La justicia frustra el primer intento del Ayuntamiento de Mogán para paralizar el reparto del Fdcan del Cabildo de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Mogán no ha logrado su objetivo de paralizar el reparto de 476 millones de euros a cargo del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para tres cabildos (Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro) y las dos universidades públicas del Archipiélago. El magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Teba, ha desestimado el recurso presentado por la corporación gobernada por Onalia Bueno, que pretendía que se suspendiera el procedimiento como medida cautelar o, en su defecto, que se le incluyera en el programa de reparto aprobado a principios de año por el Cabildo grancanario. 

Para el magistrado no sería “ni sensato ni responsable” paralizar esa dotación, puesto que implicaría “que se detuviera durante largo tiempo la ejecución de numerosos proyectos que redundan en favor de la población canaria” y, por tanto, sería contrario al interés general. 

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ya anunció el 9 de febrero que acudiría a la justicia para denunciar la exclusión del municipio en el Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria para el periodo 2023-2027. Lo hizo en una rueda de prensa acompañada de Antonio Ortega, alcalde de San Mateo (el otro municipio que quedó fuera de ese programa) y de Fernando Clavijo, líder de Coalición Canaria (CC), el partido al que se ha aliado Bueno, que hará doblete al Ayuntamiento (como Juntos por Mogán) y al Parlamento (como número tres en una lista en la que la preceden Pablo Rodríguez y la diputada tránsfuga Vidina Espino). 

La polémica viene de lejos. En 2016, los ayuntamientos de Mogán, San Mateo y Firgas decidieron desvincularse del acuerdo que había adoptado el Cabildo de Gran Canaria con el resto de municipios para repartir esos fondos y presentar proyectos directamente al Gobierno regional. Y el Ejecutivo, entonces presidido por Clavijo, les premió por ello. De hecho, Mogán fue el más beneficiado. Se le concedió más dinero del que pidió. El consejero de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez (Nueva Canarias), explicó recientemente que Mogán y San Mateo recibieron en esa convocatoria más fondos de los que le correspondían por diez años del programa y que, por tanto, no pueden ser incluidos en la del próximo cuatrienio. Firgas, en cambio, recibió menos, por lo que sí fue incluido en el reparto acordado para el periodo 2023-2027.

El acto impugnado por el Ayuntamiento de Mogán es, en realidad, la orden de la Consejería de Economía del Gobierno canario que da inicio al procedimiento para presentar programas y proyectos susceptibles de recibir recursos del Fdcan y no el posterior reparto del Cabildo de Gran Canaria. Por ello, el magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 5 de Las Palmas de Gran Canaria expresa sus dudas de que sea competente para enjuiciar su legalidad. 

Aun así, el juez decide analizar la controversia y decantarse por el “interés general representado en el acceso a los fondos” por parte de los cabildos de Gran Canaria, Fuerteventura, El Hierro, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL). 

El auto rechaza las medidas cautelares solicitadas por el Ayuntamiento de Mogán (la suspensión del procedimiento o su inclusión en el programa del Cabildo de Gran Canaria) y recuerda que, en caso de que finalmente prosperasen las pretensiones del Consistorio sureño, no habría peligro de que se quedase sin esos fondos, puesto que podrían habilitarse los créditos necesarios para que se cumpla esa eventual sentencia estimatoria. 

La resolución judicial agrega que el Ayuntamiento de Mogán ni cifra la cantidad de la que resultaría beneficiario en caso de ser incluido en el programa del Cabildo ni detalla qué tipo de actuaciones pretende acometer con esos fondos. Por todo ello, la medida cautelar solicitada “no es más que una simple petición de anticipación del fallo”. 

El auto no es firme. Se puede recurrir en apelación en el plazo de quince días.