Junqueras no logra el compromiso de Santamaría de no recurrir la ley antidesahucios catalana
El Gobierno español continua planteándose el suspenso de la ley antidesahucios catalana. La reunión que este miércoles han llevado a cabo la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresident del Govern catalán, Oriol Junqueras, a la que éste llevaba como punto central la defensa de la ILP de la PAH aprobada por el Parlament, no ha servido para arrancar el compromiso de Santamaría de no recurrir la ley ante el Constitucional en el Consejo de Ministros de este viernes.
No obstante, la vicepresidenta se ha comprometido a tener en cuenta la importancia que el Govern catalán otorga a esta ley. “Se trata de una ley muy importante para la sociedad catalana, pues permite ayudar a los ciudadanos con situaciones de pobreza energética”, ha resumido Junqueras, tras recordar otras normas sobre el mismo asunto suspendidas a petición del Gobierno, como el código de consumo que prohibía cortes de luz por impago.
La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha recordado que su Gobierno ha recurrido ante el Constitucional 32 leyes catalanas, mientras que el Govern lo ha hecho con 51 españolas. Con este argumento, la vicepresidenta ha puesto de relieve que los recursos del Gobierno a leyes catalanas no tienen que ver con discrepancias políticas sobre las normas recurridas sino sobre el reparto de competencias de cada institución, igual que en el caso de las recurridas por la Generalitat. “He escuchado con interés la posición del señor Junqueras sobre la ley 24/2015”, ha explicado la vicepresidenta, “para el Gobierno éste no es un asunto sobre el contenido de la norma sino competencial, y lo analizaremos con especial interés”.
Junqueras, en cambio, considera que los miembros del tribunal “actúan en favor del partido que los ha nombrado” y ha lamentado que la reunión entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont no haya servido para que el Gobierno deje de recurrir normas catalanas. “En los últimos días hemos tenido una batería extraordinaria de suspensiones del Constitucional”, ha opinado el vicepresident.
El encuentro entre los vicepresidentes, que ha durado algo más de una hora, ha versado sobre asuntos generales, centrados en la economía y en los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno a leyes catalanas, según ha explicado Junqueras en la rueda de prensa posterior. El vicepresident catalán ha expuesto ante Santamaría la necesidad “de que el Gobierno español deje de priorizar los asuntos políticos a los económicos”. “La economía catalana juega un papel relevante y el Estado no debería entorpecerla”, ha asegurado el catalán, que considera que “que la economía catalana funcione es bueno para todas las economías con las que tenemos relación”.
Entre los “impedimentos” del Gobierno central a la economía catalana, Junqueras ha señalado la distribución del límite de déficit entre las comunidades autónomas, que ha calificado como “injusta, arbitraria y lejos de lo que los ciudadanos merecen”. Para el vicepresident es un avance el paso del 0,7 al 0,3% en el límite, pero opina que aún se está a “años luz” de lo necesario. Junqueras considera además que es la Administración General del Estado quien más incumple los objetivos de déficit, pese a ser quien los impone.
Uno de los pocos asuntos donde ha habido acuerdos ha sido en la convocatoria de la Junta de Seguridad bilateral. Según ha explicado Junqueras, la vicepresidenta ha visto con buenos ojos llevar a cabo esta bilateral, que no se convoca desde 2009. Para el Govern catalán, esta Junta es importante puesto que es en ella donde se valoran los efectivos del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, que marca el cálculo de su financiación por parte del Estado. Según denuncia el Govern, el cálculo actual es el de 2008, por lo que calculan que la Generalitat ha dejado de recibir 532 millones de euros en los últimos 7 años.
Los gobiernos se han emplazado a seguir negociando, aunque mantienen sus líneas rojas. Para Santamaría es decidir sobre “la soberanía del conjunto de los españoles”, mientras que para Junqueras es “continuar con el mandato independentista del 27-S”. Pese a eso, ambas partes han reconocido un cierto deshielo en las relaciones entre ambas administraciones.
