Castilla-La Mancha pisa el acelerador en cambios legales y contrataciones para agilizar expedientes de renovables

Castilla-La Mancha ha hecho de las energías renovables una bandera. Es la comunidad autónoma que más ha aumentado su 'mix' energético procedente de la eólica y la fotovoltaica en el presente año. Con más de 8.500 megavatios de potencia renovable instalada, está 21 puntos por encima de la media nacional. Y quiere seguir creciendo. Su posición estratégica en la transición energética, las múltiples ayudas públicas, el desarrollo rural y la creación de empleo para luchar contra la despoblación y, sobre todo, la ejecución de los fondos europeos Next Generation han motivado que haya tomado una serie de medidas para agilizar los trámites administrativos de los expedientes relacionados con las renovables.

Una de las más destacadas es la reforma de varias legislaciones específicas que permitan acelerar los trámites en proyectos sin impacto ambiental. Se va a realizar a través de una proposición de ley a iniciativa del Grupo Socialista para la agilización administrativa de los proyectos de energía renovable. Ya ha sido calificada en las Cortes regionales y se ha remitido al Gobierno regional para que se pronuncie sobre si da su conformidad, en cuyo caso afirmativo continuará la tramitación en el Parlamento autonómico.

¿En qué consiste esta modificación? No se trata de una propuesta al uso. Implica una serie de cambios normativos cuyo objetivo es agilizar los expedientes “solo en los proyectos donde no haya impacto ambiental”. Lo explica a elDiarioclm.es el presidente del Grupo Socialista, Fernando Mora, precisando que el objetivo primordial es que los expedientes que tengan “cero o ningún impacto” puedan acelerarse para cumplir “en tiempo y forma” con la ejecución de los fondos europeos Next Generation.

Concretamente, la proposición de ley remite al Real Decreto del pasado mes de marzo por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que establece acciones con vigencia temporal para la agilización de los proyectos de energías renovables con la finalidad de acelerar la descarbonización y reducir la dependencia energética.

Cambios en la Ley de Evaluación Ambiental

Así, la propuesta socialista añade dos disposiciones a la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha que se reformó hace dos años. Entre los cambios, establece que en la tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental de proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables de tipo eólico y fotovoltaico, se priorizará el despacho de los expedientes que correspondan a proyectos ubicados “en zonas de sensibilidad baja y moderada”, según la “Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables”, elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La proposición de ley también modifica algunos preceptos de leyes aprobadas o modificadas recientemente por la comunidad autónoma que han suscitado discrepancias de carácter competencial por parte de la Administración General del Estado y que han sido resueltas de manera amistosa a través del mecanismo de la Comisión Bilateral de Cooperación. 

Pero además de esta modificación normativa, el Gobierno de Page lleva más de un año reforzando la gestión de los proyectos de desarrollo sostenible con la contratación de técnicos para agilizar estos expedientes: hasta ahora son 81 personas y una inversión superior a los 3,2 millones de euros. Forman parte del equipo multidisciplinar encargado de la tramitación de expedientes de proyectos de energías renovables.

Entre ellos, hay diez nuevos técnicos para agilizar las diferentes tramitaciones ambientales que puedan necesitar proyectos como los de Meta en Talavera, Airbus en Albacete, la fábrica de electrolizadores de Cummins en Guadalajara o el Centro Tecnológico de Economía Circular en Cuenca.

“El contexto de crisis climática y energética exige acelerar la transición energética y, por eso, el sector de las energías renovables es estratégico; tenemos una gran demanda para instalar nuevas plantas. Por lo tanto, queremos prestar un servicio de asesoramiento y acompañamiento a las empresas que facilite su implantación en nuestra comunidad”, afirmó con motivo de estas contrataciones el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero. 

Según este departamento, las medidas que está llevando a cabo el Gobierno de García-Page para avanzar en un nuevo modelo energético “más racional y sostenible”, en base al desarrollo de las energías renovables, ha propiciado que la comunidad autónoma bata su propio récord de potencia instalada. “Somos una referencia nacional y los que más fotovoltaica hemos instalado en España en 2022”.

Economía circular y nuevo plan energético

En este punto cumple también un papel esencial la Ley autonómica de Economía Circular, aprobada hace más de dos años, que ha hecho que la comunidad autónoma sea “una garantía en la tramitación de las diferentes autorizaciones ambientales integradas que puedan necesitar proyectos de gran importancia”.

La contratación de nuevos profesionales tiene precisamente como objetivo principal “agilizar este tipo de tramitaciones y autorizaciones para acelerar proyectos empresariales que, sin duda, van a dinamizar la economía regional permitiendo la creación de empleo”. 

También el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha realizado numerosas alusiones a los récords de Castilla-La Mancha en producción de energía renovables, destacando que la región “podría ser autosuficiente y cubrir su consumo eléctrico con renovables”. A este respecto, el Gobierno regional dio luz verde a principios de mes a su Plan Estratégico para el Desarrollo Energético, cuyo borrador se conoció por primera vez hace casi un año. Incluye una serie de objetivos para la transformación energética de la región con horizonte hasta 2030 y el Ejecutivo ha aprovechado su presentación para resaltar como uno de los objetivos la consecución de la “soberanía energética” de la comunidad autónoma, en sintonía con las acciones a nivel estatal, y reducir así la dependencia del gas ruso.