Patacho Recio: “En SEDA absolutamente nadie va a cobrar un euro más ni menos de lo que le corresponda”

SEDA (Sociedad Española de Derechos de Autor) se constituyó en noviembre de 2019, pero ha tardado casi un año en ponerse en marcha debido a la falta de licencia por parte del Miniserio de Cultura y Deporte. En junio de este año, el Ministerio afirmaba a este periódico que SEDA había solicitado la concesión de autorización para operar como entidad gestora de derechos musicales en mayo, pero el largo proceso administrativo había empezado mucho antes. Ya en diciembre de 2019 SEDA había presentado una solicitud que tuvo que pasar por unas subsanaciones de forma, que se concretaron en otra petición en marzo. Pero entonces llegó la pandemia y todo se paró.

Al menos hasta el pasado 29 de agosto, cuando SEDA por fin recibía luz verde por parte del Ministerio. Esta entidad se presenta como una alternativa a la SGAE, tras casi un siglo de monopolio de esta como única entidad de gestión colectiva de derechos de autor sobre obras musicales. Pero ahora tiene por delante muchos retos para establecerse definitivamente como sociedad sólida y operativa que pueda gestionar con la eficiencia y transparencia a la que aspiran.

Retos que parten de una base fundamental: escapar del modelo de la SGAE, actualmente al borde de la ruina, sumida en distintos procesos judiciales, casos de corrupción, malversación, luchas internas, megalómanas inversiones fracasadas y un encadenamiento de presidencias breves.

¿Cómo nace SEDA y, sobre todo, por qué?

El motivo del nacimiento de SEDA es el descontento ante el funcionamiento de la única entidad que existía en materia de gestión de derechos musicales. Creímos que era necesario crear una alternativa. Somos un grupo de autores y editores, gente socia de SGAE, que llevábamos años intentando regenerar y abordar los problemas que había en la entidad. Hasta que hubo un momento en que ya era imposible y pensamos que la mejor solución era empezar de cero: crear una entidad alternativa en la gestión que garantizase un reparto justo de derechos, y un funcionamiento transparente y profesional. Por eso se creó SEDA.

Se constituyó como asociación en noviembre del año pasado y empezamos los trámites con el Ministerio. El problema que surgió es que, al declararse el estado de alarma en marzo, se paró todo el proceso administrativo. Y la resolución de la nueva concesión de la licencia no sabíamos si llegaría a tiempo este año. Al final se ha conseguido, yo diría que a fecha límite, pero efectivamente el Ministerio ha entendido que la documentación presentada cumple con todos los requisitos legales. Tenemos unos estatutos adaptados a la legalidad vigente y a la normativa europea, un plan de viabilidad y un objetivo de prestar un beneficio a los autores. Se ha concedido tarde, se podría haber acelerado el proceso, pero bueno, bien llegado sea. 

En nuestro país, la SGAE ha tenido el monopolio de la gestión de derechos musicales durante casi un siglo. ¿Por qué ha tardado tanto en nacer una alternativa?

Antes de la crisis, muchos socios de SGAE pensaban que el funcionamiento de la entidad era el adecuado. Cuando empiezan los problemas se achaca a la crisis económica y todo el mundo entiende que gran parte de la caída de ingresos es motivo de la crisis, como ahora se achacará a la pandemia y el confinamiento. Pero otra parte estaba motivada por una mala gestión y muchos socios de entonces intentamos saber cuál era el problema de la entidad. Lo que ocurrió es que nos encontramos con una falta de transparencia muy grande que nos hizo pensar que algo no cuadraba. 

Más tarde, SGAE empieza a entrar en una serie de causas judiciales continuas. Hablamos del caso Saga, de la rueda de las televisiones, las continuas multas de competencia y de hacienda y el despilfarro de dinero en cosas innecesarias mientras la entidad no se adaptaba a los nuevos tiempos ni se desarrollaba tecnológicamente. El año pasado la entidad reconoció por fin unas pérdidas de más de 22 millones de euros. Este año se estima que va a tener una caída de recaudación de más del 30%. Y sin embargo, no se ha tomado ninguna medida al respecto. Es la única empresa española de ese nivel que no se ha planteado, no te digo yo un ERTE, sino ninguna medida de recortes o cálculo de gastos. Porque si tienes una empresa y cada vez tienes menos ingresos mientras los gastos no dejan de aumentar, eso te va a llevar a la quiebra. 

