Los agentes medioambientales defienden su autoridad frente a los cazadores

La coordinadora de Agentes Medioambientales de CCOO Castilla-La Mancha considera “inauditas” las críticas de varias organizaciones de cazadores a las enmiendas presentadas por PSOE y Podemos al borrador de Ley de Caza de Castilla-La Mancha con el objetivo de “garantizar la seguridad de la actividad cinegética y mejorar la protección de las personas, tanto de los propios cazadores y demás usuarios del medio natural como de los propios agentes medioambientales”.

Las mencionadas organizaciones de cazadores cuestionan, según el sindicato, tres enmiendas -todas ellas introducidas a instancias de CCOO-, porque según los cazadores son “contrarias a la legislación estatal”. La primera de ellas consiste en recoger en el preámbulo de la futura Ley de Caza regional el reconocimiento de la condición de policía judicial genérica de los Agentes Medioambientales. “La enmienda que critican las asociaciones de cazadores no es una novedad lo que se introduce en el preámbulo de este borrador de la Ley de Caza, si no un recordatorio de lo que ya son los agentes medioambientales”.

Las asociaciones cuestionan en segundo lugar la capacidad de los agentes medioambientales para decomisar a los cazadores armas utilizadas para cometer infracciones. “Cuestión que queda respondida al establecer la condición de agente de la autoridad y policía judicial de los agentes”, explica el sindicato.

CCOO asegura que el decomiso de armas por parte de los agentes medioambientales ha sido siempre posible en España desde la ley estatal de caza de 1970. Lo recogen también las diversas leyes de caza de las Comunidades Autónomas incluida la vigente Ley de Caza de Castilla-La Mancha elaborada en 2015 por Cospedal. “Es una actuación que los agentes medioambientales ejercen cuando corresponde, y que jamás ha sido cuestionada por el Ministerio del Interior”. El sindicato señala que la negativa de un cazador a entregar el arma infractora a un Agente Medioambiental supone incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad.

Finalmente, las mencionadas asociaciones de cazadores cuestionan también la obligatoriedad de descargar sus armas cuando tengan a cualquier persona a menos de 50 metros. “Resulta curioso que rechacen esta medida -y la prohibición de cazar en el entorno de parques eólicos-, al tiempo que dan por buenas las zonas de seguridad en torno a rebaños de cabras o de ovejas”.

“Desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de octubre de 2016, en Castilla-La Mancha murieron 128 personas víctimas de armas de caza y otras 248 resultaron heridas. Aunque estos datos no discriminan cuántas de estas víctimas lo fueron a consecuencia de accidentes o incidentes cinegéticos, todos sabemos que éstos ocurren, y con cierta frecuencia, y que toda precaución es poca”, explica CCOO.