Ana Belén Álvarez: “No hay desarrollo económico si no existe justicia social”
Ana Belén Álvarez (Santander, 1963) asumió este verano nuevas responsabilidades políticas tras ser nombrada consejera de Empleo y Políticas Sociales, un departamento de nueva creación en el Gobierno de Cantabria que nace con el objetivo de agrupar en una misma área del Ejecutivo autonómico las competencias destinadas a “proteger a las personas y a sus derechos”. Y es que precisamente las personas, en su individualidad y no como una mera cifra, están muy presentes en el discurso de la dirigente socialista, que ya la pasada legislatura ejerció como directora general de Trabajo en el anterior bipartito PRC-PSOE.
Esta licenciada en Filosofía y Letras, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales y máster en Igualdad de Género y Políticas Públicas, es funcionaria del Estado desde 1990 y ha pasado por todos los niveles de la Administración hasta ocupar su cargo actual, donde se plantea como prioridades luchar contra la precariedad y la temporalidad, reduciendo a la mínima expresión esa figura tan común en nuestros días del “trabajador pobre”, que pasa dificultades económicas incluso teniendo un trabajo. “No hay desarrollo económico si no existe justicia social”, defiende. Por eso, tiene claro que “la única manera de salir de la exclusión social es a través de un trabajo digno” y opina que “el empleo es un bien social que hay que proteger jurídicamente”.
Ya se han superado los primeros 100 días que se suelen dar de cortesía a un nuevo Gobierno tras la toma de posesión. ¿Qué balance hace de este arranque de la legislatura?
El aterrizaje es vertiginoso, pero al mismo tiempo resulta ilusionante trabajar en una Consejería que está dirigida a las personas y a sus derechos, que trabaja por el empleo y las políticas sociales. Estoy muy contenta con el equipo que conformamos, que para mí es fundamental. Es de plena confianza, de trabajo y dedicación. La valoración es positiva. Nada más llegar tocó ponerse a trabajar en el presupuesto, pero antes he ido a visitar los distintos centros, las dependencias, que son muchas, de este departamento, para ir viendo a las personas que están trabajando ahí, para comprobar cuáles son sus necesidades, qué líneas de mejora podemos poner en marcha, conocer de primera mano a los que están trabajando sobre el terreno, que son fundamentales.
Sin embargo, no es nueva dentro del engranaje del Ejecutivo, ya que la pasada legislatura asumió las competencias de Trabajo. ¿Ha notado el cambio a nivel personal tras ponerse al frente de la Consejería?
Es diferente, no tiene nada que ver. Para mí ha sido muy importante haber ido pasando por distintas etapas. Conozco la Administración como funcionaria que atiende al público, en la atención directa al ciudadano, que me parece lo más importante. Luego he pasado por una Dirección General tan relevante como la de Trabajo, con competencias como autoridad laboral. Pero el paso al frente de asumir el liderazgo de una Consejería incrementa de una manera importante no solo las responsabilidades, sino también tu compromiso permanente, la visión de muchas más áreas, aunque todas estén enfocadas a los derechos y las prestaciones que tienen las personas. Sientes vértigo e ilusión. El salto es muy importante.
Subraya siempre que es una Consejería dedicada a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, con áreas tan sensibles como el empleo, una de las mayores preocupaciones a nivel social. ¿Podemos esperar buenas noticias a corto plazo en lo que se refiere a las cifras del paro o debemos prepararnos para una época tan dura como apuntan algunos agentes económicos?
Lo hemos dicho varias veces: estamos ante una ralentización, no solo en Cantabria, también en España, en Europa y en el mundo. Ante un frenazo en el desarrollo económico, y eso lo que nos hace es tener un otoño complejo dentro del ámbito del empleo. Pero sí que es verdad que el escenario en el que nosotros nos movemos, si nos comparamos con Europa, nos hace estar en una mejor posición en estos momentos. Eso no quiere decir que haya complacencia, ni muchísimo menos.
Si nos centramos en Cantabria, hay un enfriamiento, una ralentización evidente. Los datos son objetivos, pero si nos enfocamos en la EPA del último trimestre, somos la tercera comunidad autónoma con menor tasa de paro, solo por detrás de Navarra y Baleares. Luego, un dato muy importante: en estos momentos tenemos a más de 220.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en Cantabria, lo que ha supuesto que en el último año, a pesar del incremento del paro del último mes, tengamos a 3.000 personas más afiliadas y 18.000 respecto a hace cuatro años. El dato estadístico nos lleva a una situación que no se daba desde 2008, pero debemos estar con la mente preparada porque estamos ante un frenazo económico que nos puede ir repercutiendo. Eso sí que lo tenemos que tener claro.
