El TSJC ordena a la Generalitat que no use sus recursos informáticos para contar votos el 1-O
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado una nueva orden a la Generalitat para impedir el 1-O. A menos de 48 horas para la votación, la magistrada Mercedes Armas ha ordenado a la Generalitat que no use 29 recursos informáticos ante la posibilidad de que sirvan para contar los votos del referéndum, suspendido por el Constitucional pero que el Govern quiere celebrar.
En un auto, Armas ordena el bloqueo inmediato de 29 servicios informáticos de distintos departamentos de la Generalitat, aunque todos ellos gestionados por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI). La magistrada fija de plazo para la suspensión de dichos servicios hasta el martes 3 de octubre. El motivo es la posibilidad de que la Generalitat use estas aplicaciones informáticas “en el recuento o escrutinio de los votos” de este domingo.
Con esta decisión, la magistrada culmina su objetivo de desactivar el 1-O: el jueves ya ordenó a los cuerpos policiales incautar urnas e impedir la apertura de colegios el domingo. Ahora, además, con el bloqueo de los sistemas informáticos, la jueza dificulta la validación de los resultados en caso de que el 1-O se llegue a poder votar en algunos colegios.
Lo más sorprendente del auto es que la magistrada del TSJC ha basado su orden en la investigación de otro juez, el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que el pasado 20 de septiembre ordenó una operación con 41 registros y 14 detenciones a altos cargos de la Generalitat.
Revela Armas en su auto que, fruto de la operación de la semana pasada, se ha detectado que la Generalitat “tendría establecido un plan por el que, a través de una aplicación conocida como evot, se podrían contabilizar los votos en los colegios electorales y podría ser empleada para ejercitar el voto telemático”.
La Guardia Civil ha entregado este mismo viernes a la magistrada Armas un atestado, basado en la operación del pasado día 20, en el que instituto armada da cuenta de las 29 aplicaciones susceptibles de ser usadas el 1-O. En concreto, detalla la Guardia Civil, dos de ellas estarían relacionadas con el Sistema de Gestión de Censos y el Registro de Catalanes en el Exterior.
Además, la jueza ha requerido al Centro de Seguridad y de la Información de Cataluña (Cesicat) que adopte las medidas necesarias para la “detección de puntos de votación electrónica en los diferentes colegios electorales definidos por la organización del referéndum”.
