarios del centro comercial Las Ramblas, un hombre de “toda la confianza de Satocan y de los demás socios de la comunidad”, pero desconoce Sanjuán si “estaba en plantilla de Satocan”.

El empresario dijo al respecto del inmueble que “en 2008 era el mejor edificio de Las Palmas”, y que el contrato que se firmó “fue hecho con mucha ética”, si bien desconoce los detalles de sus cláusulas, objeto de controversia judicial ahora entre las partes desde que se desatara hace ya casí dos años una guerra entre el accionariado privado (66%) de la empresa pública privatizada en dos tercios desde 1993. “No era su cometido” mirar la letra pequeña, vino a decir Sanjuán, hasta el punto de que desconocía que Emalsa no tuviera obligación de cambiar de sede, cuando estaba ubicada en un edificio de propiedad municipal en la zona del Obelisco de la calle Tomás Morales, en pleno centro administrativo de Las Palmas de Gran Canaria.

Tanto desconocimiento del día a día de Emalsa tenía el consejero Sanjuán, que también dijo no saber nada de multitud de contratos por los que fue cuestionado, desde el de lodos, hasta el de diversas obras y reparaciones de averías, pasando también por el de limpieza y mantenimiento, corte y restitución de agua de 2009, cambio masivo de contadores, obras del colector ovoide, jardinería, desbroce y limpieza de los espacios libres, o el adelanto que se hizo a Sercanarias, la filial de la parte privada de la sociedad, para el polémico mantenimiento del alcantarillado.

Sanjuán aseguró, también, que por aquellas fechas de 2008 con Jerónimo Saavedra al frente de la Corporación municipal, “había presión desde al Ayuntamiento para que Emalsa se marchara de la sede que ocupaba”, y que se llegó a comentar que “la situación del personal [de Emalsa] en el Obelisco no era la apropiada, creo que lo dijo Jerónimo Saavedra en conversación informal pero no lo puedo jurar”. Y en cuanto a la cuantía fijada, consideró que “era correcta en 2008, y en 2009 la situación [económica e inmobiliaria] había cambiado y no tuve inconveniente en que se cambiara el contrato”. Tampoco ahora, dice, se niega a renegociarlo.

Las comisiones de González Bravo de Laguna

Además, Sanjuán negó tajantemente que el intermediario Rafael González Bravo de Laguna, otro de los quince imputados por el caso Emalsa y en su momento máximo responsable de la filial de la parte privada de la compañía, Sercanarias, interviniera en la gestión del alquiler de la sede entre su empresa y la de mixta de aguas. Bravo de Laguna ha sido acusado por la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, como perceptor de una comisión de 835.000 euros por parte de Satocan por conseguirle el alquiler de Emalsa, siendo ambos consejeros de la sociedad.

Sin embargo, la versión de Sanjuán es que el pago a Bravo de Laguna, el primero de ellos por la mitad de esos 835.000 euros y el segundo, tiempo después, responde a negocios que ha sacado adelante el comisionista en Marruecos a favor de la constructora y promotora que preside Juan Miguel Sanjuán. “Lo que Bravo de Laguna ha hecho para Satocan vale más que 400.000 euros. La situación en Marruecos se puso complicadísima e hizo gestiones para que Satocan tuviera acceso a ministros, directores de banco, etcétera”, dijo en su declaración de este jueves Sanjuán.

El presidente del grupo inmobiliario canario explicó que “estas gestiones son muy necesarias, para tender puentes y poder llegar a acuerdos”, y que “no todo el mundo tiene las relaciones del señor Bravo de Laguna, que conoce a ministros, a embajadores...todas las empresas tienen mediadores”, aclaró a preguntas del ministerio fiscal, recalcando que los ingresos de Rafael González Bravo de Laguna se deben a un contrato general de mayor extensión, también con relaciones de negocios de Satocan en Brasil, Perú o Guinea, algunos fructíferos, por los que se le ha pagado, y otros pendientes de fructificar, por los que admite estar en litigio con el comisionista.

Juan Miguel Sanjuán también dijo desconocer por completo que su empresa tuviera una opción de compra del inmueble de Seguridad Integral Canaria, objeto también de investigación a raíz de las primeras denuncias en el caso Emalsa, cuando entre las partes privadas de la gestión del agua de abasto de Las Palmas de Gran Canaria empezó a aflorar los negocios turbios que se han realizado en nombre de una compañía presidida por el alcalde de turno de la capital.

“No tengo ni idea del interés de Sercanarias [la mercantil instrumental de la parte privada] por ese edificio, me he enterado por la prensa”, dijo Juan Miguel Sanjuán.