¿Y cómo está de preparado el mercado laboral de Cantabria para afrontar ese frenazo?
Esa es la gran duda. Si tenemos en cuenta que el mercado laboral de Cantabria está sufriendo en estos momentos un incremento de la temporalidad, pues lo que tenemos es que apostar precisamente por lo contrario, por la contratación indefinida. Lo tengo claro, pero no solo apostar porque sí, sino porque los hombres y mujeres que están trabajando van a tener un mayor compromiso con su empresa, mayor sentido de pertenencia, van a ser mucho más productivos, van a tener mucha menor siniestralidad, con lo que eso supone.
El Banco de España, que ha sido muy controvertido en otras ocasiones en materia de empleo, ha dicho claramente que la contratación indefinida favorece el consumo interno. Cuando tienes un contrato indefinido te sientes más seguro y dispones de esa tranquilidad, mientras que la temporalidad lo que te deriva es a la contención. Entiendo que una empresa tenga inquietud por una situación concreta, porque no tenemos Gobierno, porque no hay presupuestos… Las inversiones a veces se contienen, pero hay que dar tranquilidad para que apuesten por la contratación indefinida. De hecho, nuestras medidas van totalmente focalizadas ahí, y por eso hemos incrementado un 68% las ayudas a la contratación indefinida para el próximo año. Hay que dar ese margen de confianza para que las empresas tengan certeza y seguridad.
Al margen de la temporalidad, con la crisis se ha consolidado la figura del trabajador precario, que a pesar de tener empleo no llega a final de mes y aparece en las estadísticas por estar en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Cómo se puede luchar contra eso desde una Administración en las actuales circunstancias?
Hay varias vías. En primer lugar, hay que recordar que los que generan los puestos de trabajo son los empresarios, eso está claro. Pero tenemos que reflexionar para acabar con esa precariedad. Si están haciendo una contratación temporal de menos de siete días, pero saben en una temporada estival o a tres meses vista qué tipo de trabajo van a tener, ¿por qué no se hace un contrato de tres meses? Va a salir más barato, porque las cotizaciones a la Seguridad Social se incrementan cuando las contrataciones son tan cortas. ¿Por qué siendo más caras las cotizaciones se hacen más contratos de menos de siete días? Es algo sobre lo que hay que reflexionar, porque es probable que a esa persona se la tenga contratada mucho más tiempo sumando contratos. Los contratos de corta duración son más caros que los contratos de larga duración.
Por otra parte, también tenemos que trabajar con la Inspección de Trabajo, que lo hacemos de manera coordinada, para que aflore ese trabajo precario. Ya han aflorado 5,7 millones de euros de cotizaciones a la Seguridad Social y 580 personas han salido de la economía sumergida en Cantabria en los últimos meses. Se les ha dado de alta de oficio. Es decir, que la Inspección de Trabajo va sacando a la luz progresivamente toda esa situación. Y luego, hay que trabajar también en la conversión de contratos temporales que de facto son indefinidos, algo que también se está haciendo: tanto los 620 que ha habido dentro del Plan Director por un Trabajo Digno como los 580 que ha habido en estos 10 meses del año por trabajo de la Inspección. Respecto a ese trabajador pobre, que tiene contratos a tiempo parcial cuando trabaja a jornada completa, algo que afecta sobre todo a mujeres, no estamos hablando solo de lo que se percibe ahora, sino de lo que recibirá a futuro.
Y hay otra cuestión de la que tampoco se habla: la negociación colectiva. La prevalencia del convenio de empresa frente al convenio del sector o la inaplicación de los convenios colectivos. Cuando es una empresa grande, que tiene un comité potente, la negociación colectiva es directa. Pero cuando estamos hablando del tejido empresarial de Cantabria, con una gran mayoría de empresas con menos de nueve trabajadores, ¿tienen el mismo equilibrio de fuerzas para que prevalezca el convenio de empresa frente al del sector? Las relaciones son asimétricas entre el empresario y el trabajador. Tienes que ir a juicio para que te paguen lo que te corresponde. Cuando hablamos de la precariedad estamos hablando del salario, de cuántas horas se están trabajando y cuántas horas están contratadas… Y no solamente hablo de que se tenga que beneficiar el trabajador, sino también a las empresas, porque las que lo hacen mal están haciendo competencia desleal a las que lo hacen bien.
