Televisión Canaria continúa prestando servicios de forma irregular
El administrador único de la Radio Televisión Canaria (RTVC), José Carlos Naranjo Sintes, ha reconocido que “por falta de tiempo y de personal” los materiales y las instalaciones con los que se presta el servicio informativo en las comarcas sur y norte de Tenerife y sur de Gran Canaria se pagan de forma irregular, con el sistema de “contra factura”, por lo que se ha visto obligado a “hacer un expediente de nulidad y pagarlo para evitar el enriquecimiento injusto de la administración”. Sin embargo, ha asegurado que están “trabajando” para “hacer esos contratos con la empresa que toque mediante un procedimiento conforme a la ley 13/2014”, en cuanto consigan más administrativos expertos en contratación pública. “No tenemos gente ni para hacer un contrato menor”, ha remarcado.
De esta manera ha respondido Naranjo Sintes a la pregunta de la diputada de Nueva Canarias Esther González durante la comisión de control de la RTVC. “Una vez fue rescatado el servicio, la empresa pública Radio Televisión Canaria asumió el personal y se firmaron los contratos de alquiler de equipos y de instalaciones, porque la empresa no contaba con los medios necesarios”. Pero ahora, aunque comprende la escasez de tiempo para una licitación para el arrendamiento de los locales en las comarcas norte-sur Tenerife y sur de Gran Canaria, ha acusado al administrador único de “ocultar cómo se ha llevado a cabo la contratación de los medios técnicos, así como el alquiler de las instalaciones” y de actuar “igual que los que le precedieron”.
Naranjo Sintes ha reiterado durante sus intervenciones que en la RTVC necesitan “responsable de los servicios jurídicos, responsable de recursos humanos y, sobre todo, técnicos superiores, que están dentro de la administración y que conocen la contratación pública” para poder hacer frente al mandato dictado por el Parlamento de Canarias en junio de 2018 por un periodo de seis meses, pero ampliado hasta que se elija una nueva dirección gracias a una enmienda in voce presentada por Coalición Canaria y apoyada por el Partido Popular y Agrupación Socialista Gomera.
El mandato del administrador único consistía esencialmente en evitar que la televisión dejara de emitir y el mantenimiento de los puestos de trabajo, tanto de los empleados de las islas capitalinas (subrogados en junio de 2018) como de los trabajadores que desempeñan su labor en las comarcas norte y sur de Tenerife, sur de Gran Canaria e islas no capitalinas. Y la mayoría de los grupos parlamentarios reconocieron que ha cumplido con estos objetivos, aunque Nueva Canarias mantiene que la forma de proceder, ocultando información, es similar a la de su antecesor, Santiago Negrín.
Naranjo Sintes repitió en numerosas ocasiones que la ley le impedía subrogar a los 90 trabajadores de las islas no capitalinas, porque la empresa que prestaba los servicios informativos (Videoreport) tenía subcontratadas a otras entidades para cubrir esas delegaciones. “Los trabajadores no podían ser subrogados, porque no existía relación contractual ninguna con ellos”, explicó el administrador único. Pero este martes relató que la disposición transitoria primera de la ley 13/2014, en vigor desde el 1 de enero de este año, le habilita para subrogar a los trabajadores a medida que vencen los contratos que esos empleados tienen con las productoras.
Así, el 13 de enero, el ente público asumió al personal de las delegaciones del norte y sur de Tenerife (siete trabajadores) y del sur de Gran Canaria (seis trabajadores). Los trabajadores del resto de las islas serán subrogados cuando venzan los contratos con sus productoras el 31 de mayo: nueve trabajadores en El Hierro, nueve en La Gomera, nueve en La Palma, ocho en Fuerteventura y ocho en Lanzarote. Naranjo Sintes también anunció que el 31 de marzo se procederá a la subrogación de once trabajadores en Tenerife y once en Gran Canaria vinculados a los equipos ENG (unidad móvil, como cámaras).
En cuanto a las condiciones laborales de los subrogados, Naranjo explicó que dada la variedad de las empresas de las que provienen, se mantienen hasta que el Parlamento de Canarias decida qué modelo de gestión de informativos, cuando, en su caso, se negociaría un convenio colectivo. En este punto insistió en la escasez de recursos con los que intentan cumplir su labor al mismo tiempo que consideró como posible solución al “principal problema” con el que a su juicio desempeñan su labor actualmente sería la firma de un convenio con la Comunidad Autónoma para adscribir al ente una serie de funcionarios con amplios conocimientos en contratación administrativa.
