La propuesta de financiación del PP aprobada en el Senado prioriza las variables que perjudican a la Comunitat Valenciana

El PP defiende en el Senado un modelo de financiación autonómica que beneficia a las comunidades que ya reciben fondos del Estado por encima de la media, como Galicia o Castilla y León, pero que, además, resulta cuestionable para la Comunitat Valenciana que gobierna Carlos Mazón. Los de Alberto Núñez Feijóo sacaron adelante este martes una iniciativa que insta al Gobierno a negociar la reforma del modelo, caduco desde hace una década, en la conferencia de presidentes autonómicos y en el consejo de política fiscal y financiera, pero ya dibujan algunas líneas sobre su modelo ideal, que no alteraría el statu quo que le cuesta a los valencianos 1.300 millones de euros al año.

Durante el debate en el Senado, el representante de Compromís Enric Morera trató de incluir una enmienda para que se añadiera un fondo de nivelación a esta propuesta, que era un calco de la que defendió el presidente valenciano, Carlos Mazón, en las Corts. El PP la rechazó de plano y mantuvo su propuesta. El senador popular Gerardo Camps, quien defendió la iniciativa, pidió al resto de grupos que “no voten en contra a que todas las comunidades contribuyan de manera justa y reciban lo que les corresponde en función de sus necesidades; no voten en contra a que el sistema sea comprensible, que los ciudadanos puedan entender cómo se reparten los recursos, y no voten en contra a que ninguna comunidad reciba privilegios en detrimento de otras”.

Los populares piden que el Gobierno incremente los fondos para todas las comunidades autónomas, que considera infrafinanciadas en su conjunto. También reclaman que se calcule el futuro gasto en sanidad y políticas sociales derivados del envejecimiento de la población de los próximos años. Hasta ahí, todo razonable para todos los territorios, una suerte de aproximación a la demanda de cobertura de servicios básicos, que son competencia de las comunidades autónomas -sanidad, servicios sociales o educación- y que resulta una reivindicación común.

El conflicto territorial despertaría al aplicar el sexto punto que el PP ha introducido en la moción. El texto pide que en los cálculos que se realicen para decidir cómo se reparten los recursos se ponderen variables como “la dispersión, la despoblación, el envejecimiento, el reto demográfico, el coste de la prestación de los servicios”. Estos puntos resultan de interés para los territorios que ya están por encima de la media en financiación autonómica, pero no resuelven el problema de las comunidades infrafinanciadas, salvo en el caso de Castilla-La Mancha, que sí sufre despoblación, envejecimiento y está por debajo de la media en recursos del Estado.

Si bien algunas zonas de Castellón tienen problemas de despoblación o envejecimiento, para Valencia y Alicante apenas tendría impacto, como tampoco en el resto de comunidades del arco mediterráneo, más allá de zonas concretas. El texto del PP añade que estas variables propuestas “garantizan la suficiencia financiera autonómica y la prestación de los servicios en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional.”

El cálculo de los expertos valencianos dista de este modelo. El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) apuntó en 2021 que el fondo de suficiencia distorsiona el reparto de recursos y es especialmente perjudicial para las necesidades valencianas. El anterior Ejecutivo autonómico, capitaneado por el PSPV en coalición con Compromís y Unidas Podemos, planteó que el modelo primara la población ajustada y que esta “se pareciera” lo más posible a la real. La comisión de expertos en financiación autonómica considera que las correcciones por despoblación y dispersión y el fondo de suficiencia producen disfunciones que mantienen la discriminación de la Comunitat Valenciana, y así lo plantearon en las alegaciones enviadas al Ministerio de Hacienda en 2022.

En concreto, Francisco Pérez, representante de la comisión y responsable del IVIE, señaló la necesidad de que la reforma incorpore “la garantía de que el indicador representativo de las necesidades será el que determinará el reparto de la totalidad de los recursos autonómicos, sin más fondos ad hoc que, como ahora sucede, desvirtúen la asignación que se derive de la población ajustada para justificar la del statu quo”.