En el preacuerdo que se ha firmado entre el PSOE y Unidas Podemos a nivel nacional de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez, de salir adelante, contempla actuar contra los aspectos más lesivos de la última reforma laboral que consagró algunos de estos aspectos que está comentando. ¿Cree que va en la buena línea y es necesario garantizar esas condiciones laborales para los trabajadores?
Desde que se modificó en el año 2012 la prevalencia del convenio de la empresa frente al convenio del sector he considerado que es fundamental cambiarlo, como la inaplicación de los convenios colectivos. Es todo un paquete que es fundamental abordar. Tenemos que tener en cuenta que la negociación colectiva en España lo es para todos, con independencia de si se está afiliado o no se está afiliado a un sindicato. No es como en Alemania, donde los sindicatos tienen una afiliación casi del 100% exclusivamente porque si no estás afiliado no se te aplica el convenio. En España, la Constitución protege que la negociación colectiva sea para todos. Si es para todos, ¿cómo puedes establecer una relación bilateral de prevalencia del convenio de empresa de tú a tú en una empresa con cinco trabajadores? Ni siquiera se hace un convenio, sino que se va a la inaplicación del convenio del sector. Esa es una de las medidas más importantes para combatir la precariedad laboral en cuanto al tema retributivo y la dignificación de las relaciones laborales y todo el planteamiento referente a la temporalidad. El empresariado tiene que ver que el contrato indefinido no es una carga, sino mucho más productivo. Los hechos lo demuestran. Cuanto más contratación indefinida hay, mayor productividad y menor siniestralidad.
¿Cree necesario un examen de conciencia entre los empresarios sobre cómo se está gestionando el mercado laboral?
Claro. A gran escala. También tenemos que tener en cuenta esos mal llamados nuevos modelos de relación laboral. Estamos hablando de los falsos autónomos, de los riders… Estamos en el siglo XXI y hay que abordar cómo son las relaciones laborales en estos momentos. ¿Cómo van a ser en el futuro? A veces se habla del teletrabajo, pero… ¿todo teletrabajo? ¿Cómo son las relaciones ahí? ¿Cómo es la prevención de riesgos laborales, la salud de una persona que su centro de trabajo es su casa y tiene una relación por cuenta ajena? ¿Cuál es su tiempo de trabajo? Porque el descanso no se puede ver solo como ocio, sino también como salud. El descanso de 12 horas entre jornada y jornada tiene una razón, y es la salud. Regular todas estas cuestiones es complicado. ¿Tu casa es tu puesto de trabajo? ¿Cuánto tiempo se le dedica? ¿A plena disposición?
Algunas medidas que se incluyen en el presupuesto de su departamento para el año que viene, como las destinadas a la contratación indefinida, se suman a otras como las del fomento del empleo autónomo y dispone de más de 95 millones para políticas activas de empleo. ¿Qué efectos esperan conseguir?
El primer objetivo es trabajar para las personas que son demandantes de empleo, principalmente jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y parados de larga duración. Esos son siempre colectivos prioritarios, como las personas con discapacidad. Lo primero es trabajar en la orientación para que tengan su itinerario personalizado de empleo. En estos momentos hay una red de orientadores dentro de las oficinas de empleo que, además, vamos a reordenar su funcionamiento. La parte más burocrática, más administrativa, en estos momentos se hace a través de administración electrónica y hacia ahí tiene que ir para centrarnos más en la orientación y en la prospección. Orientar a la persona que está en desempleo a través de ese itinerario, que ese itinerario detecte si necesita formación o ya la tiene y lo que necesita es una oportunidad. Al mismo tiempo, trabajar en la detección de las necesidades que tienen las empresas para hacer una planificación de la oferta formativa.
¿Y cómo se pone en marcha algo así?
