CC pasa de ignorar la vivienda pública durante una década a hacer suyos los bulos sobre la okupación en la nueva Ley

La vivienda centra el discurso de los políticos durante los mítines que se suceden en Canarias en la carrera electoral hacia el 28-M. Cada partido ofrece sus propuestas. Desde la izquierda, se ha defendido y se celebra la Ley aprobada en el Congreso el pasado 27 de abril. Pero en el lado contrario, el PP ha repetido las premisas nacionales y desde el minuto 1, ha abrazado sus tesis Coalición Canaria, formación con la que el Partido Nacionalista Canario rompió acusándola de abandonar el nacionalismo por posturas insularistas y derechizarse.

Una de las críticas principales que compartieron ambos partidos tiene que ver con las medidas de protección para las personas vulnerables en caso de desahucio. En concreto, se introduce un nuevo procedimiento de mediación y arbitraje si concurren circunstancias y requisitos de vulnerabilidad en los lanzamientos con el objetivo de que las administraciones busquen soluciones habitacionales, pero sin limitar los derechos de los propietarios. Aunque la PAH aún considera esta acción insuficiente, para la diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, la Ley “legaliza la ocupación”, según reiteró durante sus intervenciones en la tramitación parlamentaria de la normativa.

“Yo conozco casos de gente que llevaba años esperando, hacinados en casa de la suegra con los chiquillos, le adjudican una vivienda pública, la promoción está terminada y resulta que justo antes de la entrega, un tipo da la patada, se mete y se queda dentro. Y se queda no pagando (...) ocupando una vivienda pública. (…) Estamos diciendo a la gente que dé una patada y se meta en las propiedades”, sostuvo sin sonrojarse Oramas.

“Estamos dificultando los desahucios. Ahora resulta que tú tienes tu propiedad, el inquilino te lo alquila, pero deja de pagar el alquiler, la luz, el agua y la comunidad… No se le puede cortar la luz, no se le puede cortar el agua y resulta que a lo mejor con esa renta se está pagando una residencia y estamos llevando a la ruina y a la desgracia a la gente”, añadió.

Pero la diputada, que votó en contra junto a su compañera María Fernández y los partidos conservadores (PP, Vox, Cs, Junts, PDeCat y PNV), también se mostró muy en contra de limitar las subidas de los alquileres, una medida que busca frenar la escalada de rentas en zonas tensionadas. Aunque ya lleva un año en vigor el tope al 2% como acción para controlar la inversión, Oramas sostuvo, sin tener en cuenta ninguna de la circunstancias que concurren para aplicar esa medida, que “te suben las hipotecas 300 euros al mes y no le puedes subir al inquilino el importe que tiene”.

“Creo que esta ley es un error. El que haya vivienda no se le puede cargar sobre los propietarios de vivienda. La gente rica por familia tendrá vivienda, los más vulnerables, también. Pero las clases normales, los jóvenes, las clases medias… le están llevando a un camino sin salida y, sobre todo, de gente que vive de esa renta de alquiler, que paga su residencia de mayores y que no tiene posibilidades, mientras un sinvergüenza se le mete en la casa y le destroza la casa y no paga”, concluyó Oramas.

En cambio, en una nota de prensa posterior a la aprobación de la Ley de Vivienda, Oramas abogó por “una política pública y fundamentalmente de vivienda social, porque si no lo único que van a conseguir es que tengan vivienda las clases más pudientes y los más vulnerables, los jóvenes y las clases medias, no van a tener acceso a la vivienda”. Resulta llamativo que su apuesta sea aumentar el parque público de hogares cuando su partido no llevó a cabo ninguna política pública en esta materia en los últimos diez años que ostentó el poder en el Gobierno regional.

Diez años sin política pública de vivienda

“Todas las viviendas que se han venido construyendo y entregando en los diez últimos años datan del plan de vivienda 2005-2008”, explica la actual Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno canario. El área que dirige el socialista Sebastián Franquis recuerda que hubo otro instrumento, de 2009 a 2012, pero este no contemplaba la construcción de vivienda pública, tan solo se centraba en la rehabilitación y en las ayudas al alquiler. Y, en el tiempo de descuento de la anterior legislatura, cuando solo quedaban cuatro semanas para las elecciones, el Ejecutivo de CC presentó un plan de vivienda, que posteriormente invalidó el Consejo Económico y Social por ser “poco preciso” y “superficial”.

Según los datos del Boletín Especial de Vivienda Social de 2020 del Observatorio de Vivienda y Suelo facilitados por la Consejería, desde el año 2012 al 2019 se produjo un incremento de la población en 70.734 personas en las Islas y sólo se construyeron 452 viviendas protegidas durante ese mismo periodo. Mientras, en otras autonomías como el País Vasco, con un incremento de 22.383 habitantes en los mismos años, se construyeron 18.134 viviendas protegidas. Es decir, se construyeron 56,5 viviendas protegidas cada año en el Archipiélago, mientras que en Euskadi sumaron 2.266 viviendas protegidas anualmente.

