Un mes de refuerzo policial en Catalunya: rechazo vecinal y algunas denuncias en los juzgados
Los barcos donde duermen centenares de policías, popularmente conocidos como Piolines, se mantienen atracados en el puerto de Barcelona. Y así será hasta el 31 de diciembre, pues Hacienda dotó la semana pasada de más fondos al despliegue policial en Catalunya. Durante este mes de operativo extraordinario en territorio catalán, agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional se han visto envueltos en algunos incidentes que han originado denuncias presentadas por ayuntamientos.
Las cuerpos de policía –consultados por este medio– han reconocido rechazo en situaciones puntuales, sobre todo después del 1-O, y han delegado en el Ministerio del Interior la comunicación de posibles actuaciones disciplinarias contra los agentes involucrados en las denuncias presentadas. Interior no ha emitido reacción alguna ante las preguntas de Catalunya Plural.
A un mes exacto del envío de refuerzos a Catalunya para impedir la votación del 1 de octubre, tal y como había ordenado el TSJC, las actuaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Catalunya siguen, más allá de las cargas policiales que dejaron violentas imágenes durante la votación.
La mayoría de miembros del cuerpo de la Policía Nacional se concentran en el amarradero de Barcelona pero las controversias relacionadas con agentes del cuerpo desde finales de septiembre se han sucedido en varios puntos de Catalunya.
Calella, símbolo del rechazo
La noche del 1 de octubre no fue tranquila, con miles de personas defendiendo las urnas ante el cierre de colegios electorales. En Calella, tampoco lo fue la del 2. Sobre las 23 horas, una cincuentena de personas se concentró frente al Hotel Vila, uno de los establecimientos del pueblo donde se alojaban agentes de la Guardia Civil, para protestar contra las cargas policiales del 1-O y pedir su expulsión de la localidad.
Según explicaron a este diario los testigos, agentes de la Guardia Civil de paisano y fuera de servicio salieron del hotel y cargaron, algunos de ellos armados con el bastón policial extensible. Los Mossos d'Esquadra protegieron a algunos de los concentrados.
Los incidentes llevaron a la alcaldesa, Montserrat Candini (PDeCAT), a mostrar su rechazo a la presencia policial en el municipio. “No queremos que nuestros hoteles sean cuarteles”, afirmó Candini. Por su parte, la Policía denunció que varios hoteles de Calella habían instado a los agentes de la Policía y Guardia Civil a que abandonaran sus instalaciones.
La polémica no cesó en los días posteriores en la ciudad costera: la Guardia Civil citó a declarar al propietario del restaurante El Galliner de Calella, que –según recogió La Vanguàrdia– se había negado a servir a policías del cuerpo nacional. El hostelero colocó un rótulo en el exterior de su local donde se podía leer que no serviría comidas a las fuerzas de orden público no autonómicas. La Guardia Civil no ha querido hacer aclaraciones a Catalunya Plural respecto a este episodio.
Trifulca en el Born y acusaciones de vandalismo
A mediados de octubre, siete agentes de la Policía Nacional protagonizaron una bronca en un bar del Born de Barcelona. Ante la bajada de persiana de dicho bar, los camareros invitaron a los agentes a marcharse, a lo que –según testimonios recogidos por El Periódico– éstos respondieron: “¡Somos la puta ley aquí en Barcelona! ¡Cerráis y abrís cuando decimos nosotros!”.
Los mismos testigos aseguraron que los policías rompieron botellas, el tirador de cerveza y agredieron a uno de los camareros. Según la Policía Nacional, los agentes –fuera de servicio– se encontraban simplemente en el bar con sus teléfonos encima de la mesa y en el momento de marcharse se pusieron nerviosos al no encontrar dichos teléfonos. Entonces intercedió uno de los camareros con el que dos agentes empezaron a darse empujones.
A continuación, según la versión policial, el camarero llamó a los Mossos d'Esquadra, que acudieron al lugar. Antes de que llegara la patrulla de la policía autonómica, los policías que se encontraban allí decidieron llamarse a sí mismos y encontraron el móvil en la barra del bar. El camarero presentó una denuncia por agresión al día siguiente. A su vez, los agentes denunciaron el intento de hurto.
Lejos de Barcelona también se han producido polémicas. En dos pequeños municipios del Alt Empordà, en Espolla y Masarac, la madrugada del 19 de octubre fue más movida de lo habitual. Hacia la 1.00 un vecino vio a cuatro individuos trepar un balcón para hacerse con una estelada. El hombre anotó la matrícula, llamó a los Mossos y éstos dieron con el vehículo a las afueras del pueblo. Pertenecía a la Guardia Civil.
El coche, sin logotipo, y sus cuatro agentes de paisano fueron localizados al poco tiempo. A la mañana siguiente, el alcalde de Espolla, Carles Lagresa, y tres vecinos –finalmente fueron varios los balcones afectados– presentaron una denuncia por hurto; uno de los ciudadanos también lo hizo por daños, pues alegó que en la operación los agentes habían roto una tubería de agua para bajar la bandera.
Asimismo, la Policía Local de Alcarràs atribuyó a agentes de la Guardia Civil una pintada hecha en el asfalto de la carretera donde se leía “Puigdemont nunca mais” junto al dibujo de una bandera española. Agentes municipales –destaca un informe de la policía local– hacían su ruta habitual el 19 de octubre cuando se percataron de la presencia de un coche de la Guardia Civil. Cuando se acercaron al vehículo, encendieron las luces azules. Los policías se fueron del lugar. Fue en ese momento cuando detectaron la pintada.
Los hechos fueron criticados por el alcalde del municipio, Miquel Serra (ERC), que trasladó el informe policial al departamento de Territorio de la Generalitat por ser el organismo titular de la vía. Días antes, otro edil, en este caso de la CUP, acusó a policías y guardias civiles de ser los responsable del pinchazo de las ruedas de cerca de 120 coches en Verges y diferentes municipios de Girona. Los afectados, que pidieron la marcha de los agentes del territorio, anunciaron una denuncia conjunta para que se investigaran los hechos.
“Ante los hechos protagonizados por los agentes que no se encontraban de servicio, la Guardia Civil asegura que es el Ministerio del Interior quien está analizando la información”, ha destacado un portavoz del cuerpo policial a este medio.
