La Junta espera poder garantizar las 35 horas entre los empleados públicos este año

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, ha comparecido ante los medios tras el encuentro que ha mantenido esta mañana junto al presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco y el presidente autonómico de CSIF en Castilla y León, Carlos Hernando Redondo, para analizar la situación de los empleados públicos de la Comunidad. La Junta, según Ibáñez, ya está trabajando en dotar de estabilidad al empleo público castellano y leonés, un sector en el que trabajan más 80.000 castellanos y leoneses. 

Ibáñez ha explicado la intención de la Junta de que esta sea la legislatura de la “estabilidad y la consolidación del empleo”. Por ello, ha aseverado, la recuperación de la jornada de 35 horas para los empleados públicos es “imparable”. Este compromiso, que se adoptó en mayo entre el anterior Gobierno autonómico y los sindicatos, es una reivindicación de los funcionarios desde hace años. El consejero cree que podría suceder “antes de final de año”. 

Sin embago, el consejero ha advertido de que existe un importante “condicionante económico” derivado de la ausencia aún de un Gobierno central que pueda desbloquear la entrega de fondos a Castilla y León, entre ellos los 440 millones que el nuevo Ejecutivo autonómico reclama correspondientes a las entregas a cuenta de 2019 y la liquidación del IVA de 2017.

En este sentido, Ibáñez ha apelado a la responsabilidad para la formación de un nuevo ejecutivo para poder materializar sus compromisos de implantar tanto las 35 horas como la carrera profesional, máxime cuando en el primer caso su aplicación puede conllevar un incremento del gasto.

La lucha contra la interinidad

Según ha recordado el presidente autonómico de CSIF, Carlos Hernando, tras la reunión, las tasas de interinidad en el empleo público se sitúan entorno al 18% en la Comunidad y en algunos sectores como la sanidad, las cifras se elevan al 33%.

El concurso abierto y permanente, a falta de resolver algunos recursos pendientes, es otra de las cuestiones analizadas en el encuentro entre CSIF y los dos responsables de la Junta, ya que del resultado del mismo se encuentran actualmente pendientes cerca de 3.000 empleados públicos.

Así, Ibáñez es consciente de las expectativas generadas ante dicho proceso, si bien ha advertido de que el principio por el que se regirá el mismo será el de la “seguridad jurídica” con el fin de compatibilizar los intereses de aquellos que han participado para optar a otra plaza y los de quienes se han visto privados de ella.