Las Ofertas de Empleo Público se deben ejecutar en tres años

Veamos. Hay una tendencia a no valorar la importancia que el Estatuto Básico del Empleado Público da a la ejecución de las Ofertas de Empleo Público.

Una vez negociadas y aprobadas, parece como si el tiempo pudiera transcurrir de manera indefina. Como si ya se hubiera cumplido con un trámite y ahora tocara ir gestionando la Oferta de manera laxa. Siempre jugando con los tiempos y la oportunidad de sacar solo la convocatoria de determinadas bases en orden a las prioridades políticas del momento.

El Tribunal Supremo, en Sentencia casacional num 660/2019 de 21 de mayo, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta deja claro que el plazo fijado por el artículo 70.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril (actual Real Decreto Legislativo 5/2015) tiene carácter de plazo “esencial” y que por tanto, su transcurso sin ejecución alguna de dicha oferta la deja sin efecto, y resulta inaplicable.

Por lo que se entiende que la exigencia del art. 70 (plazo esencial máximo) está en armonía con el carácter que corresponde a la Oferta de Empleo Público como instrumento creado con la finalidad de racionalizar y ordenar el proceso de selección de personal. Es un documento por el que la Administración hace pública la relación de plazas vacantes que pretende cubrir durante el ejercicio presupuestario a través de los procedimientos de selección de personal.

Todo esto supone que exista una estrecha vinculación entre la Oferta de Empleo Público y los presupuestos de cada año. Implica que las ofertas deban aprobarse con carácter anual y ajustándose a los límites que, para cada año, determinan las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado en relación con la tasa de reposición de efectivos (plazas que pueden ser objeto de Oferta).

Añade que esta norma resultaba igualmente aplicable a las entidades locales conforme a lo establecido en el artículo 91 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, que dispone que “ las Corporaciones Locales formarán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal .”

Razona que el artículo 70 del Estatuto Básico vino a reforzar la vinculación entre la Oferta de Empleo Público y los presupuestos de cada año. Y este mismo mandato es reiterado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público.

El Estatuto es claro y conciso, no requiere en este aspecto de aclaración y por tanto concluye que los mandatos establecidos por las Leyes, cuando las mismas tienen una vocación general y permanente, como ocurre paradigmáticamente además con el Estatuto Básico del Empleado Público, no necesitan ser reiterados o renovados por las Leyes posteriores y menos aún por las Leyes de presupuestos del Estado, cuya finalidad es la ordenación de los ingresos y gastos dentro del correspondiente período.

Tomando en consideración lo expuesto, es evidente que nuestro cometido, desde CCOO, no está tan sólo en la negociación de la Oferta de Empleo Público, exigiendo, fiscalizando que se cumplan los plazos de su aprobación, el informe pertinente de las plazas vacantes/presupuestadas objeto de la misma, cumpliendo los requisitos fijados por la LPGE correspondiente, sino que además debemos actuar de manera coordinada para exigir de inmediato la planificación de su desarrollo, la negociación de las bases correspondientes, su publicación y el seguimiento del cumplimiento de los procesos selectivos.

Sólo así conseguiremos que se cumplan los Acuerdos en torno a la reducción de la temporalidad y la precariedad firmados con el Gobierno y que se van abriendo paso muy lentamente.

Esa reducción del porcentaje actual de temporalidad, situado en el entorno del 30% hasta el 8% pactado requiere de un importante compromiso por parte de las parte. Nosotros estamos en ello. Habrá que esperar que las entidades locales se pongan también las pilas. Por ahora no se nota lo suficiente.

*Julio Conesa, coordinador general de CCOO de la Administración Local