La Guardia Civil investiga a un varón por expoliar un yacimiento arqueológico en La Demanda, en Burgos

La Guardia Civil investiga a un varón de 39 años, P.I.M, como presunto autor de un delito sobre el patrimonio histórico por expolio de piezas arqueológicas, ayudado de dos detectores de metales y de una azada, en un yacimiento de La Demanda, en la provincia de Burgos, según informan fuentes del Instituto Armado.

Semanas atrás, un particular informaba a la Guardia Civil sobre la presencia sospechosa de una persona que, con un detector de metales, iba 'barriendo' el suelo, en un paraje abierto de la comarca de La Demanda.

La eficaz respuesta de las patrullas desplazadas al lugar permitió verificar la información, al sorprender a un individuo que se encontraba próximo a una ermita en un enclave catalogado como yacimiento arqueológico y que realizaba remociones de terreno valiéndose de una azada; portaba también un detector de metales y otro más pequeño de precisión.

Efectivos del Seprona de la Guardia Civil practicaron una inspección ocular en el lugar, lo que permitió descubrir la presencia una veintena de hoyos, con evidencias de haber sido recientemente excavados, de otros 15 agujeros más en seis parcelas aledañas y un último junto a una ermita, todos ellos ubicados en un yacimiento arqueológico declarado, según las indagaciones llevadas a cabo.

Se registró el interior del vehículo de su propiedad allí estacionado y también sus pertenencias, entre las que se encontraron varias piezas metálicas aún con restos de tierra del lugar, a simple vista de notable antigüedad. Su apariencia hacía entrever que no eran el resultado de un hallazgo casual o descubiertas en superficie, sino que habían sido extraídas deliberadamente del interior del subsuelo.

Hallazgos no comunicados a Patrimonio

Las pesquisas han aclarado que carecía de las autorizaciones necesarias para llevar a cabo esta excavación arqueológica y tampoco había parado la prospección para comunicar inmediatamente el primer hallazgo a Patrimonio, sino que continuó con la búsqueda practicando más extracciones.

Las herramientas fueron intervenidas y los objetos incautados para su estudio, que ha sido realizado por el Museo de Burgos dependiente del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León, que ha emitido un informe concluyente.

Se trata de once monedas de cobre en distintas aleaciones, de curso habitual y circulación abundante en sus respectivos periodos de vigencia, así como tres botones y dos insignias que formaron parte de diferentes uniformidades.

Por los hechos relatados, P.I.M. ha sido investigado como presunto autor de un delito sobre Patrimonio Histórico por expolio de bienes con valor histórico sin haber comunicado los hallazgos, instruyéndose diligencias que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Salas de los Infantes.

El amplio espacio temporal que reflejan los objetos hallados (siglos I al XX) demuestra, según el informe emitido por el Museo de Burgos, la ocupación y el uso del lugar de su hallazgo por distintas sociedades a lo largo de dos milenios.

La pieza de mayor interés es un 'as' acuñado en la ceca de Clunia, en el siglo I de nuestra era, probablemente durante la época del emperador Tiberio.

Este tipo de acciones llevadas a cabo ilícitamente pueden provocar la pérdida irreparable de parte de la información contenida en la secuencia estratigráfica del lugar, además de alterar los contextos; la sustracción de los vestigios arqueológicos, sin una metodología adecuada, imposibilita cualquier acción que pueda reparar o restaurar el daño causado.

Para realizar actividades arqueológicas y el empleo en ella de aparatos detectores de metales es imprescindible autorización previa y expresa de la Consejería competente en materia de cultura, por lo que antes de utilizarlo debe de informarse de si el paraje es una zona arqueológica, yacimiento u otro lugar catalogado o se encuentra próximo a ellos.

Ante un hallazgo casual de un bien arqueológico, se está obligado a paralizar su actuación y comunicarlo inmediatamente a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales.