Suárez Gil, sobre sus armas prohibidas: ‘’Son trastos viejos, como quien tiene sacacorchos’’

“¿Y a mí que me importaba si estaba prohibida si no funcionaba?” José Miguel Suárez Gil, expresidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, ha defendido este miércoles que las armas prohibidas incautadas en el registro practicado en su domicilio el 4 de enero de 2011 son históricas, que eran parte de una colección y que no estaban operativas. “Son trastos viejos, como quien tiene sacacorchos”, ha sentenciado el también exdiputado regional en el juicio que se sigue en su contra por tenencia ilícita de armas.

La vista oral, que se suspendió el 14 de octubre por la renuncia de la anterior abogada del empresario, se ha celebrado este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria. La Fiscalía solicita tres años de prisión para el acusado por un delito de depósito de armas. Por su parte, Josefina Navarrete, exesposa de Suárez Gil y acusación popular en este caso, reclama dos años de cárcel por tenencia de armas prohibidas, dos por depósito de municiones y un año y seis meses por la tenencia de armas sin licencia.

A Suárez Gil se le juzga por el arsenal hallado en su casa de Tafira Baja en un registro policial realizado después de que el empresario fuera detenido por amenazar con un arma de fuego a Navarrete, a quien encañonó con una pistola con bala en la recámara.

“Tenía un número bastante amplio de armas, todas con guía -de pertenencia- y licencia. Las utilizo cuando voy de cacería”, comenzó manifestando Suárez Gil, quien, no obstante, reconocería después que solo tenía permisos para aquellas “de uso habitual, de caza y caza mayor” y no para las que denominó “históricas”. También admitió que no había renovado la licencia de tipo B (para armas cortas, de defensa personal).

Preguntado por el fiscal sobre la incautación de un arma de defensa eléctrica, que solo pueden manejar los funcionarios policiales especialmente habilitados, el empresario alegó que había sido un regalo y que nunca la utilizó. En relación a otras de las armas prohibidas que fueron requisadas, unos silenciadores de calibre 22, afirmó que podía comprarlos “en Londres y Sudáfrica” como coleccionista.

De los hechos del 4 de enero de 2011, Suárez Gil dijo que no había estado presente en el registro de su domicilio, ya que había sido detenido, esposado y trasladado al patio y que la mayor parte de las armas, “salvo algunas pequeñas pistolas”, estaban colgadas en la pared de una sala que llamaba trophy room, en la que también tenía cabezas de animales cazados.

El empresario se negó a contestar a las preguntas formuladas por la acusación popular, que quería saber, entre otras cuestiones, por qué una de las armas tenía el número de serie borrado; si el hallazgo de cartuchos que no se podían utilizar en el material requisado significaba que tenía más armas escondidas; si en su arsenal figuraba un subfusil de tipo israelí, también prohibido, o si las que denominaba históricas estaban registradas en el libro de coleccionista.

Antes de la declaración de Suárez Gil, la defensa pidió la retirada de la prueba de entrada y registro, al considerar que los agentes de la Policía Nacional que la practicaron vulneraron el principio constitucional de la inviolabilidad del domicilio.

Entendía la abogada que no se habían dado los supuestos requeridos para la misma: que se estuviera produciendo un flagrante delito (según la letrada, el de amenazas cesó cuando se le detuvo), que fuera autorizado por un juez o que contara con el consentimiento del propietario. “Lo único que tuvo fue el consentimiento de su esposa, que nunca puede ser válido”, afirmó, “puesto que no era moradora de la vivienda ni era su domicilio conyugal y, además, había un conflicto de intereses, porque se encontraban en trámites de separación”.

Tanto el fiscal como el abogado de la acusación popular consideraron que no se había producido ninguna vulneración, que los agentes entraron “para evitar un posible homicidio” y que fue posteriormente cuando aparecieron los indicios del arsenal. Además, el letrado de Navarrete expuso que la demanda de divorcio fue presentada en febrero de 2012 y los hechos ocurrieron en enero de 2011 y que su representada había acudido al domicilio a retirar sus pertenencias porque estaba “en plena mudanza”.

Episodios de violencia en Miami

Josefina Navarrete explicó que los hechos se produjeron un día después del regreso de la pareja de una estancia de tres meses en Miami, lugar donde habían iniciado en 2009 las gestiones para comprar una casa, y que ya en este viaje se había producido algún “episodio violento”, por lo que había decidido tomarse “unos días de distanciamiento” y mudarse a una casa que mantenía desocupada desde 2006. La abogada precisó, no obstante, que la vivienda de Tafira también era de su propiedad.

Según su relato, una buena parte de las armas requisadas al empresario fueron halladas en un maletín “negro, cuadrado, tipo piloto”, que se encontraba en el vestidor, una estancia donde guardaba su ropa y objetos personales y a la que “casi prohibía la entrada”. “Las escopetas y los rifles estaban colgados en la pared”, señaló Navarrete, quien reconoció que fue ella quien advirtió a los agentes de que Suárez Gil tenía más armas, que abrió una caja fuerte y que el registro se realizó con su autorización.

“Conocía que tenía armas, él quería que yo aprendiera a usar una de ellas, decía que era de mujer. Nunca tuve la intención”, concluyó Navarrete.

Armas operativas y no antiguas

En la vista oral celebrada este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria también comparecieron varios agentes de la Policía Nacional presentes en el registro, que explicaron el operativo que montaron -con hasta tres indicativos- tras recibir el aviso del 091 (a quien había llamado una amiga de Navarrete que presenció la escena), así como conocidos que frecuentaban el domicilio de Suárez Gil, que certificaron que el empresario era un coleccionista de armas y que Navarrete “pocas veces” se encontraba en la casa en las reuniones a las que asistían.

Por su parte, tres peritos -dos de la Policía Nacional y uno de la Guardia Civil- ratificaron que todas las armas incautadas estaban operativas, menos una, la Astra de 6.35 mm., que consideraron inutilizada a pesar de que no contaba con el certificado que acredita esta condición. En cuanto a los rifles de la marca Beretta -prohibidos por combinar arma de fuego con arma blanca-, manifestaron que no disponían de munición para poder probarlos, pero que “en vacío eran operativas”, esto es, que todos sus mecanismos funcionaban correctamente.

El perito de la Guardia Civil matizó que, a efectos reglamentarios, alguna de las armas que Suárez Gil calificó como antiguas o históricas, como la Browning de calibre 7.65 mm, no lo eran, ya que la actual normativa -en vigor desde 2011- aplica este criterio a las anteriores a 1890 y la precedente, a las fabricadas antes de 1870.

Los tres peritos confirmaron que el empresario no tenía licencia para poder utilizar las armas requisadas.