Las Palmas de Gran Canaria estudia cambiar la tarifa del agua para cobrar más a quien más consuma
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria estudia un cambio de las tarifas del agua en 2017 por el que pagará más quien más consuma y quien contamine, ha informado este jueves el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE).
Las nuevas tarifas pretenden ser más justas desde el punto de vista social, respetuosas con el medioambiente y ajustadas a la normativa, ha argumentado el alcalde al presentar la reforma de la estructura normativa y tarifaria del ciclo integral del agua que incluye el abastecimiento, depuración y saneamiento.
Hidalgo ha asegurado que actualmente el servicio de agua de la ciudad está en una “situación muy difícil” tras siete años sin una nueva inversión en infraestructuras hidráulicas.
Asimismo, es la única de las grandes ciudades de España sin un reglamento de vertidos, lo que impide aplicar elementos de control y penalización de los vertidos a la red pública.
El sistema de depuración de aguas del municipio está “al límite” al haber pasado de siete millones a más de 15 millones de metros cúbicos al año, sin el necesario incremento de plantas para depurar.
El área de alcantarillado también se ve afectado ya que, de los 350 kilómetros de la red que existían en 1998, se ha pasado a cerca de 1.000 kilómetros en la actualidad.
Por ello, el Ayuntamiento prevé modificar tanto las tarifas como la normativa, pues el sistema de abastecimiento del agua está regulado por un reglamento de 1981 y dos ordenanzas que no se actualizan desde hace seis años.
Esta estructura normativa es insuficiente para cumplir con las estrictas directrices de la UE en materia medioambiental que aplican la máxima de “el que contamina, paga” y “el que más gasta es el que más paga”, alega el equipo de gobierno (PSOE, NC y Las Palmas Puede).
Para actualizar esta estructura normativa obsoleta se van a incorporar a los ya existentes un nuevo reglamento de vertidos, y dos ordenanzas fiscales nuevas, la de depuración y la de alcantarillado.
El reglamento de vertidos, ha explicado Hidalgo, es fundamental para controlar los vertidos incontrolados a la red pública de algunos consumidores.
Estos consumidores vierten el agua usada, sin pagar nada, a la red pública cuyo mantenimiento se sufraga exclusivamente con los recibos que sí abonan el resto de ciudadanos del municipio.
Con el nuevo reglamento se obligará a estos grandes consumidores a pagar por ese uso y además servirá para controlar y sancionar posibles vertidos contaminantes que actualmente no se pueden fiscalizar.
La nueva tarifa, que se implantará durante 2017, “es socialmente más justa porque van a pagar más los que más consumen y en muchos casos se va a reconocer el esfuerzo de los ahorradores con una reducción del recibo”, defiende el alcalde.
Esto se consigue disminuyendo los costes del agua de abasto suprimiendo la cuota mínima actual, fijada en 13 euros, una cantidad que deben pagar todos los abonados aunque no abran el grifo del agua en meses.
Ese mínimo se eliminará, con lo que la cuota que se paga por el consumo de agua de abasto para uso doméstico se reducirá para el 80 % de los actuales abonados de la ciudad.
La tasa de depuración se adecuará al caudal actual que se trata en las plantas especializadas con el fin de lograr el objetivo primordial de “vertido cero” al mar.
La inclusión de esta tasa al recibo del agua supondrá la reducción de hasta 2,5 euros mensuales a la mitad de los abonados de la ciudad y leves repuntes al resto dependiendo de la cantidad de agua consumida.
Finalmente, se añade un nuevo servicio de alcantarillado, pero a pesar de ello, los recibos finales de los abonados seguirán reflejando una bajada de la tarifa en, al menos, el 15 % de los clientes, ha asegurado el alcalde.
El incremento tarifario para los grandes consumidores no afectará a las familias numerosas con pocos recursos que viven bajo el mismo techo, pues Emalsa ya les aplica un sistema tarifario especial que permite consumos más amplios a precios reducidos.
Además, aquellos hogares sin ingresos o con grandes dificultades económicas no pagarán nada por sus consumos de agua, ya que se implantará un nuevo Bono Social del Agua que permitirá la gratuidad del recibo del agua a más de 5.000 familias.
La nueva estructura tarifaria permitirá hacer frente a los elevados costes de mantenimiento de infraestructuras básicas de saneamiento y alcantarillado, y además proporcionará fondos para poner en marcha el Bono Social del Agua (dotado con 500.000 euros).
También procurará 1,5 millones de euros más cada año para ejecutar un plan de inversiones en infraestructuras hidráulicas, y se podrá también crear nuevos equipos de limpieza, inspección y emergencias para el alcantarillado de la ciudad con la contratación de 30 empleados más para este fin, ha dicho el alcalde.
Asimismo, se instaurarán mecanismos de control y penalización tanto para los usuarios que incumplan con las normas de carácter medioambiental, como para la concesionaria del servicio municipal de aguas en caso de incumplimiento de los contratos de abasto, saneamiento y depuración que tiene adjudicados.
