La jueza abre juicio contra Blasco y otras 23 personas por el fraude de 8 millones en fondos de la cooperación valenciana
La titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, ha abierto juicio oral contra el exconseller de Cooperación Rafael Blasco y contra otras 23 personas por el fraude de más de 8 millones de euros de los fondos públicos de la cooperación valenciana. La magistrada finaliza así una investigación que ha durado casi ocho años y en la que reclama a los acusados que devuelvan subsidiariamente 8,2 millones que debían haber ido a proyectos en Nicaragua, Perú, Paraguay, Haití o Guinea y que acabaron en empresas, apartamentos en Miami y un yate.
Esta es la segunda vez que el exconseller Blasco, en prisión desde 2015, se sentará en el banquillo de los acusados por el saqueo de los fondos para el tercer mundo. El expolítico valenciano se enfrenta a 16 años de prisión y sus estrechos colaboradores a entre 16 y 4 años, entre los que destacan Marc Llinares (jefe de área de Cooperación), Josep Maria Felip (director general) y Agustina Sanjuán (secretaria general y también en prisión desde 2015).
Los acusados, entre los que también se encuentra el empresario Augusto César Tauroni, montaron una red organizada por la que las ONG de la trama corrupta o asesorada por ella conseguían proyectos de cooperación millonarios. Cuando recibían el dinero no lo destinaban a esos países en los que debían ayudar a niños con sida o para seguridad alimentaria sino que finalizaban en las cuentas corrientes de empresas constructoras en España y el extranjero. Estos recursos acabaron en la compra de apartamentos en Miami, en la adquisición de un yate o en mordidas para los colaboradores.
16 años para Blasco y 21 para Tauroni
En su escrito de calificación, la Fiscalía solicitó 16 años de prisión para Blasco y 21 años y 6 meses para Tauroni. La Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación particular, solicita para Blasco una pena de 17 años y 6 meses de cárcel.
En esta causa se procesa también a varios trabajadores de las empresas de Tauroni, y a personas vinculadas a las mercantiles que supuestamente emitieron facturas falsas y amañaron los sistemas de evaluación y puntuación de los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.
Por diferentes responsabilidades, se procesa a las mercantiles Fundación Hemisferio, Avance Abogados, Apima, Dinamize, Fudersa, Esperanza sin Fronteras, Gestiones e Iniciativas Arcmed, Inversiones y Estudios Caaz, Expande, Chust Alzira, Beconsa, APB Arquitectura, Matuscas, Macons, Cafcas, Conscas, Gestion Solar Pobla, Monribar Caf, New Castle Consulting Corporation, Indra Holding and Investment Corporation, Worldwide Trinning Corporation, International Human Resources, Quinto Centenario, Desarrollos del Ecuador y Worldwide Human Resources.
Sobre algunas de estas firmas pesa la acusación de blanqueo de capitales.
Por responsabilidad civil se pide a los procesados 8.035.942 euros, de los que 5.035.942 serían por el daño patrimonial de la causa y el resto por “daño moral” pues, según recoge el escrito del fiscal, “la lesión es mucho mayor para el interés general por la afección a otros derechos no patrimoniales”.
Las dos piezas ahora unificadas se abrieron por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de las ayudas públicas a los países del Tercer Mundo por parte de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat valenciana.
177.000 euros que iban destinados a Haití
Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG en 2009, 2010 y 2011, y la otra por el desvío de fondos -177.000 euros- para la construcción de un hospital en Haití. Tanto la investigación por las subvenciones a las ONG como la pieza por la construcción del hospital, que comenzaron a instruirse en la Sala Civil y Penal del TSJCV, pasaron a Instrucción 21 en 2014 cuando Blasco dimitió como diputado autonómico y dejó de estar aforado ante el Alto Tribunal.
Blasco, junto a otros miembros de su equipo, y Tauroni ya fueron condenados por el TSJCV a penas de prisión en la primera pieza del caso Cooperación por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo.
Con respecto a las medidas cautelares personales, sobre las que ninguna acusación hace petición alguna en sus escritos, la jueza ha acordado mantener la obligación de comparecer en los Juzgados de Valencia el primer viernes de cada mes y la prohibición de salir de España, concretada en la retirada del pasaporte.
En lo que respecta a Tina Sanjuán, Rafael Blasco y Augusto Tauroni no se acuerda medida alguna, dado que cumplen condena en estos momentos.
