Las contradicciones en el “error” de las prestaciones del niño con parálisis cerebral
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha difundió esta semana un comunicado en el que afirma que el Gobierno Autonómico detectó el “error” que llevó a que un niño de Daimiel de 12 años con parálisis cerebral a ver su ayuda económica reducida a la mitad. En el comunicado afirman también que el error ha sido reparado, y que se restablecerá la prestación a la familia, que tendrá incluso la opción de elegir entre los cuidados en el entorno familiar o contratar los servicios que sean necesarios para el pequeño. El Ejecutivo mencionó también que el error que llevó a la retirada de las prestaciones del pequeño se debe, de hecho, al anterior Gobierno socialista, si bien las declaraciones de la madre apuntan a que las ayudas del pequeño se empezaron a recortar en septiembre del año pasado, y la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia afirma que la resolución de la retirada de prestación data de noviembre de 2013.
Por su parte, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia se ha visto obligada a manifestar que la reposición de las ayudas al afectado es falsa, pues la familia todavía no ha recibido las prestaciones. El colectivo apunta también a que la base legal de su “teórico fallo” se trata de una disposición derogada a partir de Julio del 2013 por la propia Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, y que, como la fecha de resolución de la retirada de prestación, el recorte se llevó a cabo “a sabiendas” de hacerlo en base a una norma legal que no está vigente. Por otro lado, la Plataforma denuncia también la bajada de prestaciones a otros siete niños dependientes, a quienes se les ha aplicado una normativa con carácter retroactivo, sin respetar la disposición transitoria décima del Real Decreto 20/2012 de de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, según la que se regulan las prestaciones económicas según el grado y nivel de discapacidad. La Plataforma afirma también que acudirán a los tribunales de justicia en todos los casos que detecten revisiones de oficio de grados de dependencia y prestaciones sin un informe técnico previo que justifique la acción.
