El juicio por el último accidente minero de León no se reanudará hasta aclarar la validez de seguros aportados ahora

El Juzgado de lo Penal número 2 de León ha recibido este martes las pólizas de seguros de varios de los acusados por el accidente minero del pozo Emilio del Valle de la empresa Hullera Vasco Leonesa, en el que fallecieron seis personas y otras nueve quedaron heridas de distinta consideración en el accidente minero más grave de los últimos 30 años, el 28 de octubre de 2013. Dos de los 16 acusados se acordaron en las cuestiones previas antes de la celebración de la primera sesión del juicio de que tenían seguros de responsabilidad civil que respondían por ellos, y otros dos tenían dudas, por lo que la jueza decidió suspender las tres primeras declaraciones previstas y el juicio hasta aclarar este punto.

Una vez que las pólizas han sido puestas en conocimiento del poder judicial, la magistrada que lleva el caso ha dado traslado de las mismas a las partes, concediéndoles un día para formular las alegaciones que estimen oportunas. De esta manera, el proceso, que debería durar un mes y medio, se iniciará como mínimo con tres sesiones, una semana, de retraso.

Habrá que esperar a que la jueza se pronuncie, una vez haya recibido las alegaciones, para ver qué ocurre con las sesiones de la semana que viene, también previstas para el lunes, martes y miércoles, inicialmente en horario de mañana, a partir de las 10 horas.

En el banquillo de los acusados se sientan los principales responsables de la empresa Hullera Vasco Leonesa, responsable del Pozo Emilio del Valle. Entre ellos están la familia propietaria, los Del Valle, con su antiguo presidente a la cabeza, Antonio del Valle; vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle; y vocal Aurelio del Valle. También están imputados el entonces director general, Marco Calvo, y el director facultativo de la explotación, José Eliseo Solís. El resto de acusados, hasta 16 antiguos responsables de la empresa minera, son ingenieros y vigilantes de seguridad de la compañía que debía garantizar la explotación. Además, pasarán también por la sala del juicio 60 testigos y peritos propuestos por las diferentes partes.

Peticiones de condena

Las peticiones de condena van desde los tres años y medio de prisión por seis delitos de homicidio con imprudencia grave y otro de lesiones por imprudencia de la Fiscalía a los seis años y medio que piden las acusaciones particulares de las familias de los fallecidos. Las defensas, en cambio, piden la libre absolución de los imputados alegando que el accidente, el más grave en una explotación minera en los últimos 30 años en España, fue “imprevisible”.

De la misma manera, se piden indemnizaciones económicas desde 770.000 euros a 1,1 millones para las familias de los heridos y los fallecidos.

En el auto de apertura de juicio oral se argumentaba que se trabajó en la zona afectada por el derrabe (derrumbamiento de carbón) sin las medidas de seguridad adecuadas, lo que ponía en peligro la integridad física de los mineros, como ocurrió. Como responsables civiles figuran la compañía Hullera Vasco Leonesa, en liquidación, y la aseguradora de la empresa.