Sanidad achaca a “errores humanos” el fallo en la notificación de las residencias de tres ancianos fallecidos con COVID

La Consejería de Sanidad de Cantabria achaca a posibles “errores humanos” los fallos en la notificación por parte de las residencias de los fallecimientos de tres ancianos con coronavirus, que este mismo departamento hizo públicos el pasado lunes y que elevaron la cifra de víctimas mortales en la comunidad autónoma como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 hasta las 211 personas. Estas tres muertes, que datan del 4 y el 17 de abril y del 4 de mayo respectivamente, se produjeron en residencias de mayores, pero no habían sido notificadas al registro de mortalidad convenientemente, permaneciendo ocultas, y fueron detectadas al darse de baja su tarjeta sanitaria.

“Nosotros entendemos que el fallo en la notificación se ha debido a un error humano, lo que también nos sirve para mejorar los sistemas que ya tenemos. Por un lado, recordando la necesidad y regulando la obligatoriedad de hacerlo vía resolución y, por otro, generando aplicaciones que permiten mejorar estos sistemas de notificación”, explican desde la Consejería de Sanidad a elDiario.es, que ha intentado sin éxito que el departamento que dirige el socialista Miguel Rodríguez (PSOE) hiciera públicos los nombres de las residencias afectadas por estos tres casos.

Además, desde la Dirección General de Salud Pública trasladan que “realizar algún tipo de penalización por el primer error que detectamos en este sentido no nos parece la mejor opción, porque creemos que tenemos que aprender de lo que sucede y seguir trabajando conjuntamente con las residencias para mejorar constantemente los circuitos de coordinación y comunicación”.

En este sentido, apuntan que “los primeros sistemas de notificación de COVID se hicieron ad hoc en una situación de pandemia y por tanto es normal que estén sujetos a errores humanos”. También restan importancia a esta situación, de la que tenían constancia desde hace semanas, y valoran que “lo importante es que, gracias a la revisión exhaustiva de la mortalidad, podemos ir alcanzando cifras sólidas del impacto que ha tenido la pandemia en Cantabria”.

De hecho, los datos oficiales indican que al menos 139 de los 211 fallecidos notificados hasta el momento en Cantabria como consecuencia del coronavirus eran ancianos que vivían en residencias de mayores, lo que supone casi un 70% de las víctimas de la pandemia. En total, 768 de las 3.088 personas infectadas con COVID-19 en la comunidad a lo largo de los últimos cuatro meses, cerca de un 25%, eran ancianos de edad avanzada que vivían en alguna de las más de 60 residencias de mayores que existen en territorio cántabro.

Pese a estas cifras, y la polémica gestión de las residencias que afecta a toda España, los responsables de Sanidad consideran que el sistema de notificación ha funcionado relativamente bien en Cantabria y para evitar más errores humanos en la transmisión de información sobre mortalidad se está desarrollando una aplicación que automatiza el proceso, aunque las competencias sobre la gestión de las residencias correspondan a otra Consejería.

“La coordinación con los Servicios Sociales es constante, hablamos muy a menudo, organizamos reuniones conjuntas y con residencias, hay grupos de trabajo en varias líneas importantes... Tenemos un objetivo común: que todo el sufrimiento que está generando el coronavirus sirva para mejorar nuestras estrategias, estructuras y protocolos. Que los servicios públicos mejoren y que la organización se fortalezca. Estamos haciendo cosas en meses que normalmente tardan años”, aseguran desde la Consejería de Sanidad. 

Posible expediente sancionador

Las versiones, sin embargo, no son coincidentes dentro del Gobierno de Cantabria. Las dos residencias en las que no se habían contabilizado los tres fallecimientos destapados este lunes podrían enfrentarse a un expediente sancionador en caso de que no los hubiesen notificado por “mala praxis”. Así lo confirma el director general de Política Social, Julio Soto (PSOE), cuestionado por elDiario.es sobre este asunto. “Si fuera así es claramente objeto de expediente disciplinario y de sanción”, subraya, a la espera de que la Consejería de Sanidad comunique a su departamento cuáles son las residencias implicadas.

Y es que según Soto han podido darse dos circunstancias: “Que Sanidad no los haya notificado en tiempo y forma o que las residencias no los hayan contabilizado”. Según explica el responsable del departamento que tiene las competencias sobre estos centros, durante la pandemia ha habido decesos en residencias catalogados como 'fallecidos con sintomatología compatible' con coronavirus pero a falta de confirmar que sea positivo en el virus. 

Según detalla en declaraciones a este periódico, Sanidad realizaba el parte de defunción en el hospital, la familia de la víctima se lo notificaba a la residencia correspondiente y esta se lo hacía saber a diario a Servicios Sociales. “En el parte, si no ponía expresamente como positivo en COVID, la residencia lo contabilizaba como 'fallecido con sintomatología compatible'”, apunta, remarcando que podría ser este el caso de los tres nuevos decesos.

Así todo, según señala, es algo que tendrán que investigar. “Todas las semanas mandábamos a Madrid, los martes y los viernes, un informe. Si la residencia nos oculta datos sería todavía más grave porque estaríamos ocultando datos al Ministerio”, concluye.

Protocolos para la notificación

Estos centros residenciales tienen la obligación de comunicar de manera inmediata directamente a la Consejería de Empleo y Políticas Sociales y a la Consejería de Sanidad a la dirección de correo habilitada al efecto todos los fallecimientos ocurridos en sus instalaciones por cualquier causa y, en particular, indicar si la persona era un caso confirmado y activo de COVID-19 o cualquier otra enfermedad infecto-contagiosa, según recoge la resolución por la que se establecieron medidas preventivas y de organización en los centros de servicios sociales de la comunidad autónoma durante el período de nueva normalidad.

Asimismo, en la resolución se recoge que todos los centros deben contar con un profesional que actúe como coordinador COVID, que desempeña unas funciones específicas como tener el censo de trabajadores y residentes del centro debidamente actualizado, notificando todas las altas, bajas y situación de incapacidad temporal de trabajadores, así como las altas y bajas definitivas y temporales de residentes, ya sea por ingreso hospitalario, traslado o fallecimiento.

Los tres fallecimientos por coronavirus no notificados por las residencias, sin embargo, salen a la luz porque se realizó una revisión de la mortalidad que duró desde el 15 de junio hasta el 29 de junio. “Cuando concluyó la revisión de todas las historias clínicas se procedió a realizar un ajuste para incorporar tres casos nuevos de mortalidad extrahospitalaria y a eliminar un caso que estaba considerado COVID-19, pero que había negativizado antes del fallecimiento. Esta revisión se realiza cruzando los datos que tenemos de laboratorio con resultados de PCR, de serología y de mortalidad tanto intrahospitalaria como extrahospitalaria, así como los datos de la actualización de la tarjeta sanitaria”, justifican desde la Dirección General de Salud Pública.