En el caso de los jóvenes se va a canalizar a través del fomento del contrato en prácticas en función de su titulación. Es decir, imbricar de una vez la parte educativa, la formación, y darles esa oportunidad a través de contratos en prácticas, sobre todo en la pequeña empresa, que es la que tiene más dificultades, y a través del sector público institucional. Que aprovechemos las empresas públicas para que dar esa oportunidad a los jóvenes a través del Servicio Cántabro de Empleo. También de la orden de corporaciones locales se desgajan cuatro millones de euros para que vayan dirigidos a fomentar esa garantía juvenil y articular ese mecanismo. Iríamos desde la orientación, con el itinerario, a la formación, si la necesita, hasta la oportunidad de encontrar un empleo.
Otra línea en la que estamos trabajando pasa por fomentar el trabajo autónomo para aquellas personas que quieran emprender, pero que lo hagan porque tengan esa inquietud. Vamos a hacer un decreto nuevo que apoye a esas nuevas iniciativas empresariales que tengan valor añadido. Vamos a trabajar en eso y en el mantenimiento del empleo autónomo. Son dos líneas que ya existían, pero que se han fortalecido para que aquellos autónomos que están entre los tres y cinco años, un momento crítico para el desarrollo de su actividad, tengan una ayuda destinada bien a inversiones, a mejorar su maquinaria, su mobiliario, al pago a proveedores…
Además, por supuesto, de fomentar la contratación indefinida. Lo que no vamos a incentivar nunca es la contratación temporal, que ya el mercado de trabajo mantiene. El empleo es un bien que tenemos que proteger y las medidas deben ser para su consolidación.
Dentro de esa inversión social que se prevé en las cuentas de 2020 hay también una partida importante para la vivienda y el incremento del parque público. ¿Qué necesidades han detectado en este ámbito?
Nuestra apuesta sigue siendo un alquiler social con un precio justo y razonable. Esa es la primera idea base, así como entender esta estrategia de vivienda como una política social. A partir de aquí, lo que sí queremos es incrementar el parque público de vivienda. Tenemos en torno a unas 300 viviendas que están prácticamente todas en alquiler y lo que planteamos es duplicarlas a lo largo de esta legislatura. Ese sería nuestro objetivo, porque si tenemos un mayor número de viviendas en alquiler dentro de nuestro parque público habrá una mayor oferta y es una manera de contener los precios. Hemos tenido varias reuniones, porque el mayor número de viviendas vacías son propiedad de los bancos y los fondos. Estamos trabajando con ellos para que nos faciliten viviendas para alquiler social teniendo la garantía del control del Gobierno de Cantabria.
En esa estrategia se incluyen las ayudas al alquiler, que no sé si están sirviendo para facilitar la emancipación de los jóvenes cántabros, otro de los problemas acuciantes a los que se enfrentan actualmente…
Tenemos un plan de vivienda que se aprobó el año pasado, todavía no ha cumplido un año, y dentro de esa política pública, los estudios y la normativa que desarrolla no llevan ni diez meses en marcha. Toda política pública requiere al menos un año para su evaluación. Y para valorarlo hay que hacer esa evaluación. A fecha de hoy sí podemos decir que más de 5.200 familias están percibiendo las ayudas al alquiler, que benefician a más de 13.000 personas. En ese análisis que hagamos habrá que ver cómo se han implementado, qué falla, qué se puede mejorar, dónde hemos acertado, dónde se puede actuar, si debemos buscar un mayor número de ayudas o es mejor ofertar más vivienda de alquiler directamente para jóvenes… Las líneas de actuación pasan por ahí: mayor número de viviendas de alquiler para jóvenes, mayor fomento a las ayudas al alquiler y a quiénes van dirigidas estas ayudas. Esas tres cuestiones son las que estamos abordando ahora.
En este arranque de legislatura también se está haciendo mucho énfasis desde el Gobierno de Cantabria, como una línea estratégica y transversal a todas las consejerías, en un aspecto como la lucha contra la despoblación. ¿Está actuando ahí la estrategia de vivienda?
¡Claro, claro! Hay una línea de actuación dirigida a jóvenes menores de 35 años, pero más que de alquiler está pensada para la adquisición de vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes y que está entorno a los 10.400 euros para la adquisición de un inmueble. Tendremos que ver también cómo hay que incentivar o fomentar la vivienda de alquiler en ese entorno rural. Por ejemplo, con los ayuntamientos estamos colaborando en la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal que estén destinadas al alquiler social. De momento, hay una en Fontibre, otra en una pedanía de Suances… Ayudamos a la rehabilitación de ese inmueble pero para que esté destinado a alquiler social. Vamos a seguir con ello.
