CxS pide una multa de cinco millones de euros por el 'mamotreto' de Santa Brígida
El pleno del Ayuntamiento de Santa Brígida debatirá este jueves una moción del grupo político Cambio por Sataute, en la que propone a los concejales de la Villa acabar con la paralización de las obras del centro comercial del casco urbano con la resolución del contrato que en 2002 se firmó con la UTE Santa Brígida, encabezada por FCC, o reclamar a esta cinco millones de euros en concepto de penalización por incumplimiento de las condiciones del contrato.
La propuesta firmada por la portavoz del principal partido de la oposición al gobierno del PP, Guadalupe del Río, determina que el denominado mamotreto de Santa Brígida que ocupa de manera ilegal desde hace una década el antiguo campo de fútbol de la Villa, no se puede ejecutar de la manera que pretende la UTE de FCC, y por tanto es inviable su proyecto.
Después de ganar el concurso público para construir un edificio de aparcamientos subterráneos, plaza pública, locales comerciales, multicines y parque urbano, en 2002, la UTE decidió cambiar el proyecto original eliminando -como de hecho así ha sido en parte de su estructura visible- los multicines e instalando una unidad de alimentación, variando a 2.339, 89 metros cuadrados el uso comercial, cuando la norma vigente solo le permitía utilizar 1.656, 70 metros cuadrados.
La decisión de la promotora nunca fue aprobada definitivamente por el ayuntamiento canario, ni siquiera por la Comisión de Ordenación del Territorio del Gobierno regional (Cotmac), y las obras han quedado paralizadas en la última década, salvo un breve periodo preelectoral en los últimos comicios, ganados por Lucas Bravo de Laguna (PP), alcalde hasta su dimisión reciente en diciembre pasado. El ayuntamiento, entonces y ahora, tampoco ha dado pasos para cumplir con la legalidad vigente, a pesar de las violaciones contractuales advertidas por la oposición.
Así, Cambio por Sataute lleva este jueves al pleno la posibilidad de reclamar 5.014.817, 34 euros a la UTE Santa Brígida, si la mayoría de concejales [del PP] no opta por resolver el contrato a la UTE. En aplicación de la ley de contratos con la administración pública, CxS entiende que la UTE ha sobrepasado en 93 meses, un total de 2.801 días, el plazo de ejecución de la obra desde que se firmó el acta de replanteo, el 14 de julio de 2003, hasta el pasado 15 de abril, cuando registró la moción a debatir el próximo jueves. En virtud de ello, debería resolver el contrato o penalizar con 1.800, 01 euros al día al contratista, lo que arroja esos más de cinco millones de euros.
