En su último tramo, el río Guadalmina hace de frontera entre los municipios malagueños de Marbella y Estepona. Según los correspondientes planes generales, el lado esteponero es suelo protegido; el marbellí, un golf resort. A través de la intervención administrativa, casi de forma artística, como una obra de land art encontrada, el cauce ha dejado de ser un elemento natural para convertirse en un desacuerdo político.
Tengo esbozado un comienzo de archivo de este tipo de irracionalidades, he elegido la anterior para comenzar porque es de las más gráficas. La Comunidad Valenciana ofrece un puñado de ejemplos. El reparto apretado de la huerta (“la multitud de lugares forma una vistosa confusión, creyendo el observador que mira a una ciudad de cuatro leguas de diámetro”, dijo Cavanilles en 1795), el desgobierno territorial consentido desde la Generalitat (“consecuencia de una posición ideológica ultraliberal” según Eugenio Burriel) y un descocado chauvinismo municipal (gobiernos a golpe de proyecto y política de grandes eventos) chocan de frente en múltiples ocasiones con la delimitación de términos municipales, el reparto de competencias y la coordinación.
En este artículo esbozaré varios tipos de incongruencias frecuentes:
Límites artificiales: Con la democracia cambió la estructura administrativa y consecuentemente la del gobierno del territorio. A partir del Plan General de 1988, el planeamiento de Valencia ciudad dejó de tener marco comarcal para ceñirse estrictamente al término municipal y, asumida la plena competencia urbanística de los demás municipios, se delimitó el Área Metropolitana de Valencia. El AMV es una línea bastante borrosa en la actualidad dados los cambios en las dinámicas urbanas, que no ha ido nunca mucho más allá del dibujo sobre plano y la retórica administrativa.
A día de hoy, por ejemplo, la separación entre Valencia y Burjassot será imperceptible al paseante a menos que éste vaya en bici pública. Los 12 municipios del área metropolitana que ofrecen préstamo de bicicletas comparten tres gestores diferentes sin permitir intercambios entre ellos. Ese paseante deberá pedalear atento a la línea invisible que separa ambos municipios para bajarse de la bicicleta de JCDecaux y pasarse a una de Movus.
Tiene algo de cómico que los planes municipales, con sus discursos seguros, enérgicos y de grandes ambiciones, comiencen siempre disculpándose por su incapacidad para responder a las exigencias metropolitanas. “La anterior presunción tropieza con una dificultad instrumental: la dispersión actual de los mecanismos de poder (…) con ámbitos, competencias y orientaciones a menudo discordantes, cuando no abiertamente enfrentadas”, decía el Ayuntamiento de Valencia cuando se aprobaba el PGOU de 1988. “Es un hecho constatado que una buena parte de los problemas urbanísticos de la ciudad requieren un enfoque metropolitano. (…) Esta coordinación tiene que partir de la definición del papel de cada municipio en el área y ésta probablemente sea la mayor dificultad”, dice 25 años después la Revisión del Plan General. Es decir, la división administrativa del territorio es una precondición y no una respuesta a las necesidades. “La mayor dificultad” es liberarnos de un corsé que reconocidamente no tiene sentido.
Cruce de competencias: A lo largo del siglo XX, la ordenación territorial se orientó hacia un modelo jerarquizado “en cascada”. El rigor técnico de la planificación plantea una actuación ordenada desde las escalas superiores a las inferiores. La realidad es que ese trabajo “de arriba hacia abajo” sólo funciona teóricamente. El urbanismo se hace de manera simultánea desde escalas aparentemente lejanas pero interconectadas. Lo pequeño tiene incidencia en lo grande y viceversa, provocando efectos en direcciones contrarias que de nuevo tropiezan con el obstáculo de una compartimentación de decisiones estanca.
Así por ejemplo, dado que el número de coches que diariamente llegan a Valencia desde los municipios cercanos es excesivo para la infraestructura de la ciudad, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), pensando desde la oferta, recomienda rebajar la entrada de vehículos privados a la ciudad y hacer competitivo el transporte público intermunicipal; y mientras tanto, el Ministerio de Fomento, atendiendo a la demanda, aumenta el número de carriles de las principales vías de acceso para que todos lleguemos con holgura.
