Propietarios de apartamentos del sur defienden que se derogue el decreto de renovación turística
Los propietarios de varios complejos de la localidad turística de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) han defendido este sábado que se derogue el Decreto 85/2015 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de renovación y modernización turística de Canarias y el Plan General de Ordenación del municipio (PGO), documentos que regulan los usos turístico y residencial de los alojamientos e impiden la convivencia de ambos.
En una asamblea celebrada en el hotel Gloria Palace de San Agustín, que comenzó más tarde de la hora fijada debido a un problema en la organización y que congregó a más personas de lo previsto, los dueños de apartamentos del complejo Playmar y de otros alojamientos del municipio acudieron para transmitir su preocupación e incertidumbre por el futuro de sus propiedades y donde además, el administrador de Playmar informó de que ha pedido varias citas al alcalde Marco Aurelio Pérez (PP) para abordar la problemática, quien aún no ha accedido a recibirlos.
Durante la reunión, la mayoría se mostró a favor de presentar un gran número de alegaciones, tanto a nivel individual como a través de la comunidad, y añadieron que cada trámite puede ser suscrito por más personas, independientemente de que no tengan un apartamento en propiedad. Según los perjudicados por el PGO, esta es la primera medida que van a poner en marcha, aunque no descartaron acudir a la vía judicial en el caso de que las alegaciones no prosperen.
Uno de los afectados, Eugenio del Toro, remarcó que estas alegaciones deben presentarse tanto al Ayuntamiento de San Bartolomé, como al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias, porque, según defendió, todos deben “luchar para que no nos quiten los apartamentos”. Él y su esposa poseen cuatro en Playa del Inglés, de los que algunos están en explotación y otros los usan de manera particular varias veces al año. Todos ellos, señalan, pueden recuperarlos cuando quieran o tras el vencimiento del contrato con el explotador turístico; todo lo contrario a lo que ocurriría en el caso de aplicarse el decreto del Gobierno de Canarias, el cual los obligaría a ceder sus apartamentos al turoperador para explotarlos turísticamete. Del Toro expuso los argumentos que lo posicionan en contra de esta normativa ya que, a su juicio, algunos explotadores no garantizan un pago mínimo a los propietarios, realizan reformas en sus apartamentos o que muchos de ellos se llevan los beneficios a sus países de origen.
Jesús Clavijo, que también tiene en propiedad un apartamento en Playa del Inglés, herencia de sus padres que lo compraron en 1973, apuntó que esta cesión de los apartamentos al explotador turístico viola determinadas leyes, como la de arrendamiento urbano y la de propiedad horizontal, y destacó que muchas personas que viven en un bungaló o apartamento en el sur deberían abandonarlos sin tener otra vivienda donde acudir.
El 30% de la planta alojativa es de uso residencial
Clavijo declaró que el Ayuntamiento del municipio permitió durante 20 años el empadronamiento y el uso residencial en complejos y fincas construídas en suelo turístico, “a sabiendas” de que en la zona no había infraestructuras, parques, colegios o zonas deportivas y, que además, “no podía facilitarlas”. “Aplicar la ley significa desalojar a 17.000 personas, al 30% de la planta alojativa de San Bartolomé, y eso es inviable”, expresó.
Este propietario señaló que el uso de su apartamento es mixto: una época del año lo disfruta la familia y durante la temporada alta, el explotador turístico lo alquila a los extranjeros; un convivencia, que desde su punto de vista, ha sido “perfecta”. Aunque reconoció que hay propietarios que durante la etapa de uso residencial, lo arriendan a otras personas.
A su juicio, las motivaciones que han impulsado el decreto promovido por el Gobierno regional son de índole económica y comercial, con el fin de “convertir el sur” en grandes complejos turísticos donde no resida nadie.
María Adela Álamo, una jubilada que acude con frecuencia a su apartamento que adquirió hace 40 años en Playa del Inglés, y que lo tiene como segunda residencia, acusó a los explotadores turísticos de pretender “quedarse con los apartamentos y hacer con ellos lo que quieran”. Álamo subrayó que el turoperador les paga 200 euros al mes y que a los extranjeros les cobran entre 50 y 60 euros diarios. “Esto es una cacicada, una expropiación”, declaró molesta.
