Los sindicatos se concentran a las puertas de Educación para exigir la aplicación de acuerdos de plantillas: “Quieren que tengamos las manos atadas”
Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT se han concentrado este lunes ante la Conselleria de Educación para presionar y exigir la “aplicación inmediata” de los acuerdos de plantillas suscritos en junio de 2023 --durante la anterior etapa de gobierno del Botànic--, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) haya suspendido cautelarmente la denuncia de la Generalitat de estos acuerdos, así como las instrucciones aprobadas en junio de este año para la definición de las plantillas de profesorado.
Las organizaciones sindicales han exigido al departamento liderado por el conseller José Antonio Rovira que aplique el auto del TSJCV que “avala los acuerdos de plantillas” porque los centros educativos están “esperando el profesorado que falta”, que es “muy importante para ayudar a combatir la carga burocrática” del profesorado y “mejorar la atención” al alumnado. “Quieren que tengamos las manos atadas”, han denunciado.
Así lo ha expuesto, en declaraciones a Europa Press, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, que ha acusado a la Conselleria de Educación de “dilatar en el tiempo” la aplicación de los acuerdos de plantillas suscritos en junio de 2023 al recurrir la suspensión cautelar de las instrucciones de plantillas. “Pensamos que --el TSJCV-- lo desestimará sí o sí y acabará aplicando el auto”, ha augurado. Además, ha subrayado que “cada día que pasa” sin aplicar estos acuerdos supone “un ahorro” para la Conselleria.
Por su parte, la pasada semana CCOO acusó tanto al conseller de Educación, José Antonio Rovira, como al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de “engañar” con “verdades a medias” o con “directamente fábulas y bulos”. A ambos les reprocharon que saquen pecho del supuesto “incremento de 500 profesores” en este inicio de curso 2024/2025 cuando, realmente, “son 1.400 menos de los que tendrían que haber”. “Es una verdad a medias, malintencionada y engañosa, un recorte disfrazado”, censuró.
Además, criticó las “políticas austericidas” del Consell y sus “recortes” en la educación pública y advirtió de que ya se ha visto “que no han llevado a una mejor solución, sino a más precariedad y debilidad de los servicios públicos”. “No queremos que eso vuelva a pasar cuando se ha sudado sangre en la negociación”, incidió.
Conselleria buscará un acuerdo
De su lado, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha asegurado que la Conselleria --que recurrirá la suspensión cautelar de las instrucciones de plantillas-- va a “empezar a trabajar desde este mismo momento” para tratar de alcanzar un acuerdo con los sindicatos para impulsar una orden de plantillas que dé “estabilidad y seguridad jurídica” a los profesionales docentes.
En esta línea, ha defendido el derecho a presentar un recurso de reposición a las medidas cautelares dictaminadas por el TSJCV y ha argumentado que la postura del departamento de Campanar es “aplicar nuestras propias políticas y no las que nos dejó establecidas un gobierno en funciones”, en referencia al Botànic.
En cualquier caso, ha mostrado la voluntad de tener unas plantillas docentes “adecuadas” en los centros educativos --“por supuesto que sí”--, así como prestar especial atención a niños y jóvenes con necesidades educativas específicas. “Agotados esos recursos, evidentemente, acataremos la sentencia, como no puede ser de otra manera”, ha añadido.
Además, ha subrayado que desde el departamento que encabeza el conseller Rovira “siempre” negociarán con los sindicatos --“siempre hemos tenido y siempre tendremos negociación”-- y, al respecto, ha avanzado que este martes se celebrará una junta de portavoces en la que se establecerá el calendario de negociación de diferentes temas para todo el curso escolar, en la que una de las cuestiones que se abordará será el tema de las plantillas.
“Manos atadas”
Sobre esta reunión, desde STEPV han insistido en que no quieren negociar una orden de plantillas, sino la aplicación de los acuerdos firmados en 2023, y han acusado a la Conselleria de querer presentar una orden que provocaría “más inseguridad jurídica” para los docentes para “recortar” los acuerdos, que tienen “más garantías” y que “no son fáciles de tumbar”. “Quieren hacer lo que les dé la gana y que tengamos las manos atadas”, han reprochado.
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