El cruce de competencias no sólo da pie a actuaciones discordantes, sino también a la inacción. Esto ocurre con la huerta. Se está criticando estos días la decisión del nuevo plan general de transformar otras 415 hectáreas de suelo agrícola en suelo urbanizable. En realidad, la falta de miras del PGOU no es el problema, sino una de tantas consecuencias. La preservación de la huerta lleva décadas transitando un camino de no retorno debido antes que nada al cacao administrativo al que está expuesta. Enumeremos agentes: 44 ayuntamientos, Diputación Provincial, 5 consellerías, la Cuenca Hidráulica del Júcar, 2 ministerios inversores, no sé cuántas comunidades regantes, el extinto Consell Metropolità de L’Horta y seguro que me dejo a alguno. Ese enjambre de departamentos sirve para pasarse la bola unos a otros, excusarse de la incompetencia individual y consentir mientras tanto la destrucción de un patrimonio natural irremplazable. Para colmo, en algún cajón amarillea el Plan de la Huerta, publicado a bombo y platillo en 2008 pero nunca aprobado
Modificaciones a antojo: Si un plan, aprobado o no, fuese garantía de algo… El PGOU de 1988 se explayaba en hablar de la ciudad como un todo abstracto funcional y coherente. Se proponía corregir desequilibrios, activar nuevas áreas de oportunidad, articular el conjunto urbano, completar bordes… Siempre preservando la rica identidad de los distritos (que no se diga). Poco después, 700.000 m2 de suelo protegido pasaron de forma más que discutible a ser suelo urbanizable y la pedanía de La Punta se cambió por el descampado de la ZAL. Las modificaciones del Plan General no han sido ni una ni dos. Con la aprobación de la Ley de Actividades Urbanísticas (1992) y la alfombra roja a los promotores que fueron los PAI, el parcheado fue cosa de diario. Entre 1994 y 2002 se tramitaron en Valencia más de 100 PAI. Esto dio lugar a un crecimiento atropellado por yuxtaposición de intervenciones, guiado por los intereses del mercado.
La planificación ha sido en la práctica pura mantequilla e improvisación. Y de alguna manera está bien que sea así, ninguna ley está esculpida en roca. Lo que conviene es que lo reconozcamos abiertamente y nos dejemos de reescrituras a conveniencia y de tapadillo
Disciplina anulando el debate: Departamentos, oficinas, estrategias, proyectos, planes aprobados, planes por aprobar, planes caducos, planes por revisar, planes por redactar, planes por tramitar, planes por inventar… La madeja está tan enredada que no sabe ya uno dónde está la punta de la hebra que ayude a desliar. ¿Por dónde empezar cuando la situación está tan viciada? En lugar de intentar pasar página, se insiste en volver a escribir en la misma hoja, emborronándola aún más. Los añadidos se pierden en el texto anterior, viéndose reducidos a parcheados.
Da esa impresión el PMUS de Valencia, que incomprensiblemente está desvinculado del planeamiento urbano. El PMUS es un plan aprobado, pero no de obligado cumplimiento. La Revisión del PGOU nos tranquiliza agradeciendo en su memoria “el exhaustivo diagnóstico del PMUS y sus propuestas”, poco más que una inspiración para las actuaciones dictadas por el documento planificador. Siendo benévolos, ¿no se está haciendo la misma cosa dos veces? ¿Por qué un documento específico para la movilidad sostenible y no urbanismo sostenible de la cabeza a los pies?
La separación de tareas y lo sobredimensionado del planeamiento consienten e invitan a este tipo de remiendos parciales, sin dejar que se llegue a la raíz del problema. La Revisión del Plan General llega armada de nuevos documentos: plan de participación pública, memoria de evaluación ambiental, estudio del paisaje… El trabajo es exhaustivo, no se deja nada fuera. “¡Está todo, mira!”, parece decir. Pero la sensación al mismo tiempo es que no hay nada. Que a pesar del espesor técnico, esa amplitud de campo es sólo aparente y proclamativa. La memoria de la Revisión dice en su página 1 que pretende “poner en valor todos aquellos aspectos que hacen de Valencia una ciudad diferente y única, en particular (…) la Huerta”. 415 hectáreas, lo dicho.
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Los apartados que he planteado son incompletos y se solapan unos con otros, pero no hace falta ser exhaustivos para llegar a una conclusión: somos presos de un sistema sobretecnificado, tan obcecado en controlarlo todo que es incapaz de mirar de frente a la realidad construida y reconocer sus propios absurdos.
La vida urbana se ha transformado en las últimas décadas: La población es cada vez más diversa, las relaciones sociales se multiplican, las identidades colectivas se reconfiguran, dan un paso adelante nuevos actores activos mientras que el papel del gobierno se debilita… La sociedad nunca ha sido una realidad estática, pero vivimos en un contexto especialmente burbujeante, agitado además por la crisis.
La ciudad ha empezado ahora a reivindicarse a pie de calle, desvelando la desconexión entre la ciudad planificada y la ciudad vivida. El trabajo que hacemos con La Ciudad Construida apunta a ese hueco abierto. Es especialmente importante trabajar en la construcción de canales, ampliar los espacios de participación, profundizar en las nuevas formas de gobernanza, anteponer las necesidades sociales al aparato técnico. Es necesario que el urbanismo baje la mirada y toque suelo, porque la puntilla a todo lo anterior es que la ciudad ocurre “a pesar de”, siempre a ras de suelo.