Son 452 sumando las que llevaron a cabo promotores privados a través de subvenciones públicas y las viviendas protegidas impulsadas en su totalidad por las administraciones. “En puridad, las únicas que construyó el Gobierno de Canarias desde 2014 a 2019, son 184 viviendas”, especifica la directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Maribel Santana, refiriéndose solo a aquellas promovidas en su totalidad por las instituciones públicas. Esto se da además en la segunda autonomía con menos vivienda protegida, tan solo por detrás de Baleares, si se atienden a los datos de la serie histórica que recoge el Boletín: entre 1981 y 2019, en la comunidad se terminaron 504.719 pisos, de los cuales solo 55.152, es decir, el 10,92%, son hogares de protección oficial.

Durante la anterior legislatura presidida por Fernando Clavijo, el candidato a la Presidencia con CC para los comicios del 28-M, se entregaron 13 viviendas de El Sauzal (La Palma) y 56 del Residencial Las Sabinas, en el barrio de Jinámar en Las Palmas de Gran Canaria, todas ellas provenientes del plan de vivienda 2002-2005, tal y como recuerda la Consejería. En el caso de los hogares de la capital isleña cabe reseñar que se trata de una ciudad que tiene 3.000 demandantes de viviendas de protección oficial.

También en la recta final de su legislatura, el Gobierno de Canarias compró por 25 millones de euros 358 viviendas de protección oficial destinadas al alquiler social en el barrio de Añaza (Tenerife) para evitar que fueran adquiridas por un fondo buitre. El entonces presidente Clavijo hizo el anuncio tres meses antes de las elecciones en una cita con residentes en los edificios junto a otros representantes públicos de CC. Diez meses después, tras quedar fuera del Ejecutivo por el pacto de las Flores, la empresa pública Visocan, que adquirió los inmuebles, subió el alquiler, impuso el pago de las deudas y amenazó con desahuciar a las familias que residían en las viviendas públicas.

Visocan fue una de los departamentos que quedaron en manos del líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) tras las negociaciones para formar el acuerdo en el Ejecutivo y al frente de la empresa pública se decidió mantener a Víctor González, que fue designado durante el Gobierno de CC. Al frente de la comunicación de Visocan se encuentra Santiago Negrín, el que fuera presidente de la Radio Televisión Canaria cuando gobernaba Clavijo. Y el consejero delegado de la entidad pública es yerno de Casimiro Curbelo.

15 años para terminar viviendas protegidas

En la actual legislatura se entregaron 23 viviendas de reposición de El Paso (La Palma) en la primavera de 2022 y otras 24 en Valverde (El Hierro), en noviembre del año pasado; ambas, correspondientes al plan de 2005 a 2008. Santana detalla que “una vivienda tarda de media 35 meses en entregarse desde que se licita, pero las de El Paso y Valverde tardaron 15 años”.

En este sentido, Santana matiza que de 2011 a 2019 la construcción de vivienda protegida en el conjunto nacional disminuyó debido a la crisis económica de 2008 y la política en esta materia se centró más en temas de alquiler o rehabilitación. Pero la tardanza en las entregas de los planes de inicios del siglo XXI denota, a su juicio, que “CC no tenía interés, no puso más presupuesto y por eso no se acabaron las viviendas antes”.

“La falta de un plan de Vivienda y de toda planificación en esta materia lastró la preparación e impulsó de nuevas promociones de viviendas en las islas”, señala la Consejería, y el Gobierno regional ha actuado en los últimos años entregando las piezas que aún faltaban de los instrumentos de principios de siglo.

124 viviendas protegidas en construcción

En diciembre 2020, el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad el Plan de Vivienda 2020-2025, dotado con 664 millones de euros y con el objetivo de poner en el mercado 5.900 nuevas viviendas protegidas y atender a los casi 18.000 demandantes de las Isla, así como agilizar los plazos de construcción.

La Consejería detalla que se están ejecutando las obras de 124 nuevas viviendas protegidas: dos promociones en Ingenio (Gran Canaria), con 24 viviendas que construye directamente el ICAVI, y otras 100 en La Gallega (Santa Cruz de Tenerife), por parte de Visocan.

Además, adelanta que ya están en distintas fases de licitación de obras o proyectos otras 2.100 VPO y en las próximas semanas saldrán a contratación las obras de 199 nuevas viviendas protegidas: 65 en La Orotava (Tenerife) y 134 en Arrecife (Lanzarote). La Consejería reivindica que en Lanzarote “es la primera vez en 27 años que el Gobierno de Canarias construye una vivienda protegida” y añade que serán “las primeras VPO del siglo XXI en esta isla”.

A ello se suma la propuesta del presidente del Gobierno de España, Pedro Sanchez, de poner a disposición de las autonomías viviendas de la Sareb para alquilar. El Consejo de Ministros aprobó movilizar 50.000 casas, de las cuales 303 están en Canarias, una iniciativa que el consejero Sebastián Franquis ha valorado como “una buena noticia”.