La Junta de Castilla y León pide al Gobierno que las medidas de ahorro energética sean voluntarias para el sector privado

Castilla y León ha presentado una batería de 18 propuestas para afinar, a su entender, la siguiente fase del plan de ahorro energético. Estas líneas, que han sido anunciadas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, se reúnen en cuatro ejes. Entre las más llamativas se encuentran que las medidas sean obligatorias solo en el sector público y tengan carácter voluntario para el privado y las familias, así como que se fomente con incentivos su implantación.

La Junta atiende así a la petición que el Gobierno hizo en la última Conferencia Sectorial de Energía para realizar aportaciones ante un segundo plan de contingencia. Además, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha apuntado que para hacer frente al contexto de emergencia energética hay que entender que esta situación de “excepcionalidad” justifica“ la adopción de medidas coyunturales y estructurales, aun cuando las mismas hubiesen sido descartadas por el Gobierno. Estas soluciones deben de ser de carácter ejemplarizante ”y, en ningún caso, mediante mecanismos coercitivos y sancionadores“. Asimismo, ha abogado porque las actuaciones que se adopten se hagan con un debate previo y de forma consensuada con los sectores afectados y otras administraciones.

Es por eso, como ha explicado el portavoz, que estas acciones deben incluir una contabilización y minimización de sus efectos sobre la actividad económica en general, así como sobre la competitividad de las empresas y las economías domésticas en particular. En segundo lugar, tendrán que considerar el factor temporal ya que algunas pueden implementarse con carácter inmediato, pero las que conlleven inversiones arrastrarán unos determinados plazos constructivos y legales que igualmente pueden verse condicionadas por la oferta de profesionales o stock de equipos suficientes por incremento puntual de la demanda. Por último, tendrán, como objetivo específico la reducción a corto plazo de la demanda de gas natural, ya sea a través del consumo directo o a través del consumo eléctrico.

Pese las propuestas enviadas, Fernández Carriedo ha reiterado que la posición de la Junta pasa por retirar este Real Decreto y ha recordado que los Servicios Jurídicos siguen evaluando la normativa para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, como ya adelantó el vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo.

18 propuestas en cuatro ejes

El Ejecutivo autonómico ha separado en cuatro apartados al ámbito de acción de sus recomendaciones. En primer lugar, la Junta opta porque se sustituyan los combustibles fósiles por otras formas de consumo como la biomasa y la energía renovable mediante el impulso de empresas que apuesten por estas fórmulas, así como ayudas para hacer la transición a este tipo de producción energética y el uso de toda la capacidad de generación eléctrica. Además, como ya han hecho en otras ocasiones, reiteran la petición de alargar “el periodo de vida útil” de las centrales nucleares“ hasta que toda la energía venga de fuentes renovables.

Otras recomendaciones pasan por modificar aspectos del mercado. La Junta apuesta porque los sistemas de subastas o licitación incentiven una reducción del consumo de forma voluntaria por parte de los grandes consumidores mediante una compensación financiera o desgravación fiscal. Además, exponen que se pueda hacer un contrato de intercambio entre industrias en caso de que un sector se vea más afectado.

En lo referente al ahorro energético, se estima oportuno establecer límites de temperatura de manera consensuada e informar mediante campañas que aconsejen las franjas del día para el uso energético. La Junta pide que los límites sean obligatorios en el sector público a modo de concienciación, a excepción centros de salud y hospitales, colegios o de Servicios Sociales, y voluntarios para el resto. Además, se propone el fomento de la rehabilitación energética más allá del 31 de diciembre de 2022 o

En último lugar, la Junta traslada que se adopten medidas de política fiscal que disminuyan la presión impositiva existente sobre la energía con impacto para los consumidores y se tenga en cuenta a los sectores económicos gravemente afectados por los precios a la hora de implantar apoyos. También se aboga dar una solución al sector de la cogeneración, de tal forma que la utilización del gas en sus instalaciones resulte efectivamente compensado. 

Rebaja del IVA del gas

Uno de los aspectos que Carriedo ha destacado es la necesidad de rebajar los impuestos en combustible de biomasa como pellets o astillas. Para ello, ha puesto de ejemplo la medida anunciada por el Gobierno de reducir el IVA del gas del 21% al 5%. El portavoz de la Junta ha precisado que “también el Gobierno puede bajar impuestos porque cuando se quiere, se puede” y ha celebrado que “en este asunto nos pueden hacer caso y que en el futuro se escuche más a las comunidades y los sectores afectados que hasta ahora”.

Para Carriedo se ve atendida así una propuesta que llevan haciendo desde la Junta y que el presidente presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, llevó a la Conferencia de Presidentes de La Palma. El también consejero de Economía y Hacienda ha mostrado su satisfacción por la medida y ha apuntado que “no es cierto que bajar impuestos sea malo” aunque con ello Castilla y León “también renuncia a la mitad de esos ingresos”.