La asociación de consumidores ADICAE presume de teletrabajo pero obliga a sus empleados a ir a la sede cada día

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) obliga a la mayoría de sus empleados a acudir a sus sedes a pesar de que hace diez días anunció que había implementado el teletrabajo. La entidad también ha emplazado a muchos de sus empleados a firmar un formulario en el que declaran no querer acogerse a esta medida, según aseguran distintos trabajadores a eldiario.es. La mayoría de los dirigentes, no obstante, sí que desempeñan su labor en casa desde antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma.

ADICAE es una asociación de defensa de los clientes de bancos y cajas que se ha convertido en uno de los referentes en la exigencia de transparencia a las entidades financieras. La asociación, fundada hace 32 años, impulsó y ganó la macrodemanda contra las llamadas “cláusulas suelo” de los bancos después de que el Supremo decretara que eran ilegales en 2013.

En su web señalan que en 2018 recibieron una subvención de 691.801 euros del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Ese mismo año la asociación obtuvo 170.384 euros de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

Según grabaciones y documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la asociación ha ido comunicando individualmente a cada empleado que no podría trabajar desde su domicilio. En algunas ocasiones lo ha hecho por vía telefónica, en otras por carta requiriendo a los empleados “reintegrarse de inmediato” a sus puestos habituales alegando que “no se dan las condiciones” para permitir el teletrabajo.

Mientras la entidad obligaba a casi todos su trabajadores a volver a las oficinas, ADICAE presumía en una nota de prensa de haber implementado esta medida de protección a sus empleados. Su presidente, al mismo tiempo, intervenía en medios de comunicación recomendando quedarse en casa. La dirección de la asociación no ha querido hacer ninguna declaración a este periódico.

De los 51 trabajadores de la entidad, menos de un 25% ha podido acogerse a la opción de trabajar desde el domicilio a pesar de que las sedes de ADICAE se mantienen cerradas y que casi todo el trabajo se puede hacer desde casa. El resultado es que muchos trabajadores están obligados a acudir a las sedes para hacer reuniones telemáticas con otras delegaciones u ofrecer cursos online a los socios de la organización. 

La entidad está acostumbrada al trabajo telemático, ya que el medio centenar de empleados está repartido en 39 delegaciones en distintas provincias del país y se reúne habitualmente a través de skype o aplicaciones similares.

Confusión entre los trabajadores

El primer lunes del estado de alarma, cuando ADICAE publicaba la nota de prensa anunciando que había implementado el teletrabajo (16 de marzo), los trabajadores seguían sin saber cuáles eran las indicaciones de la entidad. Los días 11, 13 y 14 de marzo la asociación había realizado reuniones online para organizar la manera de trabajar desde casa, sin que hubiera salido ninguna directriz clara por parte de la organización sobre cómo se debía actuar. 

Ante la falta de concreción y tras instaurarse el estado de alarma el sábado 14 de marzo, el lunes siguiente muchos optaron por trabajar desde su domicilio. Esa misma tarde (16 de marzo) se celebró otra reunión en la que estaban todos los empleados, el presidente Manuel Pardos y el resto del equipo directivo de ADICAE.

De las grabaciones de ese encuentro se desprende que la dirección se negaba a concretar a los empleados si podían quedarse en casa para después ir comunicando individualmente a cada uno que su petición de teletrabajo era rechazada.

“Se aprovechan de que estamos muy incomunicados entre los trabajadores y no nos dejan hablar entre sedes”, explica uno de los trabajadores consultados. Según el manual del empleado de ADICAE, revisado por eldiario.es, tanto las conversaciones por Skype como por chat con el personal de otras sedes están prohibidas.

La entidad incluso emplazaba a sus trabajadores a atender a los socios que acudieran a las sedes de ADICAE, a pesar de que tras instaurarse el estado de alarma estas oficinas debían permanecer cerradas. 

“Lo que está claro es que las sedes, si puede ser, no tienen porqué estar siempre vacías eh”, les dice Jordi Tarruella, vicepresidente de la organización. “Que yo sepa no está prohibido ir a trabajar”, añade.

En un momento de la reunión un empleado le dice al presidente que atender a los socios en las oficinas es ilegal y que incluso podría acarrear consecuencias para los empleados de la asociación. “Te has vuelto abogado”, le responde con sarcasmo Manuel Pardos, el presidente, a este trabajador. “Tienes algo de estudios de abogado, pero de aficionado, de secano”, le espeta. 

Los trabajadores insistían en dos cosas durante la reunión. Por un lado explicaban a la dirección que lo tenían todo preparado para poder trabajar desde casa. Por otro, pedían concreción a la entidad sobre si el día siguiente tenían que ir a trabajar o no. La respuesta de ADICAE era totalmente inconcreta y el presidente echaba balones fuera. 

“En principio no ha cambiado la situación del viernes” les dice, a pesar de que el día siguiente se decretó el estado de alarma en el país. “Lo discutimos mañana”, responde el presidente en una ocasión. Días después de esa reunión, el 80% de los empleados recibió una notificación en la que se le negaba la solicitud de teletrabajar.

Una entidad polémica

Entre 2014 y 2018, ADICAE acumuló hasta 22 condenas por el trato a sus trabajadores. La conflictividad laboral ha ido en aumento durante los últimos años en la entidad, que ha sido condenada por despidos nulos e improcedentes, por imponer cambios de jornada y por vejaciones a sus empleados. 

Durante este periodo, la asociación fue condenada a indemnizar a distintos empleados con un total de 231.273 euros, a lo que se suman otros 6.650 en costas procesales de estos asuntos.

Una de esas condenas fue en 2017, cuando tuvo que indemnizar con 5.000 euros a un trabajador de Valencia al que el presidente llamó “cínico”, “mindundi” y le dijo tener “cara de mormón”, entre otros insultos.

A estas condenas hay que sumarle un total de 25 intervenciones de la Inspección de Trabajo, cerradas con requerimientos en la mayoría de los casos aunque también con dos sanciones que suman otros 2.400 euros.