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La jueza sospecha que el 'número dos' de Rita Barberá cobró una “comisión” de un millón a través de Panamá y Suiza

Alfonso Grau y Rita Barberá, en una imagen de archivo.

Lucas Marco / Sergi Pitarch

València —

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La jueza del 'caso Azud' sospecha que Alfonso Grau, ex vicealcalde de València, cobró una “comisión” de un millón de euros por parte de un empresario como pago de un “soborno” relativo a ocho operaciones urbanísticas, según un escrito de la instructora al que ha tenido acceso elDiario.es. La investigación, a cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado los movimientos de fondos en las cuentas de la entidad JP Morgan en Estados Unidos vinculadas a Grau, a su hija y al marido norteamericano de ésta última.

Los supuestos pagos, según la instructora, se hicieron mediante una sociedad panameña y un banco suizo, “como igualmente es tradicional en este tipo de operativas”. Además, la cuenta en Estados Unidos relacionada con Alfonso Grau “es desconocida para las autoridades españolas”.

El supuesto soborno estaría vinculado a la sociedad Edinboro Insvestments SA, domiciliada en Panamá y abierta entre 2004 y 2013, y propiedad en última instancia del fallecido empresario Miguel Montoro, según la respuesta de las autoridades panameñas a la comisión rogatoria. La hija del empresario, Mónica Montoro, figura como investigada en la causa.

Un informe de la UCO, al que también ha tenido acceso este diario, apunta al manejo por parte de Grau de “importantes cantidades de dinero en efectivo” y a un incremento patrimonial “injustificado” entre 2004 y 2011 de, al menos, 728.051 euros.

Los investigadores de la unidad de élite del Instituto Armado destacan los indicios sobre el desvío a Estados Unidos, aprovechando que una de las hijas de Grau reside en el estado de Wisconsin, de parte del “patrimonio injustificado” de la antigua mano derecha de Rita Barberá, recientemente condenado a cuatro años y medio de prisión en el marco de la pieza del 'caso Taula' sobre la caja B del PP de València.

Por otro lado, la UCO alude también a una supuesta operativa de “imposiciones den efectivo de procedencia desconocida” en Estados Unidos.

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