La escuela catalana acusa los efectos de los recortes pese a la tímida recuperación

El presupuesto de Educación ha crecido un 7% en Catalunya desde 2013. Estas cifras son ciertas y se corresponden con el balance en materia de educación de esta legislatura que el Govern se ha exforzado en trasladar. Pero la comunidad educativa tiene memoria y sigue recordando –y sufriendo– los efectos de unos tijeretazos que se aplicaron al sistema educativo en la primera parte de la anterior legislatura, ambas dirigidas por la consejera de Enseñanza, Irene Rigau. Si se amplía la panorámica, la foto que resulta es distinta: una caída del 16,6% –hasta 886 millones de euros– del dinero destinado a colegios e institutos que se sigue padeciendo en los centros con el aumento de horas lectivas de los docentes o la reducción de profesorado pese al incremento de alumnos.

Si la consejera Rigau trató de convencer al sector este inicio de curso con medidas como la ampliación de la plantilla docente –han entrado al sistema 1.615 profesores en los últimos años–, los sindicatos recordaron acto seguido que en las aulas hay hoy 1.468 docentes menos que en 2011. Si desde la consejería argumentan que los profesores sustitutos ya no cobran el 85% de la jornada –sucedió durante tres cursos– sino el 100%, este colectivo de profesores matiza que hay ajustes que les siguen perjudicando, como el hecho de que no se cubran bajas hasta los diez días. Cuando la Generalitat defiende una ampliación de becas comedor –llegarán a 80.000 de niños–, las familias lo consideran insuficiente en un contexto de pobreza infantil que se ha disparado hasta afectar a uno de cada tres menores, según datos de la propia Administración.

Incluso cuando la Generalitat esgrime los resultados académicos de los escolares catalanes, que han mejorado reduciendo el fracaso escolar a menos del 15% –el listón europeo–, sindicatos y familias se muestran convencidos de que es “gracias el sobreesfuerzo de los docentes”, frase que sintetizaba en una entrevista reciente Montse Ros, exsecretaria general de CCOO Educación. 

“Una de las medidas que más estrés ha causado es la que no prevé que se substituyan a los maestros hasta al cabo de 10 días”, sostiene Jaume Aguilar, presidente de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica. La Generalitat, por su parte, defiende que esta medida forma parte del decreto aprobado por Wert en 2012 –el mismo que subió las ratios y las tasas universitarias– y que en Catalunya se ha suavizado, por ejemplo sustituyendo al momento a los docentes de entornos pobres.

La Generalitat culpa al Ministerio de Educación y al desplome de sus transferencias de algunos de sus recortes más criticados. Es el caso la retirada de su parte de la financiación a las guarderías, montante que han asumido temporalmente las diputaciones. 

La LOMCE y el decreto de plantillas

Pese a que el ecosistema educativo sigue condicionado por algunos recortes, si el balance se ciñera a la actual legislatura de Rigau serían dos las noticias que se hubieran colado en el titular. Una de ellas sería la aprobación del decreto de provisión de plantillas, que da más capacidad a los directores para seleccionar a parte de su plantilla en función de especialidades. La otra ha sido ha entrada en vigor de la ley de educación aprobada por el PP y esquivada –con éxito o no, según a quien preguntes– por la Generalitat.

No hay que olvidar si bien Rigau ha vivido grandes manifestaciones en su contra–que en algunos casos eran rechazos también a la ley Wert–, también ha liderado una de las movilizaciones educativas más sonadas en Catalunya, la que sacó a la calle a decenas de miles de personas en defensa del modelo de inmersión lingüística en catalán. El inicio de la segunda legislatura de CiU en el Govern concedió con la eclosión de la LOMCE, hecho que provocó un cierre de filas de la comunidad educativa entorno a Rigau.

Pero con el tiempo el sector ha endurecido su crítica a la implementación de esta ley por parte de la administración catalana. En todo momento, la consejera ha defendió que la Generalitat aplicaría la norma “administrativamente” pero sin que condicionara el trabajo pedagógico de los centros. Así ha sorteado la entrada del castellano como lengua vehicular –pese a algunas sentencias concretas– y ha mantenido las asignaturas artísticas. Sin embargo, las familias no le han perdonado que no se negara a pasar las pruebas externas en Tercero de Primaria o que les haya dejado sin capacidad decisiva en los Consejos Escolares, de acuerdo con lo que prevé el texto de la LOMCE.

Las familias pagan

El Barómetro de Consumo Barclaycard-IESE señalaba la semana pasada que las familias catalanas son las que mayor cantidad destinan del presupuesto del hogar a la educación: 223 euros al mes, un 51% superior a la media española. Hace casi una década dedicaban a ello un 56,4% menos. 

La crisis ha empobrezido a las familias y esto, aunque no tenga su origen en la política educativa, sí deja sus consecuencuas en las aulas. Un informe publicado por la Fundación Jaume Bofill el pasado curso cómo el nivel económico de los alumnos marca más sus resultados que hace una década. Esta desigualdad se plasma en que solo un 6,6% de los alumnos de entornos de clase media-alta obtienen resultados bajos en PISA, un porcentaje que se eleva hasta el 35,3% en el caso de los hijos de familias con más dificultades económicas. 

La consolidación del 'tasazo' universitario

También en el sector universitario esta legislatura ha sido más plácida que la anterior. No se han vivido grandes cambios en las facultades en los últimos dos años, pero sí se han consolidado en Catalunya las tasas universitarias más altas de España. Los precios de las matrículas oscilan entre los 1.500 y los 2.300 euros, resultado de un incremento del 66% de las tasas que llevó a los estudiantes a varias huelgas durante la primera legislatura de CiU, un ciclo de movilizaciones que ha dado algún coletazo en los dos últimos años, aunque sin la misma fuerza. 

La Generalitat ha impulsado durante este tiempo su programa estrella de ayudas, las llamadas Becas Equidad, que suponen una reducción de las tasas según el tramo de renta de las familias. Pero este diario reveló que no es la Secretaría de Universidades la que asume todo el coste de estas ayudas, sino las propias facultades han acabado destinando hasta 30 millones de euros a este programa que no recibirán nunca de vuelta.