Otra pata importante de las competencias de su departamento es la atención a la dependencia. Decía esta semana que hay cerca de 7.000 plazas concertadas en centros de día y residencias. ¿En qué punto está la normativa que regula el sector, que había despertado cierta alarma?
Había varias cuestiones. Respecto al ratio y el precio público no había discrepancias, pero sí con la entrada en vigor de la forma de acreditación. Según ellos trasladaron, no hubo colaboración y se hizo todo de espaldas al propio sector, porque no contaron con él. Ahora estamos buscando una manera de ver qué ocurre y valorarlo de forma serena, en beneficio de las personas que reciben la prestación, que son nuestros dependientes. Si la relación es mala, hay que sentarse de forma tranquila a ver qué ocurre, porque los perjudicados nunca pueden ser nuestros dependientes, las personas que reciben ese servicio. Ha habido una suspensión hasta el 30 de junio de la entrada en vigor de la forma de acreditación. El ratio y precio público se mantienen y vamos a llegar a un acuerdo a través del diálogo, que es fundamental. No podemos tener a un sector en armas, porque eso no es bueno para nadie. Por lo tanto, estamos trabajando para ver qué podemos mejorar, pero prestando siempre el mejor servicio.
La partida para dependencia el próximo año será superior a los 140 millones de euros. ¿Falta el apoyo del Estado, que no acaba de asumir su cuota de responsabilidad?
Evidentemente. Hay que tener en cuenta algo que es fundamental. En aquellos presupuestos de Pedro Sánchez que no se aprobaron la pasada primavera, que provocaron el adelanto de las elecciones, se preveía un incremento del 56% para la dependencia. Claro, eso no ha llegado. Es verdad que la Ley de Dependencia habla de que debe asumirse al 50% entre las comunidades autónomas y el Estado. En estos momentos, menos del 20% lo aporta el Estado y el resto lo financia cada comunidad autónoma.
Ahora mismo, para poder hacer los presupuestos de 2020, lo que ha habido en Cantabria es un compromiso de Gobierno para que educación, sanidad y, en menor medida, lo reconozco, los servicios sociales, crezcan. Y para mí, personalmente como consejera, considero que no existe desarrollo económico si no existe justicia social. Y la justicia social son esos tres pilares: la educación, la sanidad y los servicios sociales. Y los tres deben ser hermanos de primera, los tres. Es decir, es tan importante la educación como la sanidad o los servicios sociales. El desarrollo económico parte de la justicia social, por tanto, no hay desarrollo económico si no existe justicia social. Y aquí, en los presupuestos que hemos presentado, son las tres consejerías que más han crecido. No hay sido fácil, porque con estos mimbres, al no haber presupuestos en España, estamos limitados. Pero sí que ha habido ese compromiso.
En lo que respecta a la Renta Social Básica, que en Cantabria beneficia a más de 5.500 personas, ¿qué seguimiento se hace y cómo se ejecuta esa ayuda de emergencia para que las personas superen esa situación de exclusión social?
Es otra de las líneas estratégicas de la legislatura: la imbricación de las políticas sociales y las políticas de empleo. A una persona que está en una situación de dificultad, como pueden ser aquellos que perciben la Renta Social Básica, para salir de esa exclusión social necesita un empleo. Por ello, se va a imbricar la protección social con las políticas de empleo. Hasta ahora no se había hecho y es necesario. Se ha hecho un primer volcado de datos para que hay cruce informático entre beneficiarios de la renta social básica con el empleo. Por ejemplo, en ese itinerario personalizado de empleo, se pueda sondear y trabajar con los beneficiarios de renta social básica. Ahora se puede hacer y es en lo que se está trabajando ahora. Podremos saber qué necesita, que puede ser formación, o un certificado de profesionalidad, o realmente necesita áreas más transversales, motivación, autoestima… Esa serie de herramientas o habilidades sociales que son imprescindibles para encontrar un empleo. Se trabaja con ello para facilitar oportunidades y generar ese movimiento en el que la prestación social está relacionada con la política de empleo para que se pueda salir de la exclusión social. La manera de salir de la exclusión social es a través de un trabajo digno, de un trabajo que sea justo. Para mí, el empleo es un bien social que tenemos que proteger jurídicamente.
