La Sanidad valenciana fomentará los menús saludables en centros educativos y hospitales

Los niveles de obesidad, sobrepeso y malnutrición han alcanzado en la Comunitat Valenciana carácter de epidemia. La proporción de personas con exceso de peso sigue una tendencia creciente con la edad y la obesidad llega a afectar a dos tercios de la población que supera los 65 años y a un tercio de los menores de 18 años. Sobre esta premisa trabaja la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública del Gobierno valenciano, que desde inicios de legislatura quiere plantar batalla a la mala nutrición.

Este junio, el departamento que dirige Miguel Mínquez ha sacado a exposición pública el proyecto de decreto para regular los menús saludables en los centros de titularidad pública. El texto, impulsado por la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, limita severamente los productos hipercalóricos de bajo aporte nutricional y establece unos mínimos de fruta, verdura y productos frescos en los menús y en las máquinas de vending.

El decreto de fomento de la alimentación sostenible y saludable establece que en todos los centros públicos y en los servicios de atención domiciliaria se establezcan criterios de dieta mediterránea. De un lado, se retira la venta de productos no saludables; de otro, se establecen unas pautas de alimentación que deberán ser diseñadas por nutricionistas o personas con cualificación equivalente.

Sanidad prohibirá la venta en estos espacios de caramelos y gominolas, bollería industrial, aperitivos fritos a base de harina o patata, bebidas refrescantes y otras bebidas que contengan una cantidad superior a 5 gramos por cada 100 ml de producto de azúcares añadidos, salvo la horchata. Por contra, los platos deben tener al menos un 50% de verduras, un 25% de proteína que proceda de carne, pescado, huevos o legumbres y de postre ofrecer fruta fresca y/o derivados lácteos sin azúcar. Los alimentos que se proporcionen en todo tipo de menús garantizarán la igualdad en la diversidad alimentaria, ya sea por razones médicas, religiosas o culturales, ofreciendo alternativas para su adecuada adaptación alimentaria y nutricional a las diferentes circunstancias presentadas, indica el texto. Además, el decreto regula que los alimentos, productos y/o ingredientes utilizados en la elaboración de los menús serán, como mínimo en un 15%, procedentes de la producción ecológica.

El ámbito de aplicación son los menús y las máquinas de vending que presten servicio en la atención domiciliaria, como en comedores o establecimientos de restauración colectiva en centros educativos, universidades, centros sanitarios y centros de servicios sociales de titularidad pública, privada sostenida con fondos públicos o privada, residencias juveniles, albergues y campamentos de titularidad pública.

Pliegos de contratación

Los órganos de contratación pública deben recalcar que las licitaciones incorporan criterios de alimentación saludable y sostenible, ambientales y sociales. Los pliegos tendrán que indicar cuáles son los alimentos no permitidos y en la ponderación primarán los alimentos ecológicos, la variedad de frutas, verduras y hortalizas de temporada, la calidad ambiental de su producción -que sean de proximidad y con baja huella de carbono-.

Obesidad y riesgos asociados

El preambulo del decreto recuerda que la obesidad y la desnutrición conllevan comorbilidades -asociación de otras enfermedades- que deterioran la calidad de vida de las personas, aumentando el riesgo de mortalidad en la edad adulta. “Las evidencias científicas muestran que la desnutrición adquiere relevancia por sus consecuencias físicas, funcionales y sociales entre los colectivos vulnerables, asociándose a mayor riesgo de mortalidad, aumento del número de caídas y fracturas y mayores tasas de infección, entre otras, así como un deterioro global de la calidad de vida de las personas que la sufren”, apunta el texto. En España alrededor de la mitad de las personas mayores que ingresan en centros residenciales se encuentran en situación de riesgo de desnutrición, recuerda la norma, que, recalca: “Es un hecho aceptado y con evidencia científica que la enfermedad cardiovascular y otras enfermedades no transmisibles constituyen un importante problema de salud pública”.