El Ayuntamiento y las entidades piden al juez cerrar el CIE de Barcelona tras el primer positivo de coronavirus de un interno

El Ayuntamiento de Barcelona y las entidades en defensa de los derechos humanos han pedido al juez que ordene el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la capital catalana tras detectarse el primer positivo de un interno tras su reapertura a finales del mes de septiembre. En paralelo a la vía judicial, consistorio y entidades han exigido de nuevo al Ministerio del Interior que desmantele los CIE, algo que hasta ahora el Ejecutivo central ha rechazado.

Las dificultades para deportar a los migrantes internos en los CIE derivadas del estado de alarma y de la reducción de vuelos al extranjero provocó el cierre de estos centros durante el mes de marzo. Como la mayoría de los internos no están acusados de ningún delito sino que están privados de libertad por su situación administrativa al no tener los papeles en regla, la Policía procedió entonces a liberar a los migrantes. Pero la vuelta a la normalidad trajo aparejada la reapertura de los CIE a finales de septiembre.

La posición del Ayuntamiento, que se ha opuesto desde siempre a la apertura del CIE en un contexto de pandemia, se ve respaldada ahora que se ha detectado un positivo por un informe de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB). Un equipo de este ente municipal realizó una visita al centro el pasado domingo al recibir la notificación de que se había diagnosticado un contagio de coronavirus.

Las conclusiones de la agencia de salud pública barcelonesa son que el CIE carece de un plan de contingencia por si se detectan brotes y que tampoco tiene la capacidad para aislar a los contactos estrechos, con lo que reclaman que se desaloje a las personas internas. Ahora mismo, el centro cuenta con dos grandes módulos –uno con 40 personas y el otro con 41– y solo cuatro habitaciones individuales para hacer aislamientos.

Según el informe de la ASPB, es el propio director en funciones del CIE el que reconoce que no se pueden cumplir con las cuarentenas debidamente. “Él mismo comenta que no es posible cuarentenar de forma individual a estos contactos estrechos ni retenerlos en sus habitaciones”, recoge el documento de Salud Pública. Añade el informe que el director no les facilitó su protocolo de actuación en casos de COVID-19, pero que aún así deberían contar también con un “plan de contingencia” para llevar a cabo transformaciones “estructurales” del espacio.

Al reabrirse el centro, el pasado día 6, se hicieron pruebas a 19 de los 81 internos que entraron. El día 9 se recibieron los resultados y uno de ellos era positivo. “En ese momento se aisló el caso positivo y las dos personas con las que compartía habitación en tres habitaciones individuales de aislamiento preventivo. Hoy mismo [por el 15 de octubre] uno de los contactos estrechos del caso ha empezado a tener síntomas compatibles con la COVID-19 y hemos recomendado que se aísle a esta persona en la cuarta y última habitación de aislamiento preventivo de que disponen”, resume el informe.

“Deben salir del equipamiento”

“Dado que no se puede hacer un aislamiento en condiciones porque no se puede sectorializar el espacio físico, cosa que implica un riesgo para la salud pública, estas personas deben salir del equipamiento”, ha resumido la concejal de Salud del Ayuntamiento, Gemma Tarafa. También ha lamentado la edil que los trabajadores del centro pidieron el día 13 que se les hiciera una PCR y no han obtenido respuesta.

Por todo ello el Ayuntamiento ha presentado un escrito ante el juez de Barcelona encargado del control del CIE de la Zona Franca por el que pide su cierre “hasta que se pueda preservar el derecho a la integridad física y a la salud” de los internos, los policías y el resto de funcionarios que trabajan en la instalación.

Por su lado, las entidades Irídia y Migrastudium han pedido al juez que además de cerrar el CIE acuerde ordenar al Ministerio del Interior que ubique “espacios adecuados y alternativos” a la instalación para que las personas positivas de coronavirus o que han resultado contactos estrechos de un contagiado puedan guardar la cuarentena “en condiciones dignas”. También reclaman que el resto de internos “tengan un recurso de acogida humanitaria en condiciones dignas ante la situación sanitaria” actual.

Recuerdan Irídia y Migrastudium el precedente del juez de control del CIE de Las Palmas de Gran Canaria, que ha situado en un máximo de 42 internos la capacidad del centro para poder cumplir con las condiciones sanitarias adecuadas frente el virus y ha fijado el cierre de la instalación en caso de detectarse un positivo.