La gente que consume música y paga por ello tiene derecho a saber dónde va su dinero y qué porcentaje reciben los artistas y los autores

Además de los procesos judiciales [en 2019 la Fiscalía pidió 4 años de prisión para el expresidente del Consejo de Dirección de la SGAE Teddy Bautista por considerarle autor de un delito de administración fraudulenta], SGAE adolece de una situación financiera agonizante. ¿Cómo puede garantizar SEDA que no va a cometer los mismos errores?

En SEDA, de momento, nacemos libres de deudas. Tenemos cero euros, es decir que no tenemos ningun gran presupuesto, pero también debemos cero euros. Tampoco estamos expulsados de ninguna entidad internacional [SGAE fue expulsada de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) en 2019] ni imputados en ninguna causa judicial. 

Nuestro primer objetivo es la transparencia absoluta, no solo con los socios sino con los usuarios, los clientes finales y la población en general. La gente consume música y paga por ello y creo que tiene derecho a saber dónde va su dinero. No solo se trata de que la televisión, la radio o el empresario que monta un concierto aporte dinero: el ciudadano que compra un álbum o escucha un tema en Youtube,están pagando un dinero por ello y merece saber a dónde va ese dinero. Es necesario que sepan qué porcentaje de ese dinero reciben los artistas y los autores y que valore si ese porcentaje es justo o injusto. 

Ahora mismo los autores en España… la SGAE tiene muy mala fama y la opinión pública lo lleva comentando hace años. En las redes sociales se ve constantemente. ¡Da la sensación de que los autores somos unos ladrones! Pero realmente los autores, o un número importante de estos, lo que hemos sido es víctimas de una estafa realizada por personas que no voy a nombrar. 

Mientras se minaba su imagen, la SGAE buscaba estabilidad con presidencias que duraban muy poco. La última moción de censura que le hicieron a Pilar Jurado y las posteriores presidencias de Fermín Cabal y, actualmente, Antonio Onetti han acontecido en cuestión de un año. ¿Cómo van a elegirse los órganos directivos y representativos de SEDA para evitar esas luchas de poder internas?

Aquí hay que explicar dos cuestiones: por un lado la gestión de SEDA va a ser totalmente profesional. Es decir que los cargos de los órganos de gobierno de la entidad van a ser más representativos que ejecutivos. El poder ejecutivo va a estar en manos de un equipo profesional. El órgano del Consejo de Administración va a vigilar que se cumplan los objetivos planteados por la Asamblea de Socios. 

En SEDA todos los socios tienen derecho a voto y si bien es cierto que también hay una ponderación de voto, esta no es la misma que la de la SGAE porque hay un máximo de veinte votos por socio. Además, esos votos se consiguen por una recaudación bruta histórica, no como en la SGAE que los votos era un 'te los doy y te los quito' de tal forma que terminaban gobernando los que eran ricos en un momento determinado. ¡Como si fuesen los que supieran sobre derecho y propiedad intelectual! Tener dinero no te da conocimiento. 

Y luego hay otra diferencia fundamental: cualquier persona con derecho a votar tiene derecho a ser votado. Así que cualquier persona tiene derecho a ser candidato y estar en los órganos de representación. Hay un solo órgano de representación que es el Consejo de Administración formado por cinco autores y cinco editores con paridad e igualdad absolutas. 

Ahora mismo en España da la sensación de que los autores somos unos ladrones, pero muchos hemos sido víctimas de una estafa

Antonio Onetti afirmaba hace poco que SEDA es un "caballo de Troya" porque los derechos de autor de sus socios en el extranjero serán gestionados por la entidad francesa Sacem [Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ]. Según Onetti, “deberíamos proteger el mercado de una interferencia extranjera”. ¿Tiene algo que decir al respecto?

¡En esto último estoy totalmente de acuerdo con él! De hecho, uno de los motivos por los que nace SEDA es para evitar la fuga de autores y músicos a entidades extranjeras que estaba provocando SGAE. En los últimos años sabemos de autores importantes como Jose Luis Perales, Manuel Alejandro o Julio Iglesias se marcharon a entidades extranjeras por la mala gestión de la SGAE. 

Respecto a lo de Sacem: los derechos de SEDA los va a gestionar SEDA. La relación de SEDA con Sacem se basa únicamente en la satisfacción de una necesidad: como entidad de derechos de gestión colectiva tenemos la obligación de garantizar la gestión de los derechos de nuestros socios en el extranjero. Y eso solamente se puede hacer mediante convenios internacionales con otras entidades de gestión, que son centenares. Convenios que no se pueden firmar hasta que no se tiene la licencia que nos acaba de otorgar el Ministerio. Así que ¡no podíamos haber realizado los convenios previamente! ¡No había forma! Lo que hemos conseguido es un acuerdo mediante el cual, mientras SEDA cierra esos acuerdos de representación, Sacem se compromete a garantizar el cobro, que no el reparto, de los derechos de los autores de SEDA en países extranjeros. Y el acuerdo se va cancelando, entidad por entidad, según se vayan firmando los convenios pertinentes con cada país. Hemos buscado una solución para un problema legal de pescadilla que se muerde la cola. Y no comprometemos los intereses de nuestros socios.

Onetti también sostiene que los estatutos de SEDA no cumplen con la normativa de propiedad intelectual y que el plan de viabilidad es “absolutamente inverosímil”.

Me sorprende el desconocimiento o la mala intención de Onetti sobre el plan de SEDA y su funcionamiento. Tenemos un plan de viabilidad que, como todos los planes de viabilidad, se basa en unas estimaciones para los próximos años, en concreto cuatro ejercicios futuros. A diferencia del plan de viabilidad de la Fundación Sgae, cuya única referencia temporal era a años pasados, sin hacer referencia a años futuros.

Y con respecto a la acusación de que los Estatutos de SEDA no están adaptados a la LPI: curiosamente es la SGAE la que sigue sin adaptarse a la legislación. En concreto, el 8 de julio se modificó el artículo 159 de la LPI para permitir el acceso a los usuarios del repertorio a los órganos de gobierno de las entidades de gestión y, sin embargo, en las propuestas de modificación presentadas el 30 de ese mes por la Junta que él preside a la Asamblea de SGAE, no figuraba ninguna referencia ni adaptación al respecto, por lo que según los actuales Estatutos de la SGAE, los editores multinacionales no podrían presentarse a las elecciones del 22 de octubre, en claro conflicto con lo que marca la ley.

¿Cuál es el siguiente paso SEDA como entidad de gestión de derechos?

Nuestra intención es demostrar que se puede llevar una gestión profesional y transparente donde nadie, absolutamente nadie, va a cobrar ni un euro más ni un euro menos de lo que le corresponda. Lo primero es crear el equipo de gestión profesional durante las próximas semanas y estar operativos al 100% lo antes posible.

Ahora mismo la entidad cuenta con cerca de cien socios que ya han manifestado su intención de encomendar la gestión de sus derechos a partir del 1 de enero. Y efectivamente tras el anuncio de la licencia de concesión están llegando nuevas solicitudes. Lo que hay que valorar, por un lado, es si esas personas comunicaron en su momento su baja en la SGAE, si vienen libres de entidad o si es factible porque habrá muchos autores que por cuestiones de contrato tendrán que esperar hasta 2022 para poder encomendar la gestión de sus derechos a nuestra entidad. También es cierto que la legislación deja abiertas algunas puertas porque se puede ser socio de más de una entidad e incluso la legislación permite que una obra de nueva creación pueda encomendarse a otra entidad distinta.