El Puerto de València recurre la sentencia que paraliza la ZAL y tramita un tercer plan para legalizarla pese a que está en suelo “no urbanizable”

La Autoridad Portuaria de València (APV) recurrirá la reciente sentencia que anula el Plan Especial aprobado por el Gobierno valenciano en el año 2018 para tratar de poner en marcha la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), que lleva paralizado 23 años paralizada por irregularidades urbanísticas.

Como informó elDiario.es, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) fundamenta la anulación de la aprobación del Plan Especial en que “el suelo del ámbito de la ZAL pasó a tener la clasificación de suelo no urbanizable que le otorgaba el plan general del municipio” como resultado de la nulidad de los planes anteriores y estima que la Evaluación Ambiental Estatégica (EAE) no debió realizarse por procedimiento simplificado tal y como se hizo, sino por procedimiento ordinario.

El presidente de la APV, Aurelio Martínez, aseguró que se optó por esta vía “siguiendo fielmente la hoja de ruta de la Generalitat” y que más allá del recurso que se interpondrá, se empezará a trabajar en un tercer Plan Especial que incluya la EAE por el procedimiento ordinario, aunque nada comentó sobre la cuestión de fondo, es decir, el carácter no urbanizable del suelo.

Martínez comentó que mientras no se resuelva el litigio, no se podrán adjudicar de forma definitiva las cuatro parcelas que contaban ya con una adjudicación provisional, por la que las empresas que planeaban instalarse podrían solicitar el reintegro de la fianza depositada y abandonar el proceso.

Pese a que la ZAL se hizo echando por la fuerza a un centenar de vecinos de La Punta cuyas viviendas fueron arrasadas y saltándose la legalidad, motivo por el cual acumula cuatro fallos judiciales en contra, lejos de hacer alguna autocrítica Martínez se limitó a lamentar que haya quien se alegre del último fallo judicial.

Ampliación norte

Por otra parte, el presidente de la APV afirmó que la semana que viene remitirán a Puertos del Estado el proyecto definitivo de la ampliación norte con las recomendaciones solicitadas, pero puntualizó que el organismo estatal ya no debe pronunciarse al respecto. Así pues, están a la espera del informe de compatibilidad de estrategias marinas que debe emitir el Ministerio de Transición Ecológica para aprobarla, elevarla al consejo de ministros y licitarla.

Al repecto, fuentes ministeriales han explicado a elDiario.es de que la finalidad del informes de compatibilidad es garantizar que dterminadas actividades no ponen en riesgo los objetivos ambientales de las estrategias marinas.

“El plazo para emitir estos informes está asimismo regulado. El informe de compatibilidad con la estrategia marina tiene la naturaleza de informe preceptivo y vinculante, y se emitirá en el plazo de treinta días hábiles. La falta de emisión del informe de compatibilidad en el plazo establecido en ningún caso podrá entenderse equivalente a un informe de compatibilidad favorable”, han afirmado.

En cuanto a la multa de 3.000 euros impuesta por el Ayuntamiento de València por exceso de ácido sulfhídrico, Martínez comentó que se debió a una avería en la bomba de inyección de oxígeno dispuesta para solventar el problema, lo que ya se está solventado con la compra de nuevos equipos. Además, descartó la instalación de una depuradora puesto que los concesionarios están obligados a realizar los vertidos en origen. Así pues, el problema se genera por los residuos que quedan estancados en la red de saneamiento porturia.