El gerente de las depuradoras valencianas, de Compromís, prorroga irregularmente un contrato a un empresario que financió al PP
Las sociedades de los empresarios condenados por financiar al PP valenciano siguen viento en popa a toda vela gracias a su relación con la Generalitat gobernada por PSPV y Compromís. Una de las que más es la castellonense Facsa de Enrique Gimeno, que prácticamente tiene un monopolio en la depuración de aguas en la zona norte de la Comunitat Valenciana gracias a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), de la que es gerente desde 2015 Enrique Lapuente, elegido por Verds-Equo, de la coalición que lidera Mònica Oltra.
La excusa de los socios del Botànic, ahora ya cuestionados por Podemos por no acabar con las adjudicaciones a estas empresas manchadas por la corrupción, para mantener las relaciones comerciales con empresarios corruptos se fundamente en que es imposible romper los contratos por la condena de la Gürtel o evitar que estas sociedades -algunas han cambiado su nombre- se presenten a los numerosos contratos que saca a concurso la administración autonómica.
Un argumento cierto, pero que se derrumba en casos como los que acaba de sacar a la luz la Intervención de la Generalitat en su auditoría de cumplimiento de la legalidad de la Epsar en 2017 colgada en la Cuenta General. Los interventores revelan que la Epsar ha prorrogado irregularmente desde 2016 a Facsa el contrato de explotación del sistema de saneamiento de la planta de Almenara. El último por 118.522,85 euros en 2017.
Según los interventores, la norma general impide que los contratos públicos de servicios pueden superar los seis años, prórrogas incluidas. El PP de Francisco Camps modificó esta norma y permitió que las prórrogas pudieran alargar el contrato hasta los ochos años. En el caso del servicio de Facsa con la Epsar, los ocho años se cumplieron en 2016, por lo que la entidad que dirige Lapuente debería haber realizado un nuevo concurso. No fue así el pasado año, sino que se le ha vuelto a prorrogar la explotación de la depuradora de Almenara saltándose la ley.
El gerente de la Epsar, Enrique Lapuente, asegura a eldiario.es que cada año caducan una quincena de contratos de gestión de depuradoras y que se sacan a concurso. Sobre la prórroga a la empresa Facsa, Lapuente explica que “los servicios de depuración no se pueden interrumpir”. “Se debe de continuar por motivos de salud pública”, afirma, al tiempo que recuerda que “hay legislación que permite prorrogar más de ocho años”. En ese sentido, el gerente de la Epsar mantiene que este año sacarán 15 concursos, entre los que se encontraría el de Almenara.
La adjudicación a Facsa de 2008 se hizo con José Juan Morenila como gerente, condenado a nueve años de cárcel por el saqueo de Emarsa que se pagó con fondos de la propia Epsar. Ni este ni otras decenas de contratos adjudicados por los condenados de Emarsa a empresas de Gürtel han merecido un mínimo tiempo de fiscalización de la nueva gerencia de Compromís.
Fuentes oficiosas de la Epsar calculan que el volumen de contratos prorrogados irregularmente por los actuales gestores rondará los 30 millones de euros. De la criba hecha sobre 18 contratos, cinco están en esta situación de irregularidad. Casi el 30 % del total.
La Intervención General también censura a la Epsar por pagar servicios recurrentes como el mantenimiento o la gestión de nóminas a través de contratos menores -hasta nueve pagos-. Lo que viene a ser un fraccionamiento de contratos de libro. Las beneficiadas, entre otras, son las mercantiles Els Cunyats y Jorge Talón Salvador.
Enrique Lapuente asegura que recientemente han sacado a concurso la gestión de recursos humanos y recuerda que la Sindicatura de Comptes alerta de la falta de personal en la Epsar.
También critica la Intervención que la Epsar haya contratado un seguro de responsabilidad civil para sus empleados por el desempeño de su empleo, una cláusula no permitida por el Consell del Botànic, según hace notar la propia auditoría de cumplimiento.
