La jueza del caso Mediador investiga las filtraciones del sumario

El Juzgado de Instrucción numero 4 de Santa Cruz de Tenerife ha acordado incoar diligencias previas por presunta revelación de secretos ante las “múltiples y continuas publicaciones” en referencia al denominado caso Mediador. La jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo ha adoptado esta decisión a instancias de uno de los investigados, el ex diputado nacional del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

El 14 de febrero de este año, se llevó a cabo la detención de once de los doce investigados por una trama presunta trama de sobornos a cargos públicos, entre otros delitos. Un día antes, la jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo dictó un auto por el que ordenó que, una vez practicadas las detenciones, se levantara el secreto de sumario y las diligencias fueran entregadas a todas las partes, ya que hasta ese momento solo las conocían el Ministerio Fiscal y los equipos de la Policía y la Guardia Civil al cargo del caso.

Sin embargo, según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la magistrada cree ahora que “las múltiples y continuas publicaciones” relativas al caso Mediador podrían ser constitutivas de un delito de revelación de secretos y ha abierto unas nuevas diligencias para determinar si es así.

Entre los investigados hay dos antiguos cargos públicos: el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, quien dimitió tras salir a la luz la investigación judicial, y su sobrino Taishet Fuentes, quien fue director general de Ganadería en las Islas.

El único de los investigados que permanece en prisión es el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, desde el 16 de febrero, por riesgo de fuga y de ocultación o destrucción de fuentes de prueba. El día de su detención guardaba en su domicilio en Madrid 61.100 euros en metálico, repartidos entre una caja de zapatos y un bolso dentro del armario de su habitación y rollos de ropa en el cajón de una estancia contigua.

Marco Antonio Navarro Tacoronte es quien da nombre a la trama, al ser quien ponía en contacto a los empresarios con los cargos públicos para ejecutar los fines presuntamente ilícitos. El caso se inició entregó en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife dos teléfonos móviles y un pendrive que contenían una gran cantidad de archivos audiovisuales con los que anuncia que podía demostrar casos de corrupción del Gobierno de Canarias.

En concreto, Navarro Tacoronte entregó esos archivos para defenderse de una denuncia por estafa que formuló contra él el entonces director general de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Pérez Peña, con el que mantenía una relación personal que les llevaba a compartir una tarjeta de crédito revolving. El Mediador pretendía demostrar con sus archivos guardados en los teléfonos que los pagos fraudulentos que se le atribuían eran conocidos por el denunciante.

Navarro Tacoronte ha concedido numerosas entrevistas en las que ha hecho múltiples acusaciones a personas que no están investigadas, que han propiciado una ristra de querellas por los aludidos. Incluso se presentó en un pleno del Cabildo de Tenerife en el que se trataba la investigación judicial acompañado del líder de un partido de Arona y el periodista Félix Rojas. Allí, el presidente de la Corporación Insular, Pedro Martín, tuvo un momento tenso cuando Navarro Tacoronte intentó tomar la palabra: “Esto no es un circo, no puede intervenir, si no sale fuera”, le espetó.

En la investigación, la jueza aceptó que se personaran en la causa las cinco partes que han pedido ejercer la acción popular -PSOE, PP, Vox, el partido local Fuerza Canarias, Aguaiuris, organización de usuarios y consumidores de aguas y la AUGC-, pero si conformaban una sola acusación. La AUGC manifestó su rechazo a esta decisión porque compartir la concurrencia con otras entidades le implicaría tener que asumir planteamientos de naturaleza política ideológica en contra de “las normas de obligado cumplimiento” que les rigen.

En una providencia del pasado 22 de marzo, la jueza citó a declarar el día 31 de este mes a dos personas relacionadas con Espinosa Navas: su examante y un empresario canario, quienes supuestamente hacían de contacto entre el general retirado y la UD Las Palmas y Lopesan.