La Fiscalía investiga si empresas contratadas por la Generalitat ayudan a la independencia
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga en secreto desde marzo del año pasado a las entidades y empresas que están colaborando con la Generalitat de Catalunya para poner en marcha las estructuras del Estado independiente como los servicios de inteligencia y la Agencia Tributaria.
En el marco de estas diligencias, la Fiscalía, que investiga posibles delitos de sedición y malversación de caudales públicos, ha pedido a la Guardia Civil que requiera a una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad documentación sobre los contratos con la Generalitat en relación a la puesta en marcha de esas estructuras, según informa este lunes El País.
Fuentes jurídicas han confirmado a EFE el requerimiento y han señalado que no es el primero de este tipo que se hace en el marco de esta investigación abierta en los años en que Consuelo Madrigal estaba al frente de la Fiscalía General del Estado y Javier Zaragoza en la Jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Ahora con esos cargos renovados tras los nombramientos de José Manuel Maza y Jesús Alonso, respectivamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha vuelto a dar un nuevo empuje a estas diligencias.
La Fiscalía ha dado un plazo de ocho días a las empresas contratadas por la Generalitat para entregar a la Guardia Civil toda la información de que dispongan sobre las adjudicaciones y se les advierte que de negarse pueden incurrir en delitos de desobediencia y de malversación de caudales públicos.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha confirmado en declaraciones a los periodistas en un acto público que este asunto “está en curso”, pero ha añadido que no puede dar más explicaciones al respecto.
Tras la declaración independentista del 9 de noviembre de 2015 aprobada por el Parlament catalán, la Audiencia Nacional abrió una serie de diligencias por rebelión y sedición contra varios ayuntamientos catalanes por haber aprobado mociones de apoyo a la resolución, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Este mismo lunes, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha eximido al concejal de la CUP en Vic Joan Coma de haber cometido el delito de rebelión y sedición del que le acusaba el fiscal, y se inhibe de las actuaciones en un juzgado de instrucción por si los hechos pudieran considerarse desobediencia o prevaricación.
