Antifraude detecta irregularidades en 600.000 euros de ayudas de la Diputación de Alicante con Mazón de presidente

La Agencia Valenciana Antifraude (AVA), el organismo dirigido por Joan Llinares, ha detectado supuestas irregularidades en varias campañas del bono consumo pilotadas por la Diputación de Alicante, mientras el popular Carlos Mazón, actual presidente de la Generalitat Valenciana, estaba al frente de la institución provincial. Antifraude ha pedido a la Diputación que inicie el procedimiento de reintegro de 619.331 euros por el incumplimiento del objeto de la convocatoria. Al Ayuntamiento de Torrevieja, gobernado por Eduardo Dolón, le solicita que tramite el “oportuno procedimiento de revisión de oficio” de las resoluciones de la concesión de las ayudas “con exigencia del reintegro por otorgamiento indebido” de una subvención por un importe de 283.218,74 euros. De esa cantidad, el organismo autonómico ha detectado evidencias de que 107.871,03 euros no se habrían declarado físicamente en el modelo 347 de la Agencia Tributaria, lo que podría ser causa de reintegro.

La AVA recibió una alerta anónima sobre presuntas irregularidades en la concesión de ayudas al comercio mediante el bono consumo (puesto en marcha tras la crisis sanitaria de la COVID-19) a la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Torrevieja. La Diputación de Alicante puso los fondos y el consistorio los otorgó sin concurrencia competitiva por la “configuración errónea” de las bases, que atribuían “indebidamente” la condición de beneficiaria (en vez de entidad colaboradora) a la asociación.

En el anterior mandato, el alcalde de Torrevieja, el popular Eduardo Dolón, también era el diputado de Presidencia, Economía y Régimen Interior de la Diputación de Alicante, con Mazón de presidente de la institución provincial.

Además, la Corporación municipal no estableció el convenio de colaboración, de carácter obligatorio, con la entidad en el que se debería haber formalizado la relación jurídica. Tampoco consta la emisión de un informe de control financiero previo a la aprobación de las bases de la subvención por parte de la Intervención municipal, algo no obligatorio pero sí “muy conveniente”, según Antifraude. 

A pesar de que las ayudas debían otorgarse mediante un procedimiento de concurrencia competitiva a una entidad colaboradora para la gestión del programa del bono consumo, el consistorio otorgó “de forma errónea” la condición de beneficiaria a la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Torrevieja, “cuando si bien es perceptora de los fondos no es la destinataria última del bono consumo” y se limita a una “función auxiliar”.

Así, la AVA establece un presunto fraude de ley en las subvenciones del consistorio en las anualidades de 2021 y 2022 en las ayudas al comercio. Durante las pesquisas, Antifraude también ha detectado que la asociación incluyó como gastos justificados los servicios prestados por una empresa privada contratada para encargarse de la plataforma informática de gestión del bono. El informe critica que los gastos se incluyeran en convenios cuando se trata de “auténticos contratos”.

El organismo afirma que los convenios habrían “encubierto” contrataciones con la empresa informática. “No consta que en las resoluciones de concesión se indique en ningún caso la posibilidad de subcontratar, ni el porcentaje correspondiente a las mismas ni tampoco referencia a que éstas deberán ser autorizadas previamente por la entidad concedente en los términos que exige la Ley General de Subvenciones”, recuerda el informe.

En definitiva, el Ayuntamiento de Torrevieja obtuvo 619.331 euros de la Diputación de Alicante e informó de que se haría cargo la asociación de la gestión del programa, a pesar de que la convocatoria de la Corporación provincial “exigía la gestión directa” del bono bien por parte de los consistorios de la provincia o bien mediante la colaboración con comercios asociados. Un aspecto que “formalmente no cumpliría el Ayuntamiento de Torrevieja”, señala el informe. 

Antifraude detecta, además, la “presunta justificación” de un importe de 107.871,03 euros “a través de facturas que no se habrían declarado en el Modelo 347 a la Hacienda pública” y que, a pesar de ello, “se incluyen en la cuenta justificativa rendida por la asociación que ha actuado materialmente como colaboradora en la gestión de la subvención”. El organismo, tras rechazar todas las alegaciones de las instituciones implicadas y de la asociación, concluye que “los hechos denunciados son susceptibles de ser constitutivos de fraude o corrupción”.

Alegación “dudosa”

El consistorio reconocía en sus alegaciones que las bases eran “confusas”, algo que Antifraude considera “responsabilidad única del propio ayuntamiento”. Además, reprocha que en la octava convocatoria de las ayudas (del pasado 1 de agosto) no se había mejorado la redacción. El informe también señala que otros municipios cercanos a Torrevieja han gestionado los programas (con una movilización de fondos de “cuantía considerable”) mediante una entidad colaboradora sin que en sus convocatorias se aprecien las “confusiones” que “viene arrastrando” el municipio gobernado por Eduardo Dolón.

“La alegada falta de experiencia a la que alude el Ayuntamiento de Torrevieja es dudosa por cuanto basta acudir al Boletín Oficial de la Provincia de Alicante para comprobar cómo la mayoría de los municipios de la provincia, superado el año 2021 y con población similar a la de Torrevieja, optan por la modalidad de gestión del programa mediante entidad colaboradora”, agrega el informe.

La AVA destaca que la “gran mayoría” de poblaciones de la provincia mantienen convenios para la gestión de programas similares con la Federación Alicantina de Comercios de la PYME.