Siete científicos abandonan un proyecto de costas sostenibles por el “abuso de poder” del Gobierno de Canarias
“Con nuestro silencio, no queremos ser cómplices de lo que está ocurriendo. Regla número uno contra cualquier situación de abuso. Nos desmarcamos de Ecoáreas-MarDeTodos”. La agencia de divulgación Oceanográfica, que ideó la iniciativa adoptada por el Gobierno de Canarias para dinamizar los entornos costeros de las Islas e impulsar sus usos turísticos, ha sido la última en abandonar el proyecto desde que el Ejecutivo comenzara a financiarlo y a hacerlo suyo. Según el licenciado en Ciencias del Mar y gerente de Oceanográfica, Arturo Boyra, las decisiones empezaron a ser unilaterales y los profesionales han “tenido que soportar un trato contrario a cualquier proyecto saludable de colaboración y participación, tornándose irrespetuoso, hostil y degradante”.
La filosofía inicial del proyecto defiende el mar como un bien común de todos los canarios y canarias. De este modo, la técnica para diseñar un modelo costero sostenible recae en emplear un modelo vertical “de abajo hacia arriba”, desde la población hacia las administraciones, incentivando la implicación de la ciudadanía para que aporte ideas y contribuya a la sostenibilidad del litoral. A pesar de ello, según Boyra, el Gobierno canario pone continuas pegas a la contratación de técnicos de participación para coordinar los trabajos. “Solo solicitan sus servicios para que den algunas charlas”, aclara. “Emprender un proyecto de participación sin especialistas en esta herramienta es como querer construir un edificio sin arquitectos”, ejemplifica el gerente de Oceanográfica.
El iceberg de la violencia
“Ecoáreas contaba en 2016 con 1.360.000 euros”, afirman en su carta de despedida los profesionales. El proyecto está cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El otro 15% corre a cargo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Además, el pasado 14 de marzo de 2018, la entonces consejera de Hacienda, Rosa Dávila, anunció la transferencia de 300.000 euros a Ecoáreas por parte del Gobierno autonómico. Sin embargo, según los expertos, en los tres años que llevan desempeñando esta labor para el Ejecutivo “no se ha ejecutado ni el 10% de las acciones planificadas”.
El hostil panorama va más allá. Oceanográfica ha acompañado su comunicado con una infografía que plasma el iceberg de la violencia, distinguiendo en un color naranja las acciones presenciadas y en amarillo las sufridas. Difamaciones, micromachismos, sarcasmos o chantaje emocional son algunas de las que aparecen en el primer grupo. En el segundo, pérdidas de tiempo, desprotección, humillaciones, ocasión de gastos y desmoralización, entre otras. Además, enumera los conflictos experimentados con representantes de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística: “Se ha negado a acordar dinámicas de prevención de conflictos, se ha negado a aplicar la ley de riesgos laborales, nos ha negado los medios de protección de salud solicitados, nos ha ocultado información, los emails no eran respondidos…”
Una de las insistencias y peticiones de la agencia de divulgación era el diseño de un fuerte plan de prevención de riesgos psicosociales en un proyecto fundamentado en la participación ciudadana. “Nos lo negaron. Es como si a alguien que trabaja en una obra no le das un casco”, puntualiza Boyra.
Además de Boyra, la mitad del consejo científico de la ULPGC que trabajaba en la iniciativa y tres personas del equipo de facilitación también se desmarcaron de Ecoáreas. “Esta es la historia, tristemente recurrente en nuestras islas, de quien intenta innovar en un tiempo y lugar inapropiado. Nos vamos porque se nos ha forzado a ello, no porque no queramos participar”, concluye Boyra quien, por su parte, sigue dispuesto a negociar si se mantiene la esencia que se acordó en un principio y se comunicó a la sociedad. “La solución es muy muy sencilla, solo hay que desarrollar el proyecto como está diseñado”, insiste, “aplicando principios inequívocos de tolerancia cero ante los abusos y a favor de la participación”.
A pesar de que Oceanográfica se retire de Ecoáreas, no lo hace del proyecto predecesor: Microáreas Ecoturísticas Litorales, que en la actualidad suma ya diez años de vida. Se enfoca en áreas de pequeña dimensión propuestas por administraciones locales, empresas ecoturísticas y asociaciones. En ellas, se implanta un modelo de desarrollo sostenible fundamentado en la sensibilización y la educación ambiental, con el fin de que los propios usuarios colaboren en la conservación de los espacios. Uno de los requisitos para que una zona pueda ser Microárea es su idoneidad para desarrollar actividades como el surf, buceo, baño o kayak. La primera aplicación práctica tuvo lugar en Las Canteras, en la capital grancanaria, seguida de la Microárea de El Roque, en La Aldea de San Nicolás, cuyo éxito alentó al Gobierno de Canarias a pedir que se emprendieran acciones similares en el resto del Archipiélago.
