NC y Podemos no apoyarán la 'Ley Plasencia' del Cabildo tinerfeño
No parece que vaya a tener largo recorrido parlamentario la proposición legislativa que promueve el Cabildo de Tenerife para que el Gobierno regional se haga cargo de abonar la condena de los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia por un delito ecológico en los barrancos de Güímar.
A los reparos expresados por el Grupo Socialista hacia la iniciativa se ha sumado la condena frontal a admitirla a trámite por parte de Podemos y Nueva Canarias (NC), grupos para los que el texto cabildicio intenta “evitar a toda costa el pago de indemnizaciones a los empresarios extractores condenados por delitos ambientales”.
Así lo asegura la portavoz de la fuerza morada, Noemí Santana, mientras que el líder de NC, Román Rodríguez, recalca que “la espera por la Ley retrasa la ejecución de la sentencia y favorece a los condenados”.
Para Santana, “parece increíble que con una condena en firme contra los empresarios extractores en el entorno de los barrancos de Güimar, el pago de la misma pueda estar pendiente de la aprobación o no de una iniciativa legislativa en el Parlamento”.
Según la portavoz de la formación morada, esta iniciativa “promovida por Carlos Alonso y que apoya el presidente Fernando Clavijo para que sea tramitada en el Parlamento no es sino la constatación de que CC gobierna para los grandes empresarios”.
Ley infumable
En parecidos términos, el líder de NC asegura que “la ley compromete el patrimonio público de la Comunidad Autónoma, como dicen varios informes de los departamentos del propio Gobierno”.
Por ello, considera que “es inaceptable el informe favorable a la tramitación del Gobierno de Clavijo , a favor de una Ley infumable para favorecer a su amigo Alonso”.
Al respecto, Rodríguez recuerda que el presidente del Cabildo “quiere asumir las competencias en carreteras, pero cuando las tiene, como en este caso, elude sus responsabilidades y se las pasa a la Comunidad Autónoma”, porque “la ley no es el instrumento para ordenar la recuperación de los barrancos, sino el planeamiento insular”.
“Estamos en contra de que la Administración pague con dinero de la ciudadanía una multa que deben abonar aquellas personas que causaron el enorme daño ecológico que todavía se deja sentir en los Barrancos de Güimar”, insiste por su parte Santana.
En riesgo las Políticas Sociales
La portavoz añade que “esos casi 350 millones de euros que saldrían de las arcas públicas para saldar una deuda contraída por empresas privadas ponen en riesgo la continuidad de políticas sociales esenciales en nuestra Comunidad”.
Además, la portavoz de Podemos añade que “también estamos Igualmente preocupados por los posibles vínculos entre esta iniciativa y el proyecto de Ley del Suelo, que es posible que pretenda vincular una nueva oleada constructora con la extracción de áridos en la zona”.
Y, como también apuntaba el líder de NC, Santana cree que “lo que es más grave es que la nueva Ley deje sin efecto los trámites de modificación parcial del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) para que la zona de extracción ubicada en Güimar pase a ser Suelo Rústico de Protección Ambiental”.
“Esta iniciativa no tiene nada que ver con nuestro compromiso de que no queremos que vuelva a salir ni una sola carretilla más de arena de los barrancos de Güímar”, concluye Santana.
