Las señales que desde las diferentes Administraciones Públicas se vienen lanzando sobre el modelo turístico de España ha estado ocupando durante estos últimos meses la práctica totalidad de la agenda pública. No hay que estar especialmente interesado en el tema para haber seguido la polémica que surge en los alrededores del tema.
Se ha dado un debate, a veces ruidoso, sobre el modelo turístico en muchas zonas de España. Probablemente con Barcelona y Baleares a la cabeza, además de debate, también se ha generado nueva legislación centrada fundamentalmente en los pisos turísticos y en su impacto, ya no sólo en torno al modelo turístico, sino con respecto al estilo de vida de los residentes de la zona en que están radicados los inmuebles.
En economía llamamos externalidad negativa al perjuicio que alguien sufre por las actividades de terceros. Los residentes permanentes de un barrio sufren costes extraordinarios o molestias por el alquiler vacacional de algunos propietarios.
Abriendo más el enfoque: el turismo fuerza las infraestructuras, medio ambiente y recursos del territorio en que se produce. En un mundo ideal las infraestructuras y servicios públicos tomarían la dimensión óptima para el turismo y esas inversiones se sufragarían con los recursos que generan los turistas en la ciudad de destino. Sin embargo, en un mundo de aerolíneas de bajo coste y con plataformas como Airbnb, el volumen de turistas sobre algunas zonas se ha disparado en muy poco tiempo y, además, sin reportar muchos más ingresos adicionales, por lo que las costuras del modelo actual comienzan a desgarrarse trágicamente.
Esto además acentúa comportamientos que se sitúan próximos a la tragedia de los comunes. Ante un recurso común (medio ambiente, servicios públicos, etc) que resulta limitado existe un elevado incentivo para que algunos agentes económicos decidan explotarlo por encima de sus posibilidades, ante la perspectiva de que se pueda llegar a saturar, anteponiendo los intereses propios a los del bien común.
La teoría nos dice que el óptimo en estas situaciones es internalizar los costes asociados al comportamiento descrito, es decir, asociar el pago de la molestia a quien produce este tipo de externalidad negativa. Así, encontramos tres formas de lograrlo: regulación (limitando la actividad), impuestos (encareciendo la actividad) y derechos de propiedad (creando un mercado de “externalidades negativas”).
Otro tipo de enfoque parte de movimientos que hablan de un cambio de modelo que podría ayudar a terminar con estas externalidades. Uno de estos movimientos es la Economía del Bien Común, que intenta eliminar las externalidades a través de la cooperación entre los diferentes agentes y en la internalización de esas externalidades a través de herramientas como los balances medioambientales o éticos.
No cabe duda de lo interesante de todas estas propuestas, pero también resulta evidente que su validez es imposible de probar sin un cambio sistémico que, hoy por hoy, parece verdaderamente difícil llevar a cabo de forma efectiva.
En todo caso, podríamos Todo esto entronca en lo que Michael Porter ha llamado Valor Compartido (Creating Shared Value) y que de un tiempo a esta parte está mostrando una mayor capacidad de tracción en el mundo de los negocios.
Volviendo a las tres herramientas que tradicionalmente se han considerado dentro del modelo económico actual, si analizamos las acciones que las administraciones públicas han adoptado últimamente, éstas han pivotado siempre en el entorno de las dos primeras, es decir, han tendido a regular la actividad y a gravarla con impuestos.
Tanto Barcelona como Baleares han aprobado recientemente normas muy restrictivas para regular el alquiler vacacional. En cuanto a impuestos, existen tasas turísticas desde hace tiempo. Además, los alquileres vacacionales suponían una actividad que hasta recientemente operaba principalmente dentro de la economía informal, sin fiscalización adecuada. En los últimos meses, además, se ha aumentado la presión sobre los defraudadores, algo que en definitiva supone un incremento del precio efectivo para los arrendatarios.
Las nuevas tecnologías, junto a los cambios sociales y la alteración de preferencias en los consumidores, va a hacer muy difícil encontrar un equilibrio regulatorio y fiscal sobre esta nueva realidad. No creo que ni los más optimistas entiendan estas medidas como resolutivas. Al menos, no de forma efectiva y ajustada en velocidad de adaptación y dimensiones de su efecto sobre la demanda y otros destinos turísticos sustitutivos.
Frente a ello, la teoría económica facilita una tercera vía: la del uso y regulación de los derechos de propiedad. Esta vía nace del Teorema de Coase y se ha aplicado con diferentes grados de éxito en la regulación de externalidades relacionadas con el medio ambiente y en general, el bien común.
Seguramente una de sus aplicaciones más ambiciosas, aun con resultados muy modestos, pasa por su uso en los diferentes mercados de derechos de emisión de CO que se establecieron en diferentes partes del mundo para intentar limitar las emisiones de dióxido de carbono. Estos mercados son un interesante ejemplo de lo que el propio Ronald Coase anticipó: si se lleva a cabo una asignación inicial equivocada, estos sistemas no funcionan de una manera eficiente.
Asignar los derechos de propiedad correctamente y lograr que exista un mercado con costes bajos de transacción resulta tremendamente complicado. Especialmente, si atendemos al espíritu de Coase: las instituciones diseñan el marco jurídico y el mercado actúaen una libertad ciertamente condicionada por el imperio de la ley.
Con las dos primeras vías que hemos mencionado (regulación e impuestos), es habitual que se generen ciertas inercias capturadoras de rentas (públicas), vía subsidios asociados a la solicitud de ayudas para la compensación de externalidades negativas por parte de los perjudicados. En caso de darse, es lo que llamamos un incentivo perverso.
Sin embargo, hay algunos buenos ejemplos de éxito en este sentido. Uno de los más extendidos supone la gestión de los recursos pesqueros a través de las cuotas pesqueras transferibles (ITQ).
La diferencia respecto a las cuotas tradicionales estriba en que los pescadores son propietarios de los recursos pesqueros sobre los que desarrollan su trabajo. De esta manera, los pescadores son los primeros interesados en asegurarse de que los recursos no se esquilman, puesto que si ocurriera, serían ellos los primeros perjudicados al notar cómo el valor de sus títulos de propiedad (y fuente de generación de ingresos futuros) se hundía.
Los propios explotadores son los primeros interesados en mantener la viabilidad de los bancos de pesca a largo plazo, evitando la irrupción de incentivos perversos que normalmente se generan con otro tipo de sistemas.
Los ITQ llevan utilizándose varias décadas por bastantes países y, en general, los resultados son marcadamente positivos.
La aplicación de los derechos de propiedad de Coase al turismo sería sin lugar a dudas muy complicado. De hecho, en este momento es una vía meramente especulativa.
En un artículo posterior abordaremos el desarrollo de un marco de acción único en este sentido, junto algunas medidas concretas que puedan comenzar a arrojar luz sobre una cuestión que suma a su gran interés una tremenda complejidad.
Resulta evidente que las soluciones ortodoxas parecen no funcionar en un mundo en rápida transformación y quizá tanto las administraciones públicas como los agentes económicos y los ciudadanos en su conjunto debieran comenzar a explorar soluciones más heterodoxas para abordar un problema de importantes implicaciones para nuestra